Parece una aventura de Rocambole, pero es la pura realidad: exactamente lo que ha ocurrido con los misteriosos pendrives sobre el caso Pujol hallados súbitamente en la Dirección General de la Policía. Y tan rocambolesco es el proceso de mentiras, desmentidos, contradicciones y engaños que se han acumulado –para tratar de ocultar el verdadero origen de estas pruebas contaminadas– que lo más probable es que tres altos comisarios, incluido el ex director adjunto operativo Eugenio Pino, y un inspector jefe hayan cometido al menos cinco delitos.

Éste es precisamente el fundamento de la exhaustiva denuncia presentada por el exdirector de la agencia de detectives Método3, Francisco Marco, ante el juez de la Audiencia Nacional José de La Mata, quien está tratando de desentrañar la maraña de cortinas de humo desplegadas por los protagonistas de esta historieta policial muy poco edificante. Por ello, Marco solicita al magistrado que abra una pieza separada del caso Pujol sobre esta delirante operación que podría envenenar todo el procedimiento.

La denuncia, de 45 páginas y con varios anexos –a la que ha tenido acceso Público en exclusiva–, arranca explicando el espectacular desmantelamiento policial de Método3 (el 18 de febrero de 2013) y la campaña de amenazas, acoso y acusaciones que se desplegó desde las cloacas de Interior contra su director, para que finalmente toda la causa judicial contra la agencia de detectives finalizase con un libre sobreseimiento aquel mismo año.

Cuatro años después, al intentar justificar la procedencia de los famosos pendrives reaparecidos, los altos mandos policiales involucrados en el asunto han tratado de atribuir el origen de esos datos al registro de la sede de Método3, algo de lo que han tenido que ir desdiciéndose consecutivamente hasta que ha quedado claro que "todo lo dicho por escrito y verbalmente son puras autoimputaciones de un rosario de delitos", escribe Marco.

Un informe policial y un oficio del jefe de la UDEF que se apoyan falsamente en un juzgado de Barcelona

A continuación, la denuncia repasa la sucesión de falsedades que esos mandos han ido vertiendo en documentos oficiales (atestados policiales escritos o declaraciones judiciales), algunas de las cuales incluso constituyen imputaciones delictivas contra el director de Método3 y su empresa, todas ellas posteriormente desmentidas por el juzgado número 14 de Barcelona o negadas por sus propios compañeros.

La cascada de mentiras y contradicciones es de tal calibre que cuesta resumirla.

Todo empieza con un informe fechado el 17 de marzo de 2016 que emite "el inspector jefe 81940" (Álbaro Ibáñez, jefe de la Brigada 24 de Blanqueo) afirmando que "el contenido de una serie de archivos informáticos" le ha sido facilitado oficialmente y corresponde a lo que figura en las diligencias previas 485/2013 del Juzgado de Instrucción 14 de Barcelona "como consecuencia de las diligencias de entrada y registro ordenadas por dicho Juzgado".

Pero no existen dichos archivos informáticos en aquel juzgado barcelonés y ningún organismo ni autoridad oficial pudo haber transmitido ese material a aquella brigada.  Aunque lo más sospechoso es que el pendrive original finalmente apareciese hace pocos días –"ordenando un cajón" casi un año después del informe inicial– en la mesa de Álvaro Luna, quien era la mano derecha del comisario principal José Luis Olivera, con estrechas relaciones con el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Porque Luna es el jefe de la Sección Primera de la UDEF y la que se encargaba del caso Pujol era la Sección Segunda.

Volviendo al hilo cronológico, el juez pidió aclaraciones –puesto que todo indicaba que la información había sido hackeada y, por tanto, no era válida como prueba– y el jefe en funciones de la UDEF, José Manuel García Catalán, señaló en un oficio de 22 de julio de 2016 que el pendrive se lo había facilitado el comisario principal Manuel Vázquez (jefe de la UDEF en 2015) y que contenía archivos copiados de los ordenadores de Método3. Pero admitió que no podía precisar el origen de la información y se remitió a las "diligencias previas 489/13 que SIGUE el juzgado 14 de Barcelona", equivocándose incluso en ese número (es el 485/2013).

Nueva falsedad, puesto que esas diligencias ya no las "sigue" ningún juzgado, porque toda la causa fue libremente sobreseída tres años antes por la Audiencia Provincial.

"Si yo supiera en qué base de datos están... hubiera ido allí. No hemos podido averiguar dónde están"

Así que el juez, harto de tantas falsedades, cita a declarar a Manuel Vázquez y éste trata de justificarse con una ristra de contradicciones, hasta admitir que "pensaba que era de Método3, pero bueno puede ser que haya habido un error". Pero bueno, ¿dónde está la supuesta base de datos de la inteligencia policial que contiene esos datos?

"Si yo supiera en qué base de datos están... hubiera ido allí. No hemos podido averiguar dónde están", responde el jefe en funciones de la UDEF.

Además, aduce ante el juez que el pendrive original fue destruido y sólo quedan los archivos informáticos copiados al ordenador del inspector Ibáñez. Es decir, que el informe inicial de aquel inspector también contenía falsedades y, más aún, que han cometido una infracción en los deberes de cuidado de las pruebas que la Policía debe cumplir.

Pero bueno, ¿quién fue el que le dio el malhadado pendrive? Pues el inspector jefe Bonifacio Díaz, en aquel entonces asignado a la Dirección Adjunta Operativa que ostentaba Eugenio Pino.

Así que hay que hacer venir a Bonifacio Díaz desde México, donde ha sido premiado con la más codiciada agregaduría diplomática de Interior de todas las embajadas españolas: 11.000 euros netos al mes. Pero al llegar ante el juez dice que no sabe de dónde salió el pendrive, que lo vio por primera vez cuando se lo enseño Manuel Vázquez preguntándole si le sonaba y él le contestó: "No me suena de nada".

Al que ya le zumban lo oídos es al juez. Resulta que la declaración que le hizo Manuel Vázquez es también falso testimonio, porque nada de lo que le explicó cuadra con lo que ahora le cuenta Bonifacio Díaz, quien dispara por elevación hacia el jefe de Gabinete de la DAO, José Ángel Fuentes Gago –también premiado por Pino en una embajada (la de La Haya) con sueldazo casi igual al mexicano–.

En el escrito que Pino envía al juez De la Mata, el exDAO niega todo lo que han dicho antes varios comisarios

Cansado ya de estar harto, el juez pide explicaciones directamente a Pino, y el 3 de noviembre de 2016 el exDAO envía un escrito al magistrado (que se puede consultar íntegro al final de este artículo) en el que niega todo lo que han dicho los comisarios anteriores y alega que el pendrive se lo dieron dos detectives de Método3 –Antonio Tamarit y Julián Peribáñez– al comisario Marcelino Martín-Blas, exjefe de Asuntos Internos al que desde hace tiempo están tratando de echarle el muerto de todo lo que se hizo en la brigada política de Interior... incluso cosas como el falso Informe PISA contra Pablo Iglesias que se elaboró siete meses después de que Martín-Blas fuera apartado por completo del Cuerpo Nacional de Policía.

No sólo es bien difícil de creer la nueva versión de Pino, sino que éste acaba de dar otras cinco versiones distintas y contradictorias en su declaración personal ante el magistrado, casi encolerizando al juez De la Mata y provocando estupefacción entre todos los letrados presentes.

Y eso no es todo. Si fueran ciertas las últimas versiones de Pino –aunque son bien difíciles de conciliar todas ellas– sólo supondrían que los mandos policiales también han cometido el delito de revelación de secretos (al difundir datos confidenciales y sin relevancia con la causa que Tamarit y Peribáñez sustrajeron ilegalmente de dos cuentas privadas de correo electrónico de Método3).

Pero no hemos terminado, porque tanto Pino en su escrito como el comisario José Manuel Villarejo en sus "notas informativas" internas de la "inteligencia policial" han admitido que esos dos detectives cobraron de fondos reservados para cometer el delito de cesión de datos con fines lucrativos. Así que ¡bingo! Todos esos mandos policiales cometieron malversación de fondos públicos.

Como aparezca algún pendrive más, acabará en prisión la mayor parte de la cúpula policial del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. 

...CONTINUARÁ