El caso más grave de torturas en Barcelona, silenciado por los medios

BARCELONA.- Hace casi nueve años que Barcelona está muerta. La mataron su alcalde, el socialista Joan Clos, su concejal de Seguridad, Jordi Hereu, la jueza instructora Carmen García Martínez y los policías urbanos Bakari Samyang y Victor Bayona. Es la tesis que sostiene Ciutat Morta, el documental que relata uno de los más graves casos de corrupción policial, judicial y política en la capital catalana y que encuentra su aval en el silencio de los medios catalanes. A pesar de haber ganado el Festival de Málaga y el premio del público en el Festival de San Sebastián, nadie en Catalunya sabía nada de esta producción. Finalmente y gracias a la presión popular a través de las redes, TV3 lo emitirá antes de que acabe enero.

La noche del 4 de febrero de 2006, la Guardia Urbana acudió a desalojar un teatro okupa en la calle Sant Pere Mes Baix, en el centro de Barcelona, donde se estaba celebrando una fiesta. Durante las cargas, empezaron a caer objetos del edificio. Una maceta impactó en la cabeza de uno de los agentes, que quedó en estado vegetal. La policía detuvo entonces a cinco personas a pie de calle y tres de ellas, de origen latinoamericano, fueron directas a la comisaría de Ciutat Vella en las Ramblas.

Allí fueron torturados Rodrigo Lanza, Juan Pintos y Álex Cisternas, según relatan los dos primeros en la cinta. La gravedad de las lesiones obligó a su traslado a urgencias. En el Hospital del Mar coincidieron con Patricia Heras, que había llegado allí por un accidente de bicicleta que había tenido con un amigo, Alfredo Pestenas, después de tomar unas copas. Uno de los policías la registró en la sala de espera y decidió detenerla junto a su compañero por un mensaje de texto sospechoso que encontró en su móvil.

Heras se suicidó en uno de sus permisos tirándose de un séptimo piso

El juicio no fue hasta 2008. Las condenas para los siete acusados oscilaron entre los tres y los cinco años. La sentencia, según Gonzalo Boye, abogado de Lanza, demostró la falsedad de los hechos: “Si de verdad fueran responsables de intento de homicidio, les habrían caído muchos más años, con esta chapuza intentan calmar los ánimos”, explica. Los tres latinoamericanos salieron en libertad porque habían cumplido los dos años de prisión preventiva que fija como máximo el Código Penal. Pero el recurso que interpusieron al Tribunal Supremo volvió a caer con todo su peso sobre ellos; el pleno agravó las penas y volvieron a prisión.

Patricia Heras entró en la cárcel tras el juicio. En abril de 2011, cuando acababa de obtener el tercer grado, se suicidó en uno de sus permisos tirándose de un séptimo piso. Apenas tres semanas después, estallaba el 15-M. Xapo Ortega y Xavier Artigas conocieron la historia en Plaza Catalunya y empezaron a trabajar en ella con la idea de producir un vídeo de 20 minutos que acabó convirtiéndose en un documental de más de dos horas.

“Durante mucho tiempo el caso del 4-F era una pintada en la pared”, relata Artigas. Cuando conocieron los detalles se quedaron impresionados. En octubre de ese año, los dos policías implicados que dieron palizas a los detenidos fueron condenados por otro caso de torturas. La víctima era Yuri Jardine, un ciudadano de Trinidad y Tobago al que Samyang y Barona torturaron en la comisaría de la Zona Franca en 2006. Jardine, hijo del cónsul de Trinidad y Tobago en Noruega, estudiaba en Barcelona y su pecado fue encararse a los policías en una discoteca cuando intentaban ligar con su amiga, acosándola, durante una noche fuera de servicio.

TV3 rechazó la coproducción cuando terminaron las grabaciones y volvieron a refutarla cuando ganaron en Málaga

Pero en el caso del 4-F, la jueza García Martínez nunca tuvo en cuenta las denuncias de los detenidos, algo que hubiera cambiado el curso de los hechos según Boye. La magistrada archivó las denuncias agregando: “Aunque vengan mil más como usted, yo voy a creer a la Policía”.

La condena a los agentes reavivó la idea del documental. Eso y las declaraciones del entonces alcalde de Barcelona, Joan Clos, que el 5 de febrero de 2006 afirmó que el agente herido había recibido en la nuca el impacto de una maceta que se lanzó desde el edificio. Esa versión, que hubiera absuelto a los condenados —detenidos a pie de calle—, cambió tiempo después. Clos se desdijo y convirtió la maceta en una piedra tirada desde el asfalto. En el juicio, cuatro peritos médicos rechazaron la hipótesis de la piedra por cómo cayó el agente. El tribunal se opuso a que el exalcalde declarara, petición que había realizado la defensa.

Tampoco tuvieron mucha suerte Ortega y Artigas al intentar recoger la versión policial y política del caso. “Los pocos guardias urbanos que nos respondieron no querían decir nada aunque estuvieran molestos”, explica Artigas. Este diario ha intentado ponerse en contacto con Joan Clos, Jordi Hereu y algún otro miembro del PSC, de la Guardia Urbana y del Ayuntamiento de Barcelona, sin éxito.

Contar la historia de las víctimas también fue tarea ardua para los directores de Metromuster, la productora de Ciutat Morta. La muerte de Heras era reciente. Cisternas, que por ser más mayor estuvo encarcelado en La Modelo, lo pasó tan mal que no quiso hablar. Pestenas, el amigo de Heras, tampoco. Ambos pidieron el indulto por su orientación sexual y aunque se trataba de casos gemelos, a él se lo otorgaron, pero a ella no. El suicidio le destrozó para siempre.

Corrupción policial

A pesar de la gravedad de los hechos, en Metromuster no tienen la sensación de haber desmontado uno de los casos más oscuros de corrupción policial en Catalunya. Más bien, la sensación es la de haber arrojado luz sobre “una práctica sistemática”, acusa Artigas. Y apunta a que el silencio, tanto de los implicados como de los medios, es un claro indicio “de que tienen algo que ocultar”.

Aunque Artigas medita que ahora los cuerpos policiales están más controlados, las palizas son “tácticas habituales”. Especialmente en la Guardia Urbana, que patrulla de noche y “tiene una forma mafiosa de tratar con lo que ellos consideran lumpen”, sostiene el cineasta. Manuel Delgado, profesor de Antropología Social en la Universidad de Barcelona, explicaba a Metromuster que en este cuerpo hubo una continuidad absoluta entre el franquismo y la democracia: “no hubo ni renovación de cargos, hasta los manuales de actuación eran los mismos”.

Amnistía Internacional publicaba en noviembre de 2007 un durísimo informe sobre la impunidad de los agentes en casos de tortura. Muchas de las investigaciones que la ONG examinó revelaban “falta de imparcialidad y objetividad”. Cargaba también contra el poder judicial, afirmando que las investigaciones de presuntos malos tratos “corren a cargo de jueces de instrucción que reciben ayuda de la policía judicial” y en algunos casos “se asigna a un agente del mismo cuerpo que los presuntos autores de los malos tratos, a la investigación de la denuncia contra ellos”.

Salvo los condenados por los GAL, todos los policías del Estado condenados por malos tratos han sido siempre indultados por el Gobierno. Artigas se pregunta retóricamente en este sentido: “¿A cuántos negros tienes que torturar hasta encontrarte con el hijo de un diplomático?”

El cambio al que apunta Artigas se observa en el caso de Ciutat Morta. El gobierno denegaba hace dos semanas el indulto a Samyang y Barona por las torturas a Jardine; por primera vez dos agentes cumplirán condena —de dos años y tres meses— por torturas, aunque entre la sentencia y la resolución del indulto no hayan tenido que entrar en prisión. Pero todavía quedan renovaciones pendientes: el diario La Directa, que ha seguido el caso desde el principio, denunciaba esta semana que los agentes, de 34 y 38 años, acaban de obtener la jubilación. Recibirán una pensión vitalicia de entre 1.600 y 1.800 euros mensuales.

El caso de la Guardia Urbana no es aislado. El informe de Amnistía Internacional pide medidas efectivas al gobierno para poner fin “a la impunidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”. Artigas estima que aunque la mala fama “la llevan los Mossos”, porque en un determinado momento se instalan cámaras en las comisarías, las brutales palizas de la Guardia Urbana se producen cuando los agentes tienen la certeza de que nadie les vigila. Sus abusos sólo salen a la luz “donde hay una sociedad civil más organizada”.

La censura del documental en Catalunya

Ciutat Morta se produjo gracias a una campaña de crowdfunding con la que sus creadores obtuvieron 4.700 euros, invirtieron todos sus ratos libres durante casi dos años y contaron con el trabajo voluntario de decenas de personas. No obtuvieron subvenciones ni la oportunidad de coproducir la cinta. A pesar de las dificultades, consiguieron estrenarla invadiendo un cine abandonado de Via Laietana en junio de 2013.

Pero la noticia no apareció en ningún medio de comunicación catalán, más allá de algún titular que hablaba de la ocupación del cine y no del contenido del documental. Metromuster intentó entonces la distribución a través de festivales, cambió el título “4F, ni olvido ni perdón”, por Ciutat Morta –la mayoría de festivales exigen a las candidatas que se estrenen durante el certamen— y cosechó éxitos totalmente inesperados. Ganó el MiradasDoc de Tenerife y poco después, la Biznaga de Plata en el Festival de Málaga.

El triunfo fue tal que el festival de San Sebastián les escribió directamente pidiendo que presentaran la solicitud porque tenían la posibilidad de ser seleccionados. Tanto es así que ganaron el premio del público. Pero una vez más, ningún medio catalán se hizo eco de la noticia. A pesar de que Ciutat Morta competía en la sección Made in Spain con largometrajes como Ocho apellidos vascos, en TV3 se habló de las otras cinco producciones catalanas que se presentaban al festival, pero nunca de Ciutat Morta. Todo lo que obtuvieron fue una pequeña entrevista en la emisora 324.

“Podemos hablar de censura pura y dura”, sentencia Artigas. A pesar de mandar notas de prensa y ganar premios en los festivales más importantes del cine español, nunca tuvieron cabida en la agenda informativa. La presión, después del Festival de San Sebastián, consiguió que medios como La Vanguardia publicaran reportajes en la sección de Cultura.

El caso más flagrante fue el de TV3. La televisión pública rechazó la coproducción cuando terminaron con las grabaciones, desestimó la compra cuando finalizaron la edición y volvieron a refutarla cuando ganaron en Málaga. Con su enfado y la comunidad que han creado en las redes sociales, hicieron trending topic el hashtag #TV3censura, al que la cadena contestó con un tuit en el que aseguraba que el documental se emitiría antes de que acabara 2014.

Artigas: "El silencio, tanto de los implicados como de los medios, es un claro indicio “de que tienen algo que ocultar”

Las negociaciones posteriores con TV3 duraron tres meses en los que los directores se sintieron mareados. Antes de firmar ningún contrato, les prometieron buscar un hueco a la película en la parrilla que no encontraron hasta verano de 2015. Indignados, decidieron retomar las conversaciones con Canal +, a quienes habían rechazado. “Queríamos que la película se emitiera en una televisión pública”, defiende Artigas.

En el trascurso de esas negociaciones, Metromuster recibió la llamada de David Fernández, diputado de la CUP, que les pedía información sobre los últimos hechos para preguntar por el silencio de TV3 en una comisión de control. Todo se desencadenó a la velocidad de la luz: cuando Fernández preguntó a Eugeni Sallent, director de la Televisión de Catalunya, por el retraso en la emisión, Sallent negó cualquier contacto con la productora más allá de la primera oferta de coproducción que rechazaron. Entonces, Fernández mostró la fotocopia del tuit en el que TV3 aseguraba que la emitiría.

Además, Metromuster tenía varios correos electrónicos que demostraban los contactos y anunciaron que publicarían un vídeo en el que desmentían la negación de Sallent en el Parlament. El mismo día en que iban a publicarlo, recibieron la llamada de la cadena que, a cambio de que no publicaran el vídeo, les ofrecía firmar un contrato en 48 horas. Finalmente, Ciutat Morta se emitirá en TV3 antes del 31 de enero de 2015 y la productora recibirá 3.000 euros por su cesión.

Entre la justicia y la venganza

Cuando Artigas y Ortega empezaron a grabar el documental, le hicieron una primera entrevista a Rodrigo Lanza, en la que le preguntaron si creía en la justicia. Respondió que confiaba en una idea de justicia a nivel moral o histórico, que no se correspondía con la institucional. “En ese momento pensamos que la película hablaría de eso”, explica Artigas. Pero la entrevista no se grabó bien y la repitieron cuando Lanza ya había salido de la cárcel. Volvieron a hacerle la misma pregunta, pensando en que repetiría la respuesta. Pero no fue así.

“No sé si hay justicia, pero si la hay, no está en los juzgados. Ya ni siquiera me importa. A veces, busco venganza”, contestaba Lanza en el documental. Y Artigas coincide en que la película buscaba, como él, una venganza simbólica. Ciutat Morta quiere “escrachear a los culpables con nombres y apellidos”, sentencia Artigas. Tras conocer la condena a los agentes de policía, tiene la sensación de estar “al final de una época” y que “las cosas van a cambiar”.

Los responsables también fueron, en parte, los médicos que trataron a los detenidos. Artigas comenta que el Hospital del Mar es el cuarto centro al que llegan después de las torturas. “Es bastante probable que buscaran a un médico afín”, aclara, “trabajan con un personal que deja entrar a los policías a las revisiones médicas, algo ilegal”. “Si un médico te pregunta cómo te has hecho eso y el policía que te ha pegado la paliza está ahí, no lo vas a contar”, asegura Artigas.

A pesar de todas las trabas, Metromuster confía en que la emisión del documental en TV3 selle la historia con un final relativamente feliz. “Que llegue al mainstream, que lo vea gente normal que nunca se metería a un cine ocupado y vea cómo funciona su país”, anhela el director. Aunque la relación con la cadena pública haya sido tensa, Metromuster agradece que TV3, “que todavía tiene el estatus de medio que dice la verdad”, haya acabado contratando su emisión.

Lo que ocurra después, es territorio por abonar. Pero Artigas tiene claro que no quiere volver a trabajar en las condiciones en las que lo ha hecho: “A veces pareces un héroe por hacer una peli con 4.000 euros” constata, “y para nosotros no es nada el modelo”. No quieren volver a verse en una situación similar “porque parece que hacemos apología de la autoprecarización y no la queremos para nada”. Aunque reconoce que han llorado mucho y que el documental se convirtió en una pesadilla en algunos momentos, sonríe cuando se le pregunta si lo volvería a hacer: “Es más importante que se conozca el caso, los activistas sacamos de ahí la energía”.