Los centros de internamiento para menores infractores en Andalucía aplicaron sujeciones mecánicas a jóvenes en al menos 360 ocasiones durante 2017 y 2018. En el primer año, fueron 106 chavales diferentes los que soportaron esta práctica; y en el segundo, 121. La palabra sujeción mecánica es un eufemismo que esconde lo que es en realidad: atar a alguien boca arriba o boca abajo durante un rato hasta que se calme.

Este es un procedimiento legal en España, aunque ha sido puesto en cuestión por el Consejo de Europa, y está definido como extraordinario y de último recurso. Solo debe aplicarse, según las instrucciones de la Junta de Andalucía, en una situación de extrema gravedad en el que el diálogo y la intervención educativa son inviables y con el único fin de evitar que el menor o el resto de personas del centro puedan sufrir daño alguno.

Iliass Tahiri, un chaval de 18 años, murió el 1 de julio de 2019 en un centro público de Almería, de la Junta de Andalucía, que gestiona la asociación Ginso, Tierras de Oria, mientras cinco guardias le aplicaban esta técnica a pesar de que no se resistió a que lo ataran.

Existe un vídeo, publicado esta semana por el diario El País, en el que se ve cómo uno de esos guardias le ejerce presión en una zona próxima a la cabeza mientras está boca abajo durante varios minutos.

A pesar de que este vídeo está incorporado al sumario del caso, la jueza lo archivó al considerarlo una "muerte violenta accidental". La familia de Tahiri lo ha recurrido al considerarlo como mínimo, un homicidio imprudente.

El caso de Tahiri no es el primero que sucede en España mientras se ejecutan las así llamadas contenciones mecánicas. A finales de 2017, Mamadou Berry murió en un centro de menores de Melilla.

La cifra de 360 sujeciones supone una cada dos días y es solo una referencia mínima, porque al menos hasta la muerte de Hariri el 1 de julio de 2019, la existencia de libros-registro de estas actuaciones, obligatorios en los centros de reforma, no eran de uso común. En Tierras de Oria, de hecho, no existía, según un informe del Defensor del Pueblo. Por tanto, pueden ser más.

Los datos, que incluyen tanto la sujeción mecánica de temporalidad reducida (con esposas) como la sujeción mecánica prolongada (en una cama con correas homologadas), fueron suministrados a Público por la diputada de Adelante Andalucía Maribel Mora, quien los obtuvo a su vez del gabinete del vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Justicia, Juan Marín. Es decir, son datos oficiales.

En Andalucía, hay 15 centros de internamiento repartidos por las distintas provincias. Según el Gobierno andaluz, "el modelo teórico que da soporte a la intervención integral en cada centro se desarrolla en un proyecto educativo de centro. Este proyecto es valorado técnicamente durante la tramitación del expediente de contratación del servicio. Con posterioridad, el proyecto educativo de la oferta ganadora del concurso [en el caso de Tierras de Oria, la empresa Ginso: aquí, en su página web, se puede consultar su proyecto] es aprobado por resolución de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación. La Junta de Andalucía no impone un modelo teórico en la intervención con los menores infractores, sino que dentro del sistema de justicia juvenil andaluz conviven varios modelos y metodologías de intervención que dan riqueza al mismo".

Visita del Comité de Prevención de la Tortura en 2016

En el año 2016, tres años antes de la muerte de Tahiri, el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa visitó el centro Tierras de Oria y, aunque manifestaba que la situación general era normal –"los episodios de violencia entre los internos no eran muy frecuentes y el personal normalmente intervenía adecuadamente"–, documentó al menos el uso de restricciones mecánicas en 24 ocasiones entre enero y septiembre de ese año. "Esta medida normalmente duraba entre una y dos horas. A los menores inmovilizados no se les permitía ir al baño (pese a pedirlo) y en algunos casos se habían orinado encima", se puede leer en el informe del CPT.

El centro en el que murió Tahiri es uno de los más complejos de gestionar de Andalucía. "Las autoridades españolas subrayaron que los delincuentes menores de más de 16 años habían sido trasladados a este centro desde módulos de menores de las prisiones españolas y las características estructurales y organizativas del centro estaban adaptadas a la alta peligrosidad y el largo historial criminal de los menores que son destinados a este centro", recoge el informe del CPT.

Esta es la descripción que hizo el Consejo de Europa de las contenciones con medios mecánicos en Tierras de Oria: "El centro disponía de una habitación específica para la restricción mecánica, que estaba equipada con una cama (que no estaba anclada al suelo) equipada con tres pares de asas a lo largo del borde para atar las correas. Los menores eran atados a la cama boca abajo, con las muñecas y los tobillos (y a veces el torso) atados a la cama con correas y con las piernas bien abiertas. El menor que se encontraba atado era constantemente vigilado por un miembro del personal a través de una ventana con barrotes, pero no había ningún miembro del personal continuamente presente en la habitación".

El informe del Comité de Prevención, en su visita a Tierras de Oria, detectó que "la única formación que se proporcionaba al personal de seguridad [contratado de una empresa privada] era un curso básico sobre el funcionamiento de los centros de menores". En concreto, "un curso de formación de 10 horas sobre la vigilancia en centros de menores dirigido a 35 miembros del personal de seguridad". En 2016, había contratados 43.

El estudio añadía esta reflexión: "La custodia y cuidado de menores privados de libertad es una tarea particularmente ardua. Toda la plantilla, incluidos aquellos con meras funciones de seguridad, deberían recibir formación profesional, tanto durante el periodo de orientación como de forma regular, y recibir el apoyo externo adecuado, así como ser supervisados en el ejercicio de sus tareas. Dentro de dicha formación, debe hacerse hincapié en la gestión de incidentes violentos, tales como el uso de técnicas verbales para reducir la tensión y técnicas manuales de restricción física".

Finalmente, el Consejo de Europa recomendaba a las autoridades españolas que se asegurasen "de que estos preceptos se aplican de manera efectiva en la práctica".

La diputada de Adelante Maribel Mora opinó en declaraciones a Público: "Estos datos deberían avergonzarnos porque evidencian un uso sistemático de lo que debería ser una medida excepcional o incluso eliminarse tal como nos pide el comité de prevención de la tortura".

"La cuestión es que se trata de niños y niñas, y debe usarse otros medios no violentos para evitar o controlar situaciones conflictivas. Pero no se ha formado a los trabajadores para hacerlo y no se ha hecho ningún protocolo por parte de los gobiernos de PSOE y del PP-Ciudadanos hasta que no ha habido una muerte como consecuencia del mal uso de esta medida. Y eso a pesar de lo que venía advirtiendo el Defensor del Pueblo estatal desde hace años", agregó Mora.

La diputada de Adelante remachó: "Los derechos de estos menores andaluces no han sido una prioridad. Eso debe hacernos pensar que es un problema de todos y no permitir una orientación de las políticas públicas contrarias, de hecho, a los derechos humanos".