La Audiencia Nacional ha rechazado la petición de la comisión que investiga en el Congreso la presunta financiación ilegal del PP de enviar informes policiales que obran en la causa del caso Gürtel, de los papeles de Bárcenas y en los procedimientos por actividades de la trama corrupta en Valencia.

La sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ha juzgado la primera época de Gürtel (1999-2005) y tiene pendiente el enjuiciamiento de la causa de los papeles de Bárcenas sobre la caja B del PP, ha decidido, por cuatro votos a favor y uno en contra, remitir al Congreso únicamente los autos judiciales y ha denegado darle traslado de los informes policiales.

Los magistrados que han suscrito el acuerdo -María José Rodríguez Duplá, Ángel Hurtado, Julio de Diego y Juan Pablo González- destacan "el carácter reservado de las diligencias sumariales hasta la apertura de juicio oral" y que solo las partes personadas en los procedimientos tienen acceso a estos documentos.

"En ningún caso cabe confundir las nociones 'publicidad' y 'difusión', ni al socaire de la publicidad predicar el acceso indiscriminado a los documentos y actuaciones judiciales que puedan poner en riesgo los derechos que asisten a los sujetos del proceso", advierte la Sala.

Se refiere especialmente el tribunal a los acusados "cuya presunción de inocencia podría verse comprometida por investigación paralela no sujeta a las garantías del sujeto penal".

Del mismo modo se ha pronunciado en un acuerdo similar el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, que integra el magistrado José María Vázquez Honrubia y que en enero juzga a exaltos cargos del PP valenciano y a empresarios por la supuesta financiación ilegal del PP de Valencia a través de la trama Gürtel.

Vázquez Honrubia, al igual que la sección segunda, se ha opuesto también a facilitar al Congreso los informes policiales solicitados y se ha limita a remitirle el auto de apertura de juicio oral.

La decisión de la sección segunda ha contado con el voto particular discrepante del magistrado José Ricardo de Prada, que considera que no existe "ninguna razón jurídica válida que ampare la negativa del tribunal de aportar la información solicitada" y sostiene que la remisión de la documentación requerida por la comisión no implica "la difusión o divulgación indiscriminada de ésta".

El magistrado resalta la "labor paralela y complementaria" de las comisiones de investigación "que se limitan a depurar responsabilidades políticas", cuyos dictámenes -recuerda De Prada- no son vinculantes en los tribunales.

Apela el juez a la "lealtad interinstitucional entre los distintos poderes del Estado" y señala que, a partir de la apertura del juicio oral, las actuaciones son públicas "por lo que no existe ninguna razón" de que éstas queden fuera de una comisión parlamentaria "que legítimamente lo solicite".