La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa al expresident de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana como supuesto jefe y administrador oculto de una red corrupta que, según la Fiscalía Anticorrupción, pudo haberse apropiado de unos 10,5 millones de euros procedentes del cobro de comisiones.

Según refleja la parte del secreto del sumario del caso Erial cuyo secreto se ha levantado, al que ha tenido acceso Efe, la Guardia Civil atribuye a Zaplana un papel de administrador velado de acuerdo a pinchazos telefónicos en los que sus colaboradores se refieren a él como "el jefe".

La jueza instructora cree asimismo que es "evidente que esta asociación de personas -en referencia a los investigados- tiene como cabeza a Eduardo Zaplana, que presuntamente se valió en su día del cargo que ostentaba haciendo partícipes al resto de los investigados, pues los necesitaba para que desempeñaran determinados papeles, beneficiándose a su vez".

Asimismo, los investigadores creen que Zaplana es actualmente beneficiario de bienes y fondos que tienen su origen en los pagos que varias sociedades mercantiles del grupo Sedesa, entre otras, realizaron a empresas radicadas en Luxemburgo tras ser beneficiarias de las adjudicaciones con ocasión de la concesión de la explotación administrativa de uno de los lotes de la ITV y de los parques eólicos de la Comunidad Valenciana.

Intervienen los Cotino

Según consta en el citado sumario, las adjudicaciones amañadas pudieron reportar a esta organización corrupta un monto total de 10.521.351,3 euros.

Parte de estos sobornos fueron a parar a dos sociedades de Luxemburgo (Imison Internacional y Fenix Investments) en una operación accionarial realizada por los sobrinos del ex director general de la Policía, exvicepresidente del Gobierno valenciano y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino (Vicente y José Cotino), que transfirieron 6,4 y 2,18 millones de euros.

Estos pagos fueron efectuados, siempre según el relato de los investigadores, durante los años 2005 y 2006 por el grupo de los Cotino (Sedesa) utilizando parte de los beneficios obtenidos en la sociedad concesionaria de las ITV.

La sociedad Imision Internacional es una firma radicada en Luxemburgo y controlada por Beatriz García Paesa (según detalla el fiscal en varios de sus escritos), mientras que Fenix Investments es una sociedad igualmente ubicada en Luxemburgo pero propiedad de Juan Francisco Garcia, ex jefe de gabinete de Eduardo Zaplana en la Generalitat y presidente de la mesa de contratación en la que se resolvió la adjudicación de las ITV.

La compraventa de las participaciones empresariales de ambas empresas luxemburguesas se hizo el mismo día, interviniendo Vicente Cotino en representación de las sociedades luxemburguesas (parte de cuyo accionariado había comprado previamente) y José Cotino en representación de Asedes Capital (Sedesa, al revés).

Tanto Imision como Fenix se constituyeron en Luxemburgo el mismo día (el 16 de mayo de 2001) con idénticos administradores fiduciarios.

Ninguna de las compraventas se inscribió en el registro mercantil, tal y como presuntamente se acordó en un documento privado intervenido por la Guardia Civil (llamado 'hoja de ruta', que da pie a esta investigación).

Finalmente, el grupo Sedesa abonó cerca de 8,5 millones de euros a las firmas en el extranjero en concepto, supuestamente, de comisiones y sobornos.

En contraprestación, el grupo de los Cotino obtuvo por la actividad empresarial derivada de las supuestos sobornos, unos beneficios de 86,6 millones de euros, según Anticorrupción, con lo que las "mordidas" pudieron suponer el 10 % del negocio total.

En la investigación se ha concluido que Imision no ha retornado todos sus fondos a España, ya que de 6,4 millones de euros únicamente se ha acreditado el retorno a España de 2,9, a través de una entramado de sociedades (Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos Intergales y Turnis Sylvatica).

En el caso de Fenix, propiedad de Juan Francisco García, en el sumario se detalla que fue liquidada en 2012 y que sus participaciones, valoradas en 2,3 millones de euros, retornaron a España al acogerse su propietario a la amnistía fiscal promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy.

En el caso Erial se investiga el presunto cobro de comisiones derivadas de estas concesiones durante la gestión al frente de la Generalitat de Zaplana, que está en libertad provisional tras más de ocho meses en prisión, y junto al que están procesados el abogado Francisco Grau, el exdirectivo de Terra Mítica Joaquín Barceló, el ex director general de la Policía y expresidente de Les Corts Juan Cotino; la mujer de Zaplana, Rosa Barceló, y la secretaria personal del expresident, Mitsuko Henríquez.

Sobre todos ellos pesan acusaciones de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y pertenencia a un grupo criminal.