A la espera de que el Tribunal Supremo quite y dé razones, la sentencia del caso ERE, dictada por la Audiencia de Sevilla y hecha pública el pasado martes, ha provocado una de las semanas más “duras y tristes” en el PSOE de Andalucía. En todo balance serio que se haga del legado de sus años en el Gobierno de la Junta, habrá irremediablemente un capítulo dedicado a la corrupción.

Después de una década de reparto de fondos con un sistema fraudulento y de otra década más de pena de telediario, el PSOE de Andalucía afronta ahora el futuro con una herida purulenta en el costado, una demoledora sentencia de la Audiencia de Sevilla que atribuye a Manuel Chaves, presidente de la Junta nada menos que durante 19 años, y a sus gabinetes –hasta siete consejeros suyos han sido condenados con él– la puesta en marcha de “un sistema ágil” para dar “una respuesta rápida a los grandes conflictos sociolaborales”, que eliminó por el camino “los mecanismos de control legalmente establecidos”.

Así, según la Audiencia, la Consejería de Empleo dispuso entre 2000 y 2009 de 679,2 millones de euros durante diez años que gastó de manera opaca, sin publicación en el BOJA, “sin sujeción a procedimiento alguno, sin control de la Intervención, sin exigir la más mínima acreditación de una situación que legitimase la percepción de la supuesta ayuda y sin necesidad de justificar el empleo o uso del dinero que se recibía”.

Los gestores de Empleo, permitieron después, además de repartir el dinero en empresa y trabajadores –6.000 han cobrado las ayudas– “el enriquecimiento de empresas, a través del ahorro de gastos, y de terceros, ajeno a cualquier interés social o público debidamente acreditado” y con ello causaron perjuicios económicos a la Junta de Andalucía “claros e importantes”, según el fallo.

Las consecuencias no bromean. Estas frases pesan como una losa y abonan las tesis de quienes afirman que en Andalucía la hegemonía del PSOE elección tras elección se sustentó en la creación y mantenimiento de un formidable régimen clientelar y no, sobre todo, como defienden los socialistas, en la sensación –hoy truncada tras la caída de Lehman y la gestión posterior de la crisis– percibida por la ciudadanía de mejora creciente y general de las condiciones de vida en la Comunidad desde que en 1982 se celebraron las primeras elecciones autonómicas, que ganó el PSOE.

La herencia de los ERE

El caso –y sus consecuencias– va a seguir vivo durante un tiempo, quieran o no quieran los socialistas. Como todos los responsables de entonces están ya fuera de la política, PP, Ciudadanos, Adelante Andalucía y Vox ya han comenzado a explotar el hecho de que la Junta de Andalucía, en el año 2016, cuando estaba presidida por Susana Díaz, hoy secretaria general del PSOE de Andalucía, renunció a proseguir con la acusación particular y pidió el sobreseimiento, el archivo del caso, al no ver delito en el llamado “procedimiento específico”, que es por lo que ha condenado ahora la Audiencia, sino en el uso que se dio a los fondos presupuestados y derivados a la Consejería de Empleo través del sistema hoy declarado delictivo.

Las consecuencias de esta renuncia fueron, entre otras, la de aliviar momentáneamente la situación personal de varios de los acusados, entre ellos el expresidente José Antonio Griñán, sobre quienes pesaban fianzas millonarias, que los hubiera dejado en una situación económica bien precaria; y la de retrasar la recuperación del dinero defraudado, al quedar a expensas de la resolución de cada una de las piezas –en las que se dirime el destino final, ayuda a ayuda, de los 679,2 millones de euros– y de una acción civil posterior a la condena, “que sabe dios cuándo se resolvería”, según lamentó el vicepresidente Juan Marín (Ciudadanos).

Susana Díaz defendió este jueves que la petición de archivo fue una decisión técnica, nunca política, del gabinete jurídico, al que comparó con la Abogacía del Estado. Díaz también defendió que su Gobierno sí se había implicado en la recuperación de lo defraudado, otro de los flancos de crítica hacia la expresidenta. Para demostrarlo, el gabinete de prensa del PSOE envió a la prensa tablas y cuadros con el estado de los procedimientos abiertos durante su etapa en los juzgados y en el Tribunal de Cuentas. “Hasta el último día estuvimos reclamando el dinero”, aseguró Díaz.

En el escrito en el que pedían el archivo, los letrados de la Junta argumentaron, en resumen, que no al no ver delito en el origen del dinero, sino en su destino final, estaban obligados a solicitar la responsabilidad civil en cada una de las piezas separadas –más de 100– que aún hay abiertas y que emanan de la causa principal.

A ello añadían los letrados Victoria Gálvez e Ignacio Carrasco que “la imputación de disposición arbitraria de fondos públicos y de concesión de ayudas, sin la previa determinación de si son constitutivas o no de delito, así como en esencia, la falta de cuantificación de los importes defraudados y la ausencia de identificación concreta de quienes se han lucrado debidamente, nos llevaría a formular una acusación incompleta, señaladamente respecto del delito de malversación, lo que nos llevaría a solicitar una responsabilidad civil de cuantía indeterminada, frustrando así las legítimas expectativas de recuperación de fondos públicos”.

El dinero defraudado, en cualquier caso, no se ha perdido. La Junta puede ejercer, tras la condena –aunque esta aún no es firme, porque hay que esperar al Supremo–, las acciones civiles pertinentes para reclamarlo. El Gobierno de Juanma Moreno (PP) ha pedido al gabinete jurídico –el mismo que había cuando gobernaban los socialistas y el que redactó la petición de archivo– un informe que le diga el modo que lleve a recuperar de la mejor “y más rápida” manera el dinero.

Chaves y Griñán

La sentencia cayó como una bomba y la condena recorrió como un escalofrío a todo el socialismo andaluz.

Muchos –tampoco él mismo– no se podían creer que Manuel Chaves, Manolo, todo un símbolo del socialismo –presente en la seminal foto de la tortilla, en 1974, con el dictador aún vivo, luego ministro de Felipe González, después presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía durante 19 años– hubiera sido condenado. Se le describe de manera generalizada como un hombre honrado, recto, del que nadie esperaría una prevaricación. Él, desde luego, jamás se ha sentido un delincuente.

La condena de cárcel –seis años y un día por malversación– para José Antonio Griñán, Pepe, fue el remate para los socialistas. En el partido se extendió, con ella, una sensación de injusticia.

Griñán fue presidente en el año 2009. A él le tocó gestionar las consecuencias del desmadre –se llegó a comprar cocaína con dinero público– que había en la Consejería de Empleo, que se gestó y se produjo en los años de Chaves como presidente y los suyos como consejero de Hacienda, y que personifica la actividad del exdirector general de Empleo, Javier Guerrero, tras cuya confesión –disponía de “un fondo de reptiles”, dijo a la Policía a finales de 2010– comenzó la investigación del caso.

Tal desmadre, según la Audiencia, se produjo como consecuencia de la implantación de un sistema creado ex profeso para evadir los controles que existen para la otorgación de subvenciones que Griñán solo liquidó cuando fue presidente. Él siempre ha sostenido que, durante su etapa, no supo de las alertas que emitió la Intervención de la Junta sobre el sistema de reparto de las ayudas sociolaborales y, por tanto, nada pudo hacer hasta que no conoció lo que pasaba. Esto es algo que la sentencia contradice expresamente. Tanto él como Chaves eran "plenamente conscientes de la patente/palmaria ilegalidad de los actos” en los que participaron, según la Audiencia.

Un grupo de dirigentes del PSOE, unos 150 –entre los que están Carmen Romero, Luis Yáñez, también ocho exconsejeros de la Junta…– lanzaron un manifiesto de en defensa del honor de ambos: “Manuel Chaves y Pepe Griñán son personas que han luchado toda su vida por la democracia, la igualdad y el Estado del Bienestar. Lo hicieron contra el régimen de Franco y lo han hecho cada vez que han tenido responsabilidad y un cargo. Han vivido, y viven, como servidores de la comunidad, rectos e intachables”.

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, lamentó esta semana la situación: “Claro que me duele. Me entristece que eso haya pasado bajo un gobierno socialista. Es imposible que a un socialista esto no le duela. Sí sé que no ha habido enriquecimiento. El dinero no está en Panamá ni en Suiza, ni en el bolsillo de Manolo ni en el de Pepe. [Ellos] están fuera del PSOE después de haber sido todo. Pepe y Manolo civilmente lo llegan pagando diez años. Pepe no salía ni a la calle”, dijo. Luego, agregó: “Si uno lee los 1.800 folios de la sentencia, el PSOE como organización política, no aparece en ningún sitio, ni una sola vez. No hay financiación ilegal del PSOE”.

¿Fin de ciclo?

Más allá del dolor, común a todos ellos, en el socialismo hay interpretaciones políticas para todos los gustos de las consecuencias de la sentencia.

Por resumir, existen dos posiciones principales: hay quien habla en el PSOE de que el fallo debe conducir al cierre de una etapa, un fin de ciclo, que se corone con un cambio en la secretaría general, en el puente de mando que permita lanzar al partido hacia el futuro. Y hay quien cree que esto supone una mancha para todo el partido, sin distinción, y que hay que superar el trance entre todos, y que ya llegará el momento de hablar del liderazgo más adelante, cuando llegue el Congreso.

A Díaz, la sentencia le llega en un momento en que está implicada en la tarea de recomponer las relaciones con Pedro Sánchez, y, por ende, las de Ferraz con San Vicente. De momento, al presidente, hasta que no resuelva la gobernabilidad del país, le conviene tener a la federación andaluza de su lado. Si Pedro Sánchez logra poner en marcha la institucionalidad del país y una cierta estabilidad de Gobierno, o bien el año próximo, o bien el siguiente, llegará el momento de abrir el melón orgánico en el PSOE de Andalucía. Ahí se verán las cartas con las que ha venido jugando cada uno.

Por tanto, lo cierto en este momento es que Susana Díaz va a continuar en la secretaría general durante un tiempo más y que, según ha manifestado, se presentará a las primarias en las que la militancia del PSOE decidirá hacia dónde va el barco y quiénes lo dirigen. “Esto es el PSOE. Nosotros, los militantes, elegimos. A veces, se gana, y otras veces, no se gana”, dijo. “Hay gente que ha escrito muchos epitafios, sé que hay gente a la que le molesta, sobre todo en la derecha, que Pedro y yo rememos en la misma dirección”, manifestó esta semana.

La expresidenta también defendió que “la regeneración” del partido comenzó con su llegada a la presidencia.“Los partidos no se heredan. Son de sus militantes y de quienes se identifican con él”, dijo. “Heredera soy de mis padres y heredaré poco”, ironizó.

Una oportunidad para la derecha

La dureza del fallo abre una ventana cierta para que la derecha prolongue su estancia en San Telmo. Si algún partido ha luchado para que se produjera esta sentencia, ha sido el PP. Durante años ha peleado en todos los frentes –judicial, político, mediático– para que se diera esta condena, que les da un argumento político muy poderoso a utilizar en los próximos años. Y, aunque en política rara vez dos más dos suman cuatro, es lógico pensar que se lleve los beneficios de la condena, si juega bien sus cartas.

Si mejora la situación económica, PP y Ciudadanos saben manejarse en el Gobierno, nadie mete la mano en la caja, logran embridar a Vox y mantener la estabilidad, se ocupan del deterioro evidente de los servicios públicos, y, con ello, no molestan en exceso a la izquierda, la perspectiva de que Moreno repita mandato como presidente de la Junta de Andalucía aparece como real.

El PSOE no sacó en las generales de noviembre apenas votos de la debacle de Ciudadanos, que se fueron fundamentalmente a la abstención. Una sentencia como esta lleva a pensar que esos votantes en un futuro cercano no irán tampoco al PSOE. Y también que habrá algunos que lo abandonarán.

En el fondo fue la falta de ilusión, expresada en forma de baja participación, y de confianza en el proyecto socialista la que los mató en las pasadas autonómicas, en las que la izquierda fue superada por la derecha por primera vez en la historia de la autonomía.

Esta sentencia, una herida purulenta de 679,2 millones de euros en el costado del PSOE, desde luego, no ayuda a la recuperación del voto socialista.