PP Poder JudicialCasado maniobra desde Bruselas para desprestigiar al Gobierno mientras se ultiman las ayudas europeas anticrisis

Pablo Casado pone en duda el compromiso del actual Gobierno de coalición con la democracia también en Bruselas. El líder del PP retoma la estrategia que ya siguió hace unos meses -cuando se alió con los países obstruccionistas de la Unión Europa- mientras se ultiman las ayudas del fondo de recuperación. Casado aseguró durante la sesión de control al Ejecutivo que la reforma legal que proponen PSOE y Unidas Podemos para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin el concurso del PP pone en riesgo estas ayudas que tienen que llegar de Europa. Una afirmación completamente falsa.

El líder del PP necesita aliados para mantener vivo este relato y este jueves ha mantenido una reunión con la presidenta electa de la Comisión Europea, Ursula Von Der Layen y con el comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, con motivo de la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE) en Bruselas. Desde allí Casado ha afirmado en declaraciones a la prensa que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez busca "atacar la separación de poderes", "la independencia judicial" y, "en definitiva, debilitar la democracia española".

"El portavoz de Justicia de la Comisión Europea advirtió hoy que ninguna reforma puede ir contra la independencia judicial. Si Sánchez no retira su atropello legal pondrá en riesgo los fondos de reconstrucción, y llegaremos hasta el final en las instituciones y tribunales europeo", ha advertido el conservador a través de su cuenta de Twitter. Casado se niega a renovar el órgano de gobierno de los jueces porque una de las formaciones que conforman el Ejecutivo, Unidas Podemos, está presente en las negociaciones.

Los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos registraron esta semana una proposición de ley orgánica para reformar el sistema de elección del CGPJ. Según avanzó la portavoz socialista, Adriana Lastra, esta mayoría se seguirá situando en un principio en los tres quintos iniciales (210 diputados) para lo cual necesitan el apoyo del PP, pero cuando se produjera un bloqueo motivado por no alcanzar esta mayoría, se podría sacar adelante la renovación con una mayoría absoluta (176 diputados) 48 horas después de la primera votación.

El PP equipara la situación de España a la de Polonia o Hungría

Desde el Ejecutivo aseguran que esta reforma puntual, justificada por el bloqueo del PP a esta renovación -el mandato del Consejo expiró en noviembre de 2018-, nada tiene que ver con las amplias reformas institucionales y democráticas que se le exigen a Hungría y Polonia para poder acceder a dichos fondos, ni pone en cuestión la independencia judicial. Son varios los dirigentes del PP, empezando por el propio Casado, los que han comparado la situación de España con la de ambos países del este de Europa.

Curiosamente, los diputados del PP español se desmarcaron de sus colegas del Partido Popular Europeo en el mes de enero y votaron en contra de una resolución que defendía la necesidad de reforzar la independencia judicial precisamente en Hungría y Polonia. La delegación encabezada por Dolors Montserrat se posicionó junto al grupo de reformistas y conservadores (ECR), una familia política en la que se encuentra Vox, y los euroescépticos de ID, con la Lega y el Frente Nacional, entre otros.

Desde el PP ya han advertido de que si la norma sigue adelante en la tramitación parlamentaria y logra ser aprobada, recurrirán ante el Tribunal Constitucional y ante los tribunales europeos lo que han calificado como "una injerencia" en el Poder Judicial. Casado hace hincapié en que la propia Comisión Europea ha dicho que "ninguna reforma de ningún país puede ir contra la independencia judicial" y que eso es lo que hace la propuesta del Gobierno.

Lo cierto es que la Comisión Europea reclamó recientemente a España la renovación del Poder Judicial  -y, por tanto, al PP, que es quien la bloquea -en su informe sobre el Estado de derecho, pero no se pronunció sobre la reforma. El documento advertía de que esa "anomalía institucional" puede desacreditar al órgano, que continúa realizando nombramientos pese a estar en funciones. Sin embargo, el órgano europeo ha destacado este jueves que la vía emprendida para hacerlo por el Gobierno de Sánchez puede socavar -todavía más- la independencia judicial en nuestro país.

La izquierda habla:"El PP está haciendo el ridículo en Europa"

"Es totalmente falso que los fondos de recuperación corran peligro por la reforma del Poder Judicial", afirma contundente la presidenta de los socialdemócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García.  "Lo que están haciendo algunos con este debate ficticio, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, es trasladar un debate a las instituciones europeas que no existe".

García:  "La polémica está solo en el seno de determinados partidos y no en Bruselas"

La representante de los socialistas hace hincapié en que el debate es "estéril" y lo suscitan "algunos que pretenden desprestigiar la imagen de España como país" y que la "polémica" está solo "en el seno de determinados partidos" y no en Bruselas. "En lo que tendrían que estar los grupos de la oposición es en trabajar para que cuanto antes puedan llegar unos fondos que apoyen la recuperación económica de España", ha insistido, acusando a las tres formaciones de ser "desleales" a los intereses del país.

Por su parte, Ana Miranda, desde el grupo Verdes-ALE, señala en declaraciones a Público que el "PP trata nuevamente de desestabilizar al Gobierno, pero sobre todo desestabilizar una posición respecto a los Derechos Fundamentales". A su juicio, "la propia situación del CGPJ no representa la pluralidad que puede existir en el Estado también en la judicatura", puesto que fue elegido en el año 2013, cuando el PP de Mariano Rajoy tenía mayoría absoluta.

La representante del BNG en Bruselas critica la doble moral del PP respecto a la independencia judicial en caso de Polonia y Hungría. "No son capaces de ver que el Estado está incumpliendo mucha normativa internacional en Derechos Fundamentales en relación a la renovación y otras cuestiones que vienen dadas de la época del PP, como la ley mordaza". Miranda opina que "el PP está haciendo el ridículo en Europa".

Palop: "El  PP conspiró en Bruselas contra los intereses de España, se alineó con los países que pedían una alta condicionalidad. Es decir, recortes"

Para la eurodiputada y portavoz de Unidas Podemos en el Parlamento Europeo, María Eugenia Rodríguez Palop, la estrategia no es nueva. "Durante la negociación del fondo de reconstrucción el PP conspiró en Bruselas contra los intereses de España, se alineó con los países frugales, que pedían una alta condicionalidad para los fondos (es decir, recortes), y se dedicó a intoxicar el debate público diciendo que la UE 'no se fiaba de España' porque Podemos estaba en el Gobierno. El resultado ya lo conocemos: no les sirvió de nada".

"Hace un mes alertamos a la Comisión Europea de que el bloqueo del PP a la renovación del CGPJ atentaba contra la independencia judicial en España y contra la Constitución que tanto dicen defender, puesto que la renovación cada cinco años es un mandato constitucional. Ahora intentan darle la vuelta a la tortilla inventando una amenaza fantasma", opina, en clara sintonía con lo expuesto por García y Miranda.

La Unión Europea ultima el reparto de los fondos

La UE está ultimando con la Eurocámara la negociación del presupuesto comunitario para los próximos siete años, dotado de 1,074 billones de euros, y del fondo de recuperación para hacer frente a la pandemia, dotado con 750.000 millones de euros. "Queda mucho por delante y espero y deseo que lleguemos a un acuerdo antes de llegar a final de año", insistió hace dos semana el presidente del Ejecutivo. "Cuanto más contribuyamos a dar confianza, será mejor para todos. La política está para dar soluciones, no para dar problemas", dijo durante la Cumbre Europea.

Los principales escollos para el reparto de fondos están en los acuerdos en materia de recursos propios, financiación de algunas partidas claves para investigación y desarrollo. También se debate sobre si condicionar o no las ayudas al Estado de Derecho. Para el jefe del Ejecutivo lo más urgente "es que el Parlamento Europeo desenlace muchos de los nudos para cerrar el acuerdo lo antes posible".