Carmen Cafranga, imputada por las tarjetas black, se hace con un contrato de Cifuentes gracias a González

MADRID.- La Fundación Pardo Valcarce, de Carme Cafranga, logró hacerse en septiembre de 2015 con un contrato valorado en cerca de 100.000 euros para desarrollar un Aula de Apoyo para la Integración Sociolaboral de Personas con Inteligencia Límite. Y ahora, ese contrato acaba de ser prorrogado por un año más, con lo que la cuantía total aumentará hasta los 180.800 euros, según informa la Cadena SER.

Cafranga fue consejera de Caja Madrid a propuesta del PP madrileño desde 2003 y dimitó en 2014 tras conocerse que cargó más de 173.000 euros a su tarjeta black, por lo que está imputada en el caso que se juzga estos días en la Audiencia Nacional. 

La Fundación Pardo Valcarce concurrió a un concurso público abierto junto a otras cinco organizaciones y presentó una oferta de 90.400 euros sobre un presupuesto base de licitación de 148.000 euros. Una cifra que se consideró "anormalmente baja" por lo que la Mesa de Contratación de la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid requirió a la fundación de Cafranga que lo justificase.

Ésta aseguró que podía ahorrar costes laborales frente al resto de competidores gracias a unas subvenciones al empleo que le había dado el Gobierno de Ignacio González el 1 de junio de 2015 por valor de 24.000 euros. Es decir, solo 24 días antes de que Cristina Cifuentes tomara posesión de su cargo como presidenta de la Comunidad de Madrid.

La relación entre Cafranga y González la ha repercutido en enormes beneficios. Primero, también fue socia fundadora de la empresa Subastas Segre, que preside Lourdes Cavero, la mujer del expresidente madrileño. Pese a su imputación por las black, las subvenciones de la administración madrileña a la Fundación Pardo Valcarce han sido constantes. Tanto, que de los casi cuatro millones de euros que recibió la fundación en 2014, un 94% correspondió a conciertos, subvenciones o contratos de la Comunidad de Madrid.

Además, Cafranga argumentó que su oferta contaba con la ventaja de tener un local cedido de forma gratuita por Caja Madrid, por lo que se ahorraba miles de euros en concepto de alquiler. Esa cesión de una antigua biblioteca de la Obra Social de Caja Madrid estuvo rodeada de polémica en su día.

Por todo ello, como informa la SER, el 11 de Agosto de 2015 por la Dirección General madrileña de Atención a las Personas con Discapacidad emitió un informe completamente desfavorable hacia la oferta de Cafranga. Sin embargo, el 3 de septiembre la mesa de contratación acordó conceder el contrato a su fundación. Desde la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid se asegura a la SER que los mismos argumentos que fueron considerados "insuficientes" por la Dirección General resultaron ajustados a derecho para los técnicos que componían la mesa de contratación.