El expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra y otras nueve personas se sentarán en el banquillo de los acusados por un supuesto delito de ocultación de patrimonio, según ha ordenado el Juzgado de Instrucción número 4 de Castelló.

El Tribunal Superior de Justicia ha informado de que será la Audiencia Provincial de Castelló el órgano responsable del enjuiciamiento. El magistrado instructor ha requerido a los diez encausados para que presten una fianza conjunta y solidaria por importe de 1.375.276 euros a fin de asegurar las responsabilidades civiles que se les pudiera imponer en caso de sentencia condenatoria.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado aprecian inicialmente la comisión de delitos de insolvencia punible y frustración de la ejecución, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y cohecho.

El magistrado ha decretado también la apertura de juicio oral para seis mercantiles como personas jurídicas, por sus supuestas responsabilidades en la ocultación del patrimonio del ex alto cargo del PP.

El juzgado abrió esta causa en 2017 tras una denuncia de Fiscalía por la posible comisión de varios delitos, como de frustración de la ejecución, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios.

Delitos fiscales

Se investiga si el expresidente de la Diputación castellonense y del PP de la provincia ocultó bienes de su patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia de la Audiencia de Castelló de 2013 (confirmada en 2014 por el Tribunal Supremo) por la que fue condenado a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 1,4 millones de euros como autor de cuatro delitos fiscales.

El exmandatario popular permanece alejado de la vida política después de salir de la prisión de Aranjuez (Madrid) en mayo de 2016, donde ingresó en diciembre de 2014 tras haber sido considerado culpable de cometer cuatro delitos fiscales, a pagar una multa de 693.000 euros y a indemnizar a Hacienda en la misma cantidad.

La condena fue hecha pública por el tribunal en noviembre de 2013 y Fabra pidió un indulto al Gobierno que finalmente fue denegado en noviembre de 2014, por lo que se hizo efectivo su ingreso en prisión.