El juez del caso por el "procès" en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, estudia presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo sobre la negativa de un tribunal alemán de entregar al expresident Carles Puigemont por el delito de rebelión.

Fuentes del Supremo han informado de que Llarena estudia preguntar al máximo intérprete de la legislación de la Unión Europea, el TJUE, si la legislación marco relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre estados miembros justifica la decisión del tribunal alemán. 

En último término, lo que el juez español plantearía es cómo deben interpretarse las normas que regulan las órdenes internacionales de detención en la UE, lo que, indirectamente, podría suponer cuestionar si han sido correctamente aplicadas esas normas por los jueces alemanes, o bien preguntar cuáles son las acciones que él puede tomar tras la decisión alemana.

La presentación de una cuestión prejudicial podría dejar a Puigdemont en la situación en la que estaba antes de su procesamiento e inmediata petición de entrega, porque la orden podría quedar en suspenso provisional, según fuentes del Supremo.

El magistrado del alto tribunal, que emitió una orden internacional de detención contra Puigdemont en la que solicitaba su entrega a España por el delito de rebelión, reaccionaría así a la negativa de un tribunal alemán de extraditar a España al reo por ese delito.

La Fiscalía tambien estudia acudir al TJUE 

La Fiscalía General del Estado ha emitido una nota este viernes en la que anuncia que estudiará "la eventual posibilidad de ejercitar las acciones pertinentes para la protección y defensa del orden jurídico europeo relativas a la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)" tras la decisión del el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein de dejar en libertad al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y descartar que una eventual entrega a España por el delito de rebelión.

En su nota, la Fiscalía destaca que el Considerando (9) de Decisión Marco de 13 de junio de 2002 relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros dispone que "la función de las autoridades centrales en la ejecución de una orden de detención europea debe limitarse a un apoyo práctico y administrativo".

Los dos anuncios se producen tras conocerse que la Fiscalía alemana anunciara que no ve margen legal para recurrir la decisión del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein. El TJUE no es un órgano al que recurrir como tal esta decisión, ya que su función es interpretar la legislación de la UE para garantizar que se aplique de la misma manera en todos los países miembros y resuelve los litigios entre los gobiernos nacionales y las instituciones europeas.