El cese del secretario general de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Manuel Aguilar, resuelto a finales de la semana pasada a petición propia, abre una nueva etapa en el organismo encargado de fiscalizar las finanzas y las operaciones de la Junta de Andalucía, inmerso en una crisis que ha acabado en los tribunales, de la que empieza a salir con esta renuncia.

Aguilar fue una pieza clave en el asalto conjunto ejecutado a principios de este año por PP, Cs y Vox para controlar una institución capital de la autonomía, justo cuando empezaba a analizar el periodo de Gobierno de Juanma Moreno.

La Cámara cumplió con profesionalidad su papel en la etapa socialista y elaboró informes detallados sobre la actividad en la Consejería de Empleo que están hoy en los tribunales y que ayudan a comprender el tipo de corrupción que existió en Andalucía en los últimos años de gobierno de Manuel Chaves.

El cese de Aguilar vino precedido de un pleno extraordinario específico para verificar su compatibilidad con el puesto que fue forzado por los consejeros de PSOE y Adelante, hartos de sus "errores y falta de imparcialidad". Ese pleno tuvo un desarrollo ciertamente muy tenso, según las fuentes.

La marcha de Aguilar ha causado en realidad alivio en todos los sectores de la Cámara –incluidos los nombrados por las derechas– y en un sector del Gobierno andaluz, según ha podido saber Público. La interpretación más extendida del cese de Aguilar entre trabajadores y consejeros de la Cámara es que él mismo, con una actuación que las fuentes consultadas describen como "negligente", hizo su situación insostenible. Expresado de otro modo, algunas de las fuentes consultadas creen que Aguilar fue una persona útil en el tiempo del asalto, pero ahora, una vez controlada la Cámara de Cuentas por la mayoría de derechas, ya no lo es.

El cese llega unos meses después de que PP, Ciudadanos y Vox rompieran los consensos forjados a principios de la legislatura, cuando se cerró un pacto con el PSOE por el que se prorrogaba un mandato más al catedrático Antonio López al frente de la Cámara de Cuentas.

Todas las fuentes consultadas por Público para elaborar esta información insisten en afirmar que Aguilar, jurista, pero no funcionario, exconcejal del PP en Estepona (Málaga), fue el impulsor, el brazo ejecutor de Elías Bendodo, consejero de la Presidencia, en el asalto de la derecha a la Cámara. La secretaría general es un poder fáctico en la Cámara: tiene competencias similares a las de jefe de personal; toma acta de los plenos; lleva las cuentas de la institución, y ejerce de fedatario público de los acuerdos para legalizarlos.

Parálisis y "coerciones"

La maniobra orquestada para el relevo de López, nombrado a propuesta del PSOE, comenzó en febrero. La hoy presidenta, la profesora Carmen Núñez, nombrada a propuesta de Ciudadanos, y los consejeros elegidos a propuesta de PP y Vox, bloquearon la Cámara y se negaron a asistir a los plenos al entender que el mandato de López estaba caducado.

La batalla terminó poco después, a mediados de marzo, cuando su interpretación de las leyes y normas que rigen el funcionamiento de la Cámara fue sancionada por el letrado mayor del Parlamento de Andalucía, Ángel Marrero, lo que hizo ya la presión insostenible para López, que cedió, convocó un Pleno en el que se eligió a Núñez, y permitió que el organismo pudiera funcionar de nuevo y salir de la parálisis.

López, en paralelo, llevó su renuncia a la justicia al considerar que su mandato como presidente no estaba en absoluto caducado y que la interpretación de PP, Ciudadanos y Vox no era más que una estratagema jurídica para sacarlo del cargo antes del tiempo pactado con la oposición y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) estudia el asunto. López llegó a acusar a Aguilar de "coerciones".

La institución está ahora a la espera de que se elija un nuevo o nueva secretaria general, una vez que ya se ha elegido una nueva responsable del gabinete jurídico, hasta donde había llegado también la crisis. Algunas fuentes consideran que el relevo de López ha implicado una pérdida de rigor, profesionalidad e independencia: "Sigue en su senda de reducción de la exigencia de sus informes, de mutilación de los informes polémicos o que tratan asuntos delicados para la gestión de la Junta".

En fechas recientes, la presidenta Núñez, en un encuentro con el vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, manifestó que uno de sus "retos" era "mejorar la organización interna de la Cámara". Luego, añadió que también quería trabajar en la mejora de "los procesos de fiscalización y los tiempos". "La labor de fiscalización es compleja y necesariamente muy técnica y garantista, esto requiere sus tiempos, pero debemos cumplir nuestra obligación fiscalizando los informes en un periodo de tiempo más adecuado", dijo Núñez.

Núñez defendió el papel de la Cámara en este periodo: "Atravesamos momentos de gran dificultad económica y social y es precisamente ahora cuando los ciudadanos demandan de los gestores públicos una mayor rigurosidad en su trabajo. El papel de los órganos de control resulta vital para potenciar el uso racional de los recursos públicos".