El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía analiza si el relevo en la presidencia de la Cámara de Cuentas, el órgano que fiscaliza las cuentas públicas, se ajustó a la legalidad. Antonio López, el expresidente, dejó el cargo en medio de una fuerte presión, después de que los consejeros nombrados a propuesta de PP, Ciudadanos y Vox bloquearan la Cámara, una institución que ha funcionado hasta ahora con cierta autonomía y que hoy anda dividida.

Para colocar a Carmen Núñez en la presidencia –nombrada a propuesta de Ciudadanos– en la presidencia de la Cámara (será la primera mujer que presida la institución) y a Sandra Garrido en la vicepresidencia –a propuesta del PP–, los tres partidos que mandan en Andalucía reventaron un acuerdo firmado por PP y Ciudadanos con el PSOE al principio de la legislatura en el que se recogía que López –elegido a propuesta del PSOE– presidiría el órgano hasta el final de su mandato, que los socialistas interpretaban que finalizaba en 2022, tres años después de su nombramiento, como recoge la ley. Lo hicieron justo en el momento en que los informes y estudios empezaban a versar sobre la actividad del Ejecutivo que preside Juanma Moreno (PP).

El presidente de la Cámara de Cuentas tiene que ser consejero, según exige la ley. La estratagema jurídica impulsada por el PP –considerar que el pasado mes de febrero cuando López renovó como consejero raso a propuesta del PSOE no existió continuidad, sino que concluyó un mandato y comenzó otro– fue ratificada luego por el letrado mayor de la Cámara, Ángel Marrero, en un informe elaborado ad hoc para la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet (Ciudadanos).

Después de que trascendiese ese informe, López convocó un pleno para que se eligiera un nuevo presidente, pero al mismo tiempo, hizo público otro informe jurídico, firmado por el catedrático de Derecho Constitucional Eloy García López, que defendía la tesis de que su mandato no había expirado. Al terminar el Pleno, López le envió un escrito a Bosquet y a los portavoces de los grupos parlamentarios, en el que acusaba al secretario general de la institución, Manuel Aguilar, un hombre de la plena confianza del consejero de la Presidencia, Elías Bendodo (PP), de haberle sometido a "coerciones" y en el que afirmaba que la convocatoria de ese pleno era nula de pleno derecho.

Ahora, el TSJA ha admitido a trámite el recurso de López contra estas maniobras del PP, de Ciudadanos y de Vox, que han provocado una división inaudita en un órgano que hasta ahora ha cumplido su papel con dignidad. La Cámara de Cuentas es un órgano clave de la autonomía y durante el mandato de López, catedrático de la Universidad de Granada en Economía Financiera y Contabilidad, nombrado en 2011 a propuesta del PSOE, ha cumplido con profesionalidad con su tarea, con duros y nada complacientes informes sobre la gestión de los fondos públicos, sobre todo en el ámbito de la Consejería de Empleo, epicentro de la corrupción en la etapa de Manuel Chaves como presidente.