El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (Sumar), ha manifestado con toda contundencia que la acogida de menores por las comunidades autónomas, que Vox cuestiona, es un asunto de "derechos humanos".

Preguntado en Carmona (Sevilla) por la presión de Vox al PP allí donde gobiernan conjuntamente con este tema —han amenazado con romper si los Ejecutivos aceptan cuidar de menores que arriban a las Islas Canarias—, Bustinduy ha reclamado al partido que dirige Alberto Núñez Feijóo que "deje de dar alas a posiciones ultraderechistas y xenófobas", contrarias, dijo, "a los principios democráticos".

"Las leyes, los compromisos que ha adquirido España no dejan margen para otras cosas. Estamos hablando de niños y niñas: debe primar el interés superior del menor. ¿Qué tipo de estrategia política es aquella que utiliza a las personas más vulnerables como rehenes para conseguir sus fines?", se preguntó Bustinduy.

"Es vergonzoso —se respondió el ministro— que se utilice para obtener réditos políticos a corto plazo a las personas más vulnerables", se respondió. "No puede ser. El compromiso con la defensa de los derechos humanos debe ser firme y no es negociable", añadió.

"Pie en pared"

El ministro dejó este mensaje a Feijóo y los suyos: "Espero que el PP salga de una vez de esa fase de intentos constantes de deslegitimar a un Gobierno elegido democráticamente en las urnas, una actitud que lo único que ha hecho ha sido dar alas a posiciones ultraderechistas y xenófobas y contrarias a los derechos humanos". 

"Que pongan pie en pared —reclamó a Feijóo— y se comporten como un partido de oposición digno de ese nombre y que ratifiquen el compromiso con la protección de los derechos humanos de los niños y de las niñas".

Una vez que Junts ha dicho que no está por la labor de apoyar un reparto entre las Comunidades Autónomas de los los menores migrantes que llegan a las costas canarias, los votos del PP, si el Gobierno lleva esta iniciativa a votación, serían imprescindibles para sacarla adelante. 

Esta es una reivindicación histórica del Gobierno de las islas, cuya presidencia en la actualidad está en manos de Coalición Canaria y cuya vicepresidencia está en manos del PP.