La expropiación del conocido pazo de Meirás, propiedad hasta hace muy poco de la familia Franco, planea con fuerza sobre el que fuera en los años 30 uno de los cortijos más productivos en Sevilla, el Gambogaz, y del que el general Gonzalo Queipo de Llano se adueñó como si fuera un botín de guerra tras el éxito del golpe de Estado del 18 de julio de 1936. 

Se conoce que el general Queipo de Llano cometió todo tipo de tropelías; asesinatos, violaciones y represión del Ejército del Sur en su lucha por frenar la "barbarie roja" con estudios que hablan de 50.000 víctimas. Pero, además, a través de la Fundación Agraria Queipo de Llano y disfrazado de labor social, se adueñó de más de 400 hectáreas de tierra fértil y un espectacular caserío, declarado Bien de Interés Cultural a orillas del Guadalquivir. 

La figura terrorífica de Queipo esconde muchas conjeturas sobre qué hizo para poder sufragar la compra de aquel cortijo de Gambogaz, qué artimañas realizó para apropiarse de aquella tierra que hoy sigue siendo finca de sus herederos. La realidad es que se desconoce cómo aquellas tierras acabaron en sus manos. 

Ningún investigador ha podido dar con las escrituras ni el contrato de compraventa, que solo pueden examinar sus herederos en el archivo notarial de Sevilla. Esta sería la única evidencia del tipo de acuerdo con el que Queipo de Llano logró adquirir aquella joya, valorada en la época en más de dos millones de pesetas, hoy unos veinte millones de euros. Una auténtica fortuna que no poseía en sus arcas un general de este rango.

Colectivos memorialistas, entre ellos, la Plataforma Gambogaz, quiere cambiar las cosas y repetir la ecuación de Meirás. Desde su comité técnico, uno de sus portavoces, Bonifacio Cañibano señala a Público su deseo de que la futura Ley de Memoria contemple "la reversión de los bienes incautados ejercidos con violencia y comprados con dinero público". La enmienda ha sido presentada al actual Gobierno y a los grupos políticos afines en el proceso de consulta pública.

¿De dónde sacó el dinero?

El objetivo sería lograr la expropiación del cortijo que la ciudad de Sevilla nunca regaló a Queipo por su triunfo en el golpe de Estado del 18 de julio. "Hay muchas suposiciones pero la más urgente es demostrar de dónde sacó Queipo el dinero. Era imposible en aquellos años que una colecta popular, como siempre se dijo, pudiera recaudar un millón y medio de pesetas", aclara el portavoz. 

Tampoco existe documentación visible hasta la fecha que acredite tampoco la donación "forzosa", a pesar de que el Cortijo de Gambogaz sigue recaudando fondos de las cosechas para sus herederos. Solo una carta de su hijo Gonzalo en 1977 a El País acredita esta supuesta suscripción popular "reflejada en la escritura núm. 415/1937 del notario de Sevilla del señor Echaide Aguinaga". Sin embargo, el documento nunca fue mostrado públicamente. 

"Hoy cultivan patatas muy apreciadas en el pueblo limítrofe, Camas. El edificio donde murió este criminal de guerra en 1951 está muy deteriorado. El interés para la familia es la explotación, no que se mantenga este espacio vivo para la memoria" destacan desde la Plataforma.

Pepe Villa, historiador experto en los años de Queipo en la Sevilla de 1936 explica a Público que la "la única evidencia de que el alcalde franquista Ramón de Carranza contribuyera a aquella colecta fue con la retención a funcionarios del Ayuntamiento y de la Diputación de Sevilla de cinco pesetas de su nómina durante meses para recaudar la ingente cantidad que forzosamente tuvieron que pagar junto a muchos vecinos de la ciudad". Sin embargo, el historiador explica que con este modo tampoco hubiera sido suficiente recaudar el suficiente dinero como para comprar el cortijo. 

El apoyo de los descendientes de los anteriores propietarios

Desde la Plataforma, Cañibano explica a Público el acercamiento a los descendientes de los Vázquez, una saga familiar de la burguesía sevillana y anteriores propietarios de Gambogaz, que introdujeron desde finales del siglo XIX la mecanización de la agricultura. "De un plumazo la familia se desentendió de aquellas tierras tan productivas, sin motivo. El acercamiento que hoy tenemos con algunos familiares es fundamental para sacar la verdad sobre los efectos patrimoniales del golpe", aclara a Público.

Uno de los familiares del que fuera propietario Ignacio Vázquez Rodríguez se encuentra hoy en la batalla de conocer las cifras del acuerdo de compraventa. Su nombre es José Manuel Vázquez González. "Este general sanguinario no dudó en amenazar a cada uno de los propietarios de Gambogaz. Mi abuelo tenía un hermano con los nacionales. Y sabía que si no cedía nunca más lo volvería a ver. Así fue la maniobra que ejecutó y que aún sigue impune después de tantos años".

De lo encontrado en los archivos por la familia Vázquez, se desprende que la titularidad de Gambogaz pasa a la propiedad de Queipo a finales de 1937. "Se dedicó a la extorsión hasta lograr su motín, disfrazado en una Fundación para jornaleros sin tierra", señala este descendiente a Público.

Los Vázquez apuntan que el archivo señala que Gambogaz consta con dos referencias catastrales pero no aseguran nada sobre la cantidad de dinero invertida en la compraventa ni el origen de la misma. "No buscamos que se devuelva la propiedad pero sí que se conozca la verdad y se implique el Estado por la sencilla razón de que aquellos fondos solo pudieron salir de las arcas públicas".

El historiador Pepe Villa señala que "existen otras posibilidades". "Que aquel dinero saliera de manos de los terratenientes forzados a legar el dinero al sanguinario general", señala como posibilidad a la vez que asegura la necesidad que el proyecto de Ley de Memoria estatal contenga el derecho de acceso a los archivos públicos y privados para poder esclarecer asuntos como la propiedad de Gambogaz.

Cañibano también destaca otras conjeturas como la que se refleja en la investigación de Mariano Sánchez Soler, Los Ricos de Franco, donde se habla de "la entrega por parte del contrabandista, banquero y empresario Juan March, de un millón de pesetas a varios generales que secundaron el golpe para agitar la sublevación". Sin embargo, "no se sabe a ciencia cierta si entre aquellos beneficiarios se encuentra Queipo de Llano", explica.

La escasa implicación de las administraciones

La Plataforma Gambogaz reivindica la necesidad de que las administraciones, como el Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla, se impliquen en esta pelea. El Ayuntamiento de Camas (donde se ubica también el cortijo) da avances muy tibios en torno a la declaración de este espacio como Lugar de memoria.

Cecilio Gordillo, coordinador del Grupo Recuperando la Historia Social de Andalucía, declara a Público que hay "testimonios que confirman que aquel pazo fue depósito de presos y lugar de trabajos forzados durante la guerra y posguerra franquista" por lo que debe ser "responsabilidad de las administraciones que sea declarado como un espacio para la memoria. 

Los descendientes de los Vázquez declaran que entre todos los papeles de maniobra de aquella donación sí que aparece un notario, Fulgencio Echaide Aguinaga, que tejió todo el papeleo. "Se tramita todo el expediente para constituir una Fundación que estaba desde el primer momento exenta de rendición de cuentas para la Junta Patrimonial de Beneficencia. Iba actuando para que en junio de 1945 pasara finalmente a las manos del general", apunta José Manuel Vázquez.

Queipo de Llano señalaría en la edición de ABC el 9 de diciembre de 1937 que Gambogaz "no se ha reservado" para él "viva de su renta, sino para obrar en él la reforma agraria, sirviendo de base a la labor futura del Gobierno". El objetivo sería "repartir la producción entre aquellos obreros que más se hayan distinguido en el trabajo o que más hayan sufrido por la patria". Nada de esto ocurrió así. Queipo, en su destierro a la Italia fascista, movió poderes para adueñarse definitivamente de Gambogaz cuando la ciudad de Sevilla lo despreció de héroe a villano.

A pesar del oscurantismo, el general se trasladó hasta Gambogaz en los últimos años de su vida. La propiedad del cortijo pasaría de la Fundación Agraria a ser propiedad nominal de Queipo y hoy, de sus descendientes. No obstante, la actividad en el cortijo es prácticamente nula. La familia también mantiene la Fundación Proinfancia que gestiona ahora 150 hectáreas de arroz en Isla Mayor, que Queipo también compró en el 45, lo que evidencia las maniobras ocultas que pudo ejecutar por tener su califato a las orillas de Sevilla y que hoy sigue vigente.