La manera en que la Junta de Andalucía ha dispuesto su presupuesto para destinar 78 millones de euros a la compra de la sede de Abengoa con la idea de hacer allí la Ciudad de la Justicia de Sevilla, utilizando para ello de manera indirecta –a través de una "reorientación" de recursos propios destinados a sanidad y educación– los fondos de recuperación europeos REACT-UE, creados con la idea de hacer frente al impacto social y económico de la pandemia, ha causado una bronca política en la Comunidad.

PSOE, Unidas Podemos y Teresa Rodríguez, diputada no adscrita en el Parlamento de Andalucía, arremetieron contra el Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos por lo que consideraron un "escándalo", una "tropelía" y un "desvío" de fondos de la Unión Europea. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín (Ciudadanos), se defendió, les acusó de intentar confundir a la ciudadanía y negó que la operación de compra se vaya a hacer con fondos europeos, sino que, afirmó, se ejecutará con recursos propios, de "autofinanciada, dinero que proviene de los ingresos de todos los andaluces".

Marín señaló que lo que se realizan son modificaciones presupuestarias en función del momento que se dé en el ejercicio presupuestario y afirmó que la oposición incurre en un "error de concepto" cuando señala a los fondos europeos como vía de financiación. Además, afirmó que no se "ha afectado al presupuesto ni de Sanidad ni de Educación, ni de ninguna otra". "El presupuesto de Sanidad para 2021 sigue siendo de 11.800 millones de euros y se incrementará cuando lleguen fondos europeos", manifestó, según recoge Europa Press.

Sin embargo, aunque formalmente, como dice Marín, se pague la sede de Abengoa con recursos propios,  en realidad son los fondos REACT-UE los que hacen posible la "reorientación" presupuestaria, que consiste en destinar partidas de educación y sanidad al pago de la sede de la multinacional y cubrir esa merma con los fondos europeos. Así consta en la documentación elevada por Hacienda al Consejo de Gobierno.

De hecho, así se recoge, tal cual, en la Memoria que justifica la modificación presupuestaria y que se puede consultar aquí: el expediente instado para la generación de crédito procedente de los recursos extraordinarios del instrumento REACT-UE ofrece "la oportunidad de reorientar parcialmente los recursos autofinanciados incluidos en el presupuesto de 2021 hacia atenciones prioritarias cuya cobertura presupuestaria no hubiera sido posible sin contar con dichos recursos adicionales".

"Así, –se añade– conforme a las memorias aportadas por las consejerías competentes en materia de educación y salud respectivamente, resulta un volumen de crédito del que puede disponerse como consecuencia de la financiación con los fondos REACT-EU de parte del coste de las nóminas del personal sanitario y educativo, así como determinados costes indirectos asociados a este último".

En resumen, si se atiende a lo que la propia Consejería de Hacienda recoge en el expediente de modificación presupuestaria, sin los fondos europeos para salir de la crisis de la covid, esta operación de compra de la sede de Abengoa no podría haberse hecho.

Así pues, aunque el presupuesto en efecto, como afirmó Marín, se mantiene, esto solo es así porque lo que se traslada de los salarios de profesores y sanitarios a la compra de Palmas Altas –entre otras cosas– se cubre con el dinero europeo, con lo cual, al final, de los 1.880 millones que le corresponden a Andalucía, habría que descontar de los finalmente destinados a la sanidad y la educación los utilizados para poder "reorientar" las partidas hacia la Ciudad de la Justicia.

Operación "fea, poco ortodoxa, pero no ilegal"

Fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por Público, indicaron que la transferencia de créditos del Gobierno andaluz es "fea, poco ortodoxa, pero no es ilegal" –está, de hecho, avalada por la Intervención General de la Junta de Andalucía– y se mostraron, en términos políticos, "sorprendidos de que los planes de la Junta para los fondos de reconstrucción de Europa sean una Ciudad de la Justicia que lleva 30 años pendiente y en un lugar que hoy tiene un destino productivo" como sede de Abengoa.

La multinacional es una empresa que emplea a unas 1.500 personas en la capital andaluza y 14.000 en todo el mundo, y que está ahora mismo fagocitada por la deuda e inmersa en un proceso concursal. El gabinete de Juanma Moreno (PP) se negó a poner 20 millones de euros para el último plan de salvación en el que estaban de acuerdo el Gobierno de España, que iba a avalar la operación, y la banca, y con ello dificultó que este pudiera llegar a buen puerto. El Ejecutivo andaluz ha asegurado siempre que los letrados de la administración, vistos los antecedentes de Ejecutivos anteriores, del PSOE, que afrontan un rosario de juicios, no habían hallado formas jurídicas para ayudar a la compañía. Ahora, cuando la gestión de la multinacional se lleva desde el juzgado 3 de lo mercantil de Sevilla, el Gobierno andaluz acomete esta operación.

Para la parlamentaria Teresa Rodríguez, existe "un riesgo inminente de que fondos de inversión y fondos buitre se queden con los restos del naufragio" de Abengoa. Esos fondos, dijo, "no tienen cara ni una puerta a la que llamar", y "cuando se comen su carnaza, acaban con todo y no les importa destruir totalmente el empleo y acabar con las posibilidades de futuro que esta empresa tiene para el desarrollo de esta tierra", manifestó, según recoge Europa Press.
En esa línea, Rodríguez subrayó el "carácter estratégico" de Abengoa para Andalucía, y manifestó que la Junta debe plantearse "formar parte del consejo de administración" de la compañía; "es decir, invertir en Abengoa con fondos públicos pero con control social".

"Nos parece gravísimo" que haya "fondos de la Unión Europea desviados de su principal fin, que es pagar salarios de sanitarios y docentes, para sanear las cuentas de los propietarios de los edificios de Palmas Altas", remachó Rodríguez, que habló de "una operación de especulación de alto nivel" de la que "queremos conocer cuáles son" sus "verdaderos intereses".

Marín reprochó a Rodríguez que "como siempre" quiera "confundir" y, en vez de preguntar en comisión parlamentaria o en el Pleno de la Cámara, opte por crear confusión. "Le molestará que se invierta en Justicia. No lo entenderá como un servicio fundamental, aunque luego se acude a ella para todo", señaló. Marín indicó también que la administración de justicia necesita medios materiales y humanos. "La Junta está invirtiendo en mejorar la justicia en todos los ámbitos: infraestructuras, edificios, refuerzo de personal y tecnologías", añadió el vicepresidente, según recoge Europa Press.

El diputado del PSOE, Antonio Ramírez de Arellano, tachó en un comunicado la transferencia de créditos de la Junta de "extraña operación inmbiliaria" y añadió que no se entiende la "urgencia": "El dinero acabará fuera de Andalucía y sin generar ningún beneficio a los andaluces y andaluzas", dijo. Arellano afirmó que el Gobierno andaluz se negó a rescatar a Abengoa y ahora "recorta 78 millones en la sanidad y la educación de todos". "No existen las casualidades, este desvío de fondos para la lucha contra el Covid es muy grave y deben explicarlo cuanto antes", apostilló el diputado.

La coportavoz de Podemos Andalucía, Susana Serrano, tachó de "tropelía" la decisión del Gobierno. "Los fondos de la Unión Europea deben ir a ampliar las plantillas de maestros, profesores, personal sanitario, personal de limpieza, etc. en definitiva, para combatir y hacer frente al impacto social y económico de la pandemia, y no para pagar la sede de la Ciudad de la Justicia de Sevilla", dijo la coportavoz de Podemos Andalucía, quien considera esta maniobra del Gobierno andaluz como "un atentado contra los servicios públicos" en un momento de "colapso" en el ámbito sanitario.

"Entendemos que detrás de todo esto, además de una jugada urbanística de dudosa viabilidad en cuanto a sostenibilidad, se encuentra la estrategia de las derechas de mermar la calidad de servicios públicos esenciales y básicos, de los que las empresas privadas se ven beneficiadas", aseguró Serrano.

Podemos Andalucía también señaló la "contradicción inexplicable" que supone, en su opinión, negarse a invertir 20 millones de euros para salvar, junto al Gobierno de España, a la multinacional, mientras que ahora "se desvíen" 78 millones a adquirir la sede de esta misma empresa.

La Ciudad de la Justicia

El edificio Campus Palmas Altas estará, según la Junta, "destinado a ser sede de órganos judiciales y demás servicios comunes y complementarios".

El proyecto es a medio plazo. En una primera fase, planeada para un escenario de cuatro años, "se culminaría la adaptación del Campus de Palmas Altas, lo que permitiría abandonar todas las sedes actualmente dispuestas en régimen de alquiler, como la parte arrendada del Edificio Viapol, el Edificio Noga, el Edificio Buhaira, el Edificio Menara y el local de la calle Almirante Valdés, con el consiguiente ahorro de 5.037.439,38 euros anuales". Permanecerían en uso los edificios en propiedad en el Prado de San Sebastián.

El actual Campus de Palmas Altas se levanta sobre un recinto cerrado de 42.189 metros cuadrados y se compone de un conjunto de siete edificios de entre tres y cinco plantas, agrupados en dos áreas y dispuestos alrededor de la plaza central con zonas ajardinadas. Tiene una superficie construida de 51.466 metros cuadrados para uso de oficinas y 983 plazas de aparcamiento subterráneo, según el Gobierno andaluz.

La Ciudad de la Justicia llegará a superar los 215.000 metros cuadrados entre el espacio destinado a oficinas y aparcamientos tanto subterráneos como sobre rasante, una vez que esté finalizada al completo, tras una inversión total en obras de 128 millones de euros entre la readaptación del actual Campus a sede judicial y de construcción de los nuevos edificios, asegura la Junta de Andalucía.