La 'brigada política' buscó testigos contra Podemos en Venezuela ante el 26J pero resultaron ser unos falsarios

La brigada política que dirigía el ex número dos de la Policía, el comisario Eugenio Pino, convocó en Madrid, entre el 19 y 27 de abril, a cinco ex altos cargos del gobierno venezolano durante el mandato de Hugo Chávez, con quienes pretendían hacer una segunda versión del apócrifo Informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) antes de las elecciones generales del 26 de junio.

Se hospedaron en el hotel Orfila de Madrid, según el documento al que ha tenido acceso Público en exclusiva, y fueron controlados por agentes de confianza de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) como el inspector jefe Jesús Vicente Galán, ahora destinado en la embajada de Mauritania, que se ha visto involucrado en otros montajes encargados por Pino –siguiendo instrucciones del ministro Fernández Díaz– contra los partidos nacionalistas catalanes o los comisarios que han denunciado las maniobras del Ministerio del Interior y de la cúpula policial, como Jaime Barrado y Marcelino Martín-Blas.

Todos los confidentes son altos ex funcionarios protegidos por el Gobierno de Estados Unidos –dos de ellos han salido en los papeles de Panamá por esconder su fortuna en paraísos fiscales–, “que querían negociar con España un permiso de residencia o la nacionalidad a cambio de la información aportada contra diferentes dirigentes de Podemos”, explica una fuente policial que participó en la operación.

El problema vino “al ver la información que ofrecían y que era anterior a la creación de Podemos. Lo que ofertaban era endeble y finalmente retornaron a Estados Unidos”, asegura esta misma fuente que añade: “Uno de ellos nos iba a entregar un pen drive con supuesta información de pagos a Podemos para su fundación, pero la información no pudo ser contrastada”.

Los cinco confidentes son Martín Rodil, Adam Kaufman (que vino con su pareja Viviana), Manuel S. Varela, Adrián José Velásquez Figueroa y Claudia Patricia Díaz Guillén, según expone el inspector jefe Galán en su solicitud de datos al gerente del hotel Orfila.

“Los más proactivos fueron el matrimonio, Adrián Velásquez y Claudia Patricia Díaz, que insistían en conseguir la nacionalidad española”, asegura una fuente policial que participó en la operación.

Según publicó ABC en abril, “Claudia Patricia Díaz Guillén, sargento técnico de la Guardia Nacional Bolivariana y enfermera del fallecido presidente Hugo Chávez, terminó siendo la Tesorera General (2011-2013). Ella y su esposo, el capitán Adrián Velásquez, alias Guarapiche, y exjefe de seguridad del difunto, tienen una fortuna de 2.000 millones de dólares y viven en República Dominicana”. Ese artículo, firmado en Caracas por la corresponsal de ese diario a raíz del escándalo de los Papeles de Panamá, añadía que la enfermera de Chávez y su marido “el edecán Velásquez”, clientes del bufete panameño Mossack Fonseca, “actuaron con la mayor impunidad”.

Según la fuente en la que basó ese diario la información, el exgobernador opositor venezolano Carlos Tablante, autor de un libro que pretende demostrar la existencia de una enorme corrupción en el Gobierno de Chávez, “alrededor de la Oficina Nacional del Tesoro del Banco Central de Venezuela, del Ministerio de Finanzas y de la Vicepresidencia de Finanzas de PdVSA se crearon estructuras de productos financieros, es decir, papeles, bonos y notas estructuradas que se vendían en bolívares y con pagaderos en dólares”. Además de las cuentas en Panamá, también se detectaron cuentas del matrimonio en las islas Seychelles y en Suiza.

Adam Kaufman y Manuel Varela son abogados residentes en Estados Unidos en estos momentos, según ha podido saber Público, y “estuvieron relacionados con empresas estatales energéticas de Venezuela, petroleras, y también salieron del país tras la muerte de Hugo Chávez”.

La guinda del pastel que la brigada política preparaba contra el líder de Podemos la ponía el ex agente de la agencia antidroga de Venezuela, Martín Rodil. Residente en Miami. El Gobierno venezolano le acusa de montar “una oficina de extorsión en Estados Unidos” junto con el periodista Rafael Poleo.

Este periodista es el padre de Patricia Poleo, la reportera que publicó el documento falso contra Podemos con el que se pretendía adjudicar un pago de 270.000 euros del Gobierno de Venezuela a Pablo Iglesias y que el líder de la formación morada habría supuestamente cobrado en el paraíso fiscal de islas Granadinas a través de la entidad Euro Pacific Bank.

Patricia Poleo difundió el documento a través de un vídeo blog tan sólo unas horas antes de que Eduardo Inda lo publicara en su página digital. La periodista y el tertuliano aseguraban en sus informaciones que el documento había sido contrastado con “agentes de la inteligencia policial española”, a pesar de que esta unidad es inexistente en la Policía.

Según una fuente policial, “gracias a las plantillas de documentos oficiales aportados por Claudia Patricia Díaz Guillen se fabricó el papel contra Pablo Iglesias, que después fue entregado por policías españoles tanto a un diputado de la Asamblea Venezolana como a la periodista de Miami, a través de Rodil, y también a Eduardo Inda”.

Para esta misión, Eugenio Pino escogió a policías de su plena confianza. Entre ellos, el inspector jefe Jesús Vicente Galán, quien a pesar de ser en ese momento el jefe de la vigilancia de la Unidad de Asuntos Internos firma la solicitud de datos al hotel Orfila con el sello de la Dirección Adjunta Operativa (DAO).

Como él mismo dice en el documento, la solicitud de datos no está avalada por “mandamiento judicial o requerimiento previo del Ministerio Fiscal”. Según explica a Público una fuente policial, “lo que se pretendía con esa petición de datos al hotel era saber si los confidentes estaban manteniendo reuniones también con miembros de la Guardia Civil o el Centro Nacional de Inteligencia, de ahí que se le encargara a Galán hacer esa labor de contra vigilancia”.

Este inspector jefe entró en la Unidad de Asuntos Internos por recomendación del jefe de gabinete de Pino, José Ángel Fuentes Gago, cuando el comisario Marcelino Martín-Blas aún la dirigía. Sin embargo, desde la destitución de este tras investigar a la cúpula policial bajo el mandato del juez Arturo Zamarriego, Galán se convirtió en el policía al que la DAO le encargaba todas las “maniobras complicadas”, aseguran fuentes policiales a Público.

Participó en el montaje contra el comisario Jaime Barrado, quien investigaba las amenazas a la doctora Pinto por parte del empresario Javier López Madrid y al menos un policía contratado por este. Montaje policial que fue desmontado por los tribunales madrileños.

También le adjudicaron la investigación de las grabaciones al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y al ex director de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso, tras la jubilación del anterior Comisario General de Policía Judicial.

Hace apenas un mes, Galán remitió una nota al juzgado de instrucción que investiga la grabación ilegal al CNI y a Asuntos Internos –dentro de la causa del pequeño Nicolás– con la que pretendía acusar a su exjefe de tener información privilegiada sobre el encuentro del presunto estafador con Eduardo Inda y Esteban Urrieztieta. El documento está fechado hace un mes, es decir, dos años después de que se produjeran los supuestos hechos y una vez que Galán ha sido destinado a la embajada de Mauritania con su correspondiente subida salarial.