Este artículo se publicó hace 4 años.
El borrador de los nuevos Estatutos de Ciudadanos prevé una moción de censura
El Comité Ejecutivo podría ser destituido en un congreso extraordinario convocado por un tercio de los militantes.
Madrid-
El primer borrador de los nuevos Estatutos de Ciudadanos elaborado de cara al congreso extraordinario de marzo otorga un mayor protagonismo a la militancia y, por primera vez, prevé que la Asamblea General apruebe una moción de censura contra la Ejecutiva nacional a propuesta de un tercio de los afiliados.
Así figura en la ponencia redactada por la Comisión de Estatutos del Consejo General, compuesta por el secretario de Organización de la Gestora de Cs, Fran Hervías, junto a José María Espejo y Andrés Betancor, también miembros de la dirección provisional del partido.
Este documento, al que ha tenido acceso Europa Press, encabeza los Estatutos con el título Nuevos derechos, nuevas garantías, más democracia, más ciudadanía, más Ciudadanos, y amplía su extensión de las 30 páginas actuales a 69.
Esto se debe en parte a que se desglosan con mayor detalle los derechos de los afiliados, pero también a la ampliación de los mismos y a la creación de nuevos órganos.
Estos derechos se enmarcan en el contexto de una organización "transparente, democrática, participativa, garantista y que valora el conocimiento", dice el texto, con el que los dirigentes del partido parecen querer dar respuesta al malestar de algunos afiliados y cargos que vienen reclamando más democracia interna. Este texto podrá ser enmendado por el Consejo General y, posteriormente, por la militancia antes de la Asamblea General de mediados de marzo.
Implicar a la militancia en las decisiones políticas
Entre los nuevos derechos de los afiliados, se incluye que sus méritos y capacidades puedan ser valorados para "la participación en la articulación de políticas, estrategias y decisiones" de la formación naranja, además de poder formular propuestas para su incorporación a los programas electorales de Cs en el ámbito territorial correspondiente.
También tendrían derecho a poder elegir el sistema de voto que deseen –con la opción del voto presencial, y no solo el telemático– y a participar en procesos internos de consulta en los que el Comité Ejecutivo pida conocer su opinión.
Asimismo, se plantea que los militantes puedan advertir al Gabinete de Cumplimiento de cualquier ilegalidad constitutiva de delito cometida por otros afiliados, cargos o representantes institucionales de Cs, sin que de esa denuncia pueda derivarse "ninguna amenaza, represalia o castigo".
Otra novedad que se propone es que los simpatizantes del partido –que no pagan cuota y, por tanto, no son afiliados– puedan presentarse a primarias para formar parte de candidaturas de Ciudadanos y aspirar así a cargos públicos electivos.
Consejo de Coordinación Territorial
Por otro lado, la ponencia de Estatutos apuesta por constituir varios órganos que actualmente no existen y que podrían mejorar la coordinación y la comunicación interna: la Convención Ciudadana, el Consejo de Coordinación Territorial y los Comités Locales. Igualmente, se prevé la creación de un "servicio de atención a los afiliados" para ofrecerles "auxilio, ayuda y asistencia" en lo relativo a sus derechos y deberes.
La Convención Ciudadana se define como un "órgano de participación deliberativa de los afiliados" a través de los coordinadores de las Agrupaciones del partido. Se reuniría anualmente convocada por el Comité Ejecutivo, que plantearía distintos asuntos de la actualidad política.
En cuanto al Consejo de Coordinación Territorial, se trata de un "órgano de deliberación sobre la acción del partido en relación con los temas de proyección territorial" y su objetivo sería articular "la unidad entre ciudadanos libres e iguales, haciendo realidad la solidaridad entre todos los españoles con independencia del lugar en el que vivan o trabajen".
Encabezado por el presidente del partido, estaría integrado por los coordinadores de los Comités Autonómicos y los de los Comités Provinciales e Insulares y por los representantes de los grupos institucionales de los Parlamentos regionales, las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos, así como los miembros del Comité Permanente.
Además, la ponencia elaborada por la Comisión de Estatutos plantea que los Comités Autonómicos dispongan de financiación propia, algo que hasta ahora no tenían, de forma que dependían de las asignaciones que les hiciera la Ejecutiva nacional.
Multas a representantes institucionales
A pesar de estos cambios, lo que se mantiene es un claro control de toda la estructura orgánica del partido por parte del Comité Ejecutivo.
Tampoco se ha suavizado el régimen disciplinario interno que se aprobó en la Asamblea General de 2017, y se incluye una nueva sanción que se suma a las que ya existían, como la expulsión del partido o la inhabilitación para cargos. La ponencia propone que los representantes institucionales de Cs que desobedezcan directrices o resoluciones adoptadas por el partido o el órgano institucional en el que se integren sean castigados con una multa de entre 100 y 1.000 euros.
Por otra parte, los autores del texto quieren que la Asamblea General de Ciudadanos pueda cesar al Comité Ejecutivo. Así, este órgano podría ser destituido si al menos un tercio de los afiliados decidieran promover la convocatoria de un congreso extraordinario con el fin de debatir una moción de censura, que saldría adelante si contara con el apoyo de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea General.
Igualmente, el borrador de los Estatutos contempla la dimisión del presidente de Cs o su imposibilidad permanente de continuar en el cargo. Ante esta situación, que ya se dio el pasado noviembre con la renuncia de Albert Rivera pero que no estaba prevista en las normas, el Consejo General nombraría una Gestora y convocaría la Asamblea General.
Otro apartado que se pretende actualizar en los Estatutos es el referido a las obligaciones de transparencia del partido, añadiendo la obligatoriedad de publicar en la web de Cs las donaciones percibidas, incluidas las que no procedan de organismos públicos, y los contratos realizados, también con empresas o entidades privadas.
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