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El BOE publica la jubilación forzosa por edad del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón

El magistrado solicitó al Poder Judicial que adelantara su jubilación a este lunes, justo antes de cumplir los 72 años.

El juez Manuel García Castellón durante la entrega de la XIII Edición de los Premios Puñetas de ACIJUR, en la Asociación de la Prensa de Madrid, a 10 de junio de 2024, en Madrid (España).
El juez Manuel García Castellón durante la entrega de la XIII Edición de los Premios Puñetas de ACIJUR, a 10 de junio de 2024, en Madrid (España). Imagen de archivo. Fernando Sánchez / Europa press

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este lunes la jubilación del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, conocido por su instrucción de casos de corrupción como Púnica, Lezo y Villarejo, así como de otras causas, incluida la recientemente archivada investigación sobre la plataforma independentista catalana Tsunami Democràtic. Así, se formaliza el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del 20 de junio, que establece la jubilación forzosa del magistrado.

García-Castellón, quien cuenta con una extensa trayectoria en la Audiencia Nacional y ha ocupado otros cargos, como juez de enlace con Francia e Italia, solicitó en 2022 extender su jubilación hasta el límite legal de los 72 años.

El juez ha liderado varias causas de terrorismo, incluyendo la propuesta de juzgar a cuatro exjefes de ETA por su presunta implicación en el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua (Vizcaya), Miguel Ángel Blanco, en 1997. Este crimen fue uno de los primeros casos que investigó durante su primera etapa en la Audiencia Nacional.

García-Castellón archivó la causa del Tsunami Democràtic

En julio, García-Castellón archivó el caso relacionado con los disturbios de octubre de 2019 atribuidos a Tsunami Democràtic en respuesta a la sentencia del procés. En este caso estaban investigadas diez personas, entre ellas la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

El juez decidió archivar el caso después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declarara inválidas las diligencias realizadas desde el 29 de julio de 2021. Esta invalidación se debió a un error en la prórroga de la instrucción, ya que se acordó 24 horas después del plazo legalmente establecido.

Esto llevó a que el Tribunal Supremo archivara la investigación contra el expresident de Catalunya, Carles Puigdemont, y el diputado de ERC, Rubén Wagensberg, por sus supuestos vínculos con la organización.

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