Hace algunos años que agosto dejó de ser un mes 'tranquilo' y exclusivamente vacacional para la política institucional en España. El de este año no será una excepción. La aprobación del techo de gasto este martes en el Consejo de Ministros da el pistoletazo de salida a la tramitación de los Presupuestos Generales de 2023 que deben negociar, en una primera fase, las dos formaciones del Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos.

Las conversaciones entre ambas partes del Ejecutivo tienen lugar desde hace tiempo y, de hecho, el techo de gasto es fruto de un acuerdo entre el Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, y la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, liderada por Yolanda Díaz.

Que el límite de gasto no financiero vuelva a romper su récord por tercer año consecutivo es indicativo de una clave que puede resultar crucial para la buena marcha de las negociaciones presupuestarias. En Unidas Podemos insisten en que estas cuentas serán la "prueba del algodón" de que el giro progresista que Pedro Sánchez escenificó durante el debate del estado de la nación es real.

Por eso, insisten en que es crucial que los PGE del próximo año alejen el fantasma de la austeridad y los debates sobre la necesidad de recortes y contención del gasto que desde hace semanas se han comenzado a escuchar en algunos foros y tertulias. Con las reglas fiscales de la Unión Europea suspendidas, Hacienda ha optado por volver a apostar por políticas expansivas y por librar también del yugo de la ortodoxia fiscal a comunidades autónomas, ayuntamientos y a organismos como la Seguridad Social.

Si bien Montero dejó claro que la "responsabilidad fiscal" era un compromiso ineludible para todas las administraciones, la cifra del techo de gasto (198.221 millones) y el hecho de que no haya un objetivo de déficit de 'obligado cumplimiento' son elementos que permiten seguir empleando una cantidad importante de recursos y acometer transformaciones de calado que precisan de grandes inversiones.

Una vez establecido este marco, el contenido y los plazos de las negociaciones presupuestarias están, más o menos, despejados. La ministra de Hacienda dejó claro que su objetivo es que las cuentas estuvieran aprobadas en tiempo y forma, por lo que su entrada en vigor tendría que producirse el 1 de enero del próximo año.

Todos los acuerdos de PGE se han cerrado en octubre

En lo que respecta al calendario, la idea es la de despejar en agosto las cuestiones más técnicas y los acuerdos más fáciles de alcanzar para el PSOE y para Unidas Podemos; y dejar septiembre (y puede que octubre) como el mes de resolución de los temas más enquistados o que menos consenso generan entre estas dos formaciones.

Estos dos partidos alcanzaron un acuerdo sobre los Presupuestos de 2022 a principios de octubre del pasado año; mientras que en los PGE de 2021 (negociados y acordados en 2020) el pacto se cerró a finales de octubre. Después, comenzará el trámite parlamentario de las cuentas, que dará inicio, a su vez, a las negociaciones con los grupos del Congreso de los Diputados.

Respecto a los contenidos, hay, al menos, tres ejes que vertebrarán las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos. El primero tiene que ver con el carácter general del presupuesto y su "perfil". En Unidas Podemos apuestan por unas cuentas que desplieguen una inversión de calado frente a otras que eleven el gasto militar (un compromiso que Pedro Sánchez adquirió en el marco de la celebración de la cumbre de la OTAN en Madrid el pasado mes de junio).

En este sentido, el espacio confederal pondrá sobre la mesa dos cuestiones que tienen que ver directamente con el aumento de la inversión: la recuperación y el blindaje de una Sanidad maltrecha desde la irrupción de la pandemia del coronavirus en 2020; y la aceleración de la transición energética y la apuesta por modelos como el fotovoltaico y de otras energías verdes en un contexto que, entienden en UP, exige reducir de manera drástica la dependencia de combustibles fósiles.

Han sido precisamente los precios de la energía, agravados por la invasión de Rusia a Ucrania, los que han provocado la principal amenaza para la economía en la actualidad: la inflación. Estos Presupuestos buscarán, sobre todo, atajar la escalada de precios.

El segundo eje tiene que ver con el modelo impositivo y el alcance de la reforma fiscal que se incluirá en los PGE. Por un lado, el PSOE y Unidas Podemos negociarán el diseño de los tributos que ya anunció Sánchez a las grandes eléctricas y a las entidades financieras (en especial las medidas que garanticen que las corporaciones no repercuten estas subidas impositivas a sus consumidores).

Por otro lado, los de Yolanda Díaz llevarán a la negociación cambios en el Impuesto de Sociedades que permitan mejorar su capacidad recaudatoria y propuestas para gravar la riqueza y el patrimonio (en su propuesta de reforma fiscal Podemos recoge un impuesto a las grandes fortunas con capacidad de recaudar hasta 10.000 millones).

El tercer eje tiene que ver con las leyes que no forman parte de los Presupuestos, pero que servirán para desencallar las negociaciones. Unidas Podemos pide el desbloqueo de la ley de vivienda, el impulso de la ley de familias y el avance en la derogación de la ley mordaza.