El Gobierno ha fijado un límite de gasto no financiero (también conocido como techo de gasto) de 198.221 millones de euros, lo que supone la cifra más alta de la historia. El Consejo de Ministros le ha dado luz verde este martes y ahora el Congreso de los Diputados debe votar si existe una situación excepcional que permita suspender las reglas fiscales (como ya sucedió tanto en 2022 como en 2021, después de que la Unión Europea lo avalara).

Esta cifra supone un 1,1% más que el techo de gasto de los Presupuestos Generales del pasado año, que ascendió hasta los 196.142 millones (que ya había superado, a su vez, al límite de gasto no financiero estipulado para las cuentas de 2021).

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha sido la encargada de hacer pública y desgranar esta cifra, después de que su departamento alcanzara un acuerdo con la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, liderada por Yolanda Díaz.

Montero ha recordado que aunque las reglas fiscales siguen suspendidas por parte de la Unión Europea, "la responsabilidad fiscal, no". Es por esto que, al igual que en los pasados ejercicios de 2022 y 2021, las administraciones tendrán "tasas de referencia" para el cumplimiento del déficit, aunque no serán de obligado cumplimiento.

Aún así, la ministra ha apelado a todas las administraciones para que cumplan con su responsabilidad, ya que el objetivo de España en su conjunto, ha dicho, sigue siendo mejorar su saldo fiscal con la UE y también seguir reduciendo el déficit y la deuda.

La tasa media de referencia para contener el déficit será del 3,9% del producto interior Bruto (PIB), y España mantendrá su compromiso con Bruselas de llegar al 5% del objetivo de déficit en 2022. Ese 3,9 se repartirá de la siguiente manera entre las principales administraciones y organismos (Gobierno, comunidades autónomas y Seguridad Social).

Las autonomías tendrán un margen de déficit del 0,3%, incrementando en dos décimas su capacidad con respecto a los anteriores Presupuestos Generales del Estado. Esas dos décimas serán absorbidas por el Ejecutivo que, ha explicado Montero, "asume un mayor esfuerzo para que las comunidades tengan más capacidad" de inversión.

En el caso de la Seguridad Social el objetivo de estabilidad se mantiene en el 0,5% del PIB, una cifra que logra conservar, ha dicho la ministra de Hacienda, en gran parte gracias a "la buena marcha del empleo". La previsión del Gobierno respecto a los ayuntamientos y entidades locales es que registren superávit y su tasa de referencia es del 0,1% del PIB, una décima menos que la cifra incluida en el plan de estabilidad remitido a Bruselas hace meses.