La batalla fiscal le abre frentes a Sánchez en el plano territorial, con sus socios y con la oposición

La batalla fiscal que se ha abierto en los últimos días se libra en varios frentes, a distintos niveles y por motivos variados, aunque en todos los casos el problema parece tenerlo Pedro Sánchez. Si se tratara de hacer una cronología de los hechos, todo empieza cuando el Gobierno de coalición se vuelca en una estrategia para hacer "pedagogía" sobre la necesidad y utilidad de los impuestos en el sostenimiento del Estado del bienestar.

El Ejecutivo ha decidido hacer de la justicia fiscal una de sus banderas principales en la recta final de la legislatura y esto ha provocado distintas reacciones y situaciones que, aunque se diferencian claramente, brotan del mismo sitio.

El primer frente surge con la oposición. El PP ha visto en el discurso del Ejecutivo una oportunidad para defender sin tapujos la bajada generalizada de impuestos y ha confrontado con los de Pedro Sánchez en lo discursivo, pero también en lo legislativo.

Si el Gobierno hablaba de la importancia de repartir las cargas fiscales entre las clases bajas y las personas más ricas, los de Alberto Núñez Feijóo defendían que hay que bajar impuestos a todo el mundo para aliviar la carga fiscal (algo que desde el Ejecutivo tachan de "populismo fiscal" y sobre lo que advierten, "hablar de rebajas de impuestos es entrar en debates sobre recortes").

Si el Gobierno de coalición aprobaba un impuesto a la banca y a las grandes empresas eléctricas, Andalucía, comunidad del PP, aprobaba una bonificación del impuesto del patrimonio para eludir de esta responsabilidad a las personas más ricas del territorio, renunciando así a alrededor de 100 millones de recaudación para las arcas públicas que aportaban las grandes rentas.

El segundo frente, directamente relacionado, es territorial. Otras comunidades del PP, aparte de Andalucía, han anunciado rebajas fiscales, y han terminado generando una competencia en la que incluso han entrado autonomías gobernadas por el PSOE. En este sentido, este martes tuvo un nombre propio: Ximo Puig.

El presidente de la Generalitat Valenciana anunció una bajada del IRPF a rentas por debajo de 60.000 euros. El anuncio pilló a contrapié a Moncloa. En público, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, no quiso entrar en la confrontación con su compañero de partido, pero el malestar y la incomodidad en el Gobierno se dejaron patentes. El Ejecutivo pide responsabilidad fiscal "a todas" las Comunidades Autónomas. Más clara fue aún la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una entrevista: "No es bueno que las CCAA inicien esa espiral", dijo. 

La decisión de Puig choca frontalmente con la estrategia desplegada por el Gobierno de Sánchez. "Es un debate con el que nos sentimos cómodos", reiteraban estos días tanto en Ferraz como en Moncloa. Moncloa consideraba hace unos días que el mensaje estaba calando y se mostraban satisfechos con la ofensiva lanzada. 

En las filas socialistas destacan que hay que tener "prudencia en los recortes fiscales" porque pueden socavar los principios de la defensa del estado del bienestar y la justicia fiscal. De momento, la grieta interna solo ha venido desde el País Valencià, pero otro presidente autonómico del PSOE, el aragonés Javier Lambán, no descartó este martes tomar medidas similares. 

Los PGE, en negociación 

El tercer frente de la gran batalla de los impuestos se da en el seno del Gobierno de coalición. Las negociaciones para aprobar los Presupuestos Generales de 2023 están bloqueadas desde hace algún tiempo entre otros motivos por las diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos en materia fiscal.

El espacio confederal respalda sin fisuras el discurso que los socialistas han enarbolado en las últimas semanas sobre la utilidad de los impuestos ("algo que nosotros llevamos siete años defendiendo", comentan desde UP), pero creen que los de Pedro Sánchez deben pasar de las palabras a los hechos.

Aunque valoran de forma positiva la aprobación de los impuestos a banca y grandes eléctricas, dos propuestas suyas, creen que este momento es la mejor oportunidad para acometer una reforma fiscal de calado que consideran imprescindible para hacer frente a las consecuencias de la inflación. Sin embargo, aunque han llevado varias propuestas en este sentido a la mesa de la negociación presupuestaria, el ala socialista todavía no habría aceptado de manera sustancial ninguna, y las conversaciones han encallado (también por los escasos avances en otras materias prioritarias para UP, como la ley de familias o la ley de vivienda).

Entre otras medidas, el espacio confederal quiere que se incrementen los tipos que gravan las rentas del capital en el IRPF para las personas que están en los tramos de renta más alta y que las personas que tienen ingresos superiores a 200.000 mil euros tributen más por sus ingresos de capital (dividendos, intereses…), una medida que daría cumplimiento a algunos puntos del acuerdo del Gobierno de coalición.

También piden los de Yolanda Díaz e Ione Belarra incrementar el tipo efectivo mínimo para grandes empresas en el Impuesto de Sociedades hasta el 15%, crear un impuesto a las grandes fortunas y establecer mínimos no bonificables en el Impuesto Patrimonio y en el Impuesto de Sucesiones para evitar el dumping fiscal y que el PP pueda seguir bajando impuestos a los ultra ricos en sus comunidades.

Montero anunció que en estos días el Ejecutivo presentaría un paquete de medidas para avanzar en la justicia fiscal y contraatacar las rebajas de impuestos a los ultra ricos anunciadas por algunas comunidades del PP. En este paquete se incluirá un impuesto temporal a las grandes fortunas (Unidas Podemos pide que sea permanente y estructural), y no se descartan modificaciones en el IRPF ni una rebaja en el IVA a los productos de higiene femenina.

A esa presentación del paquete se aferran en Moncloa y Ferraz para marcar la línea política del Gobierno. Algo que han querido remarcar este martes. "Es un Gobierno que hace una apuesta por un país con justicia social. La política fiscal no tienen otro fin que la justicia social", dijo la portavoz. Unas políticas que además consideran el mejor antídoto contra los extremismos, tras la victoria de Giorgia Meloni en Italia. Pero con tantos frentes abiertos, el mensaje podría quedar diluido.