Durante la primera sesión de control del Gobierno, Alberto Garzón ha tachado de "mazazo" que Pedro Sánchez no toque el modelo de financiación. El coordinador federal de Izquierda Unida preguntó sobre la regla de gasto, ante lo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montoro, aseguró que el Gobierno pondrá en marcha un grupo de trabajo junto con ayuntamientos y comunidades autónomas para "definir la mejor manera de calcular la regla de gasto" aunque "respetando las reglas de estabilidad".

La reclamación sobre la regla de gasto no viene sólo de Izquierda Unida. La semana pasada se reunieron en el Congreso representantes de los ayuntamientos del cambio: Madrid, Barcelona, Zaragoza, A Coruña, Cádiz, Oviedo y Santiago. Se reunieron porque confían en que se abra "un horizonte de esperanza con el nuevo Gobierno" para revertir las políticas del PP. "Creemos que ahora es el momento de hacerlo. Hay urgencias que pueden ponerse en marcha sólo aplicando o cambiando leyes", apuntó Gerardo Pisarello, el número dos del Ayuntamiento de Barcelona.

Concejales y representantes del grupo parlamentario Unidos Podemos -En Comú Podem- En Marea se posicionaron así ante lo que será el principal frente que tendrá que abordar el Gobierno socialista: "Montoro ha incumplido de manera sistemática los criterios de gasto que pretende imponer a las ciudades. La regla de gasto tiene que modificarse. Esperamos que la diferencia entre Montoro y la Montero sea algo más que una letra", sostuvo Pisarello.

En este sentido, Alicia Ramos de En Comú Podem también señaló a Público que durante la reunión entendieron que es "imprescindible" que el nuevo Ejecutivo abra un diálogo con los ayuntamientos y los grupos parlamentarios que hicieron posible la moción de censura, impulsando con ellos "una agenda de gobierno municipalista". Esto también pasa por una descentralización local que suponga un incremento de la autonomía local, de los recursos y las competencias de los ayuntamientos.

Sobre la aplicación de la regla de gasto, Murillo explicó que, siendo conscientes de las limitaciones que hay para modificarla, lo que se debe concretar es el cambio en los criterios de aplicación de la regla de gasto "para garantizar que los Ayuntamientos que cumplen determinados criterios puedan reinvertir los superávit en los servicios públicos municipales". "No puede ser que las ciudades sigamos con los niveles de financiamientos que manteníamos en el tardofranquismo, hay que cambiarlo y hay que flexibilizar la regla de gasto y tener una financiación justa", señaló también el primer teniente alcalde de Barcelona.

Sin embargo, desde Izquierda Unida han reclamado que se debe acabar con la regla de gasto. Así lo defendió Carlos Sánchez Mato tras la reunión con el resto de responsables municipales que aseguró que confía en que se decida "eliminar el corsé que limita a los ayuntamientos". Desde el partido, sostienen que por esta regla de gasto las corporaciones locales no pueden "invertir buena parte sus ahorros en servicios sociales aunque tengan las cuentas saneadas".

Sin embargo, la ministra ya ha rechazado eliminar la regla de gasto, optando por "hacer un cálculo más colectivo de ella" y modificarla. Insistiendo en que la revisión  se hará "respetando las reglas de estabilidad": "Estaremos en el entorno europeo intentando llevar una senda que nos permita, por una parte, hacer un sostenimiento para el medio plazo de las cuentas públicas, sin que eso afecte la provisión de los servicios y los derechos y oportunidades que tienen los ciudadanos".

Aquí ha surgido la principal diferencia protagonizada por el grupo confederal y el Gobierno este miércoles: Garzón ha desconfiado de esta posibilidad, pues considera que "el verdadero objetivo de la regla de gasto y de la mal llamada estabilidad presupuestaria es acabar con el Estado Social" y "desmantelar los servicios públicos". Además, ha alegado que "es un invento" vinculado a "una variación hipotética", y sostenido que el propio programa de estabilidad remitido a la Comisión Europea planteaba el progresivo recorte del peso del gasto público hasta el 39% respecto al PIB, cuando en 2016 este alcanzaba el 42%.

Con esto, eliminar, modificar o mantener la regla de gasto estará en el foco de las relaciones de los ayuntamientos del cambio con el Gobierno en los próximos meses. El compromiso de la ministra de poner en marcha un grupo de trabajo junto con las corporaciones locales y autonómicas, responde a la primera demanda de la reunión de los concejales. Sin embargo, queda por ver el ritmo y la dirección que tomarán las próximas negociaciones.