Caso ErialLa Audiencia rechaza la petición de Zaplana de anular la investigación del caso Erial

La Audiencia de Valencia ha rechazado el recurso de apelación interpuesto por la defensa del expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana, al que se adhirieron el resto de investigados en el caso Erial, contra la incorporación a la causa de la conocida como "hoja de ruta", un documento que los investigadores hallaron en un registro en un despacho de abogados y sobre el que se sustenta buena parte de la causa. En un auto, la sección quinta de la Audiencia confirma otros escritos anteriores desde 2015 al pasado 18 de abril de 2019, en los que se da validez al citado hallazgo, y rechaza las pretensiones de la defensa de Zaplana dirigidas a invalidarlo.

El caso Erial investiga el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana puesto en marcha en 2003. Zaplana fue puesto en libertad provisional el pasado 7 de febrero tras pasar algo más de ocho meses en prisión preventiva en la cárcel de Picassent (Valencia), aunque desde el 18 de diciembre estaba ingresado en el Hospital la Fe para seguimiento de la leucemia que padece, centro que abandonó el 11 de febrero.

Los documentos estaban en poder de Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública Imelsa 

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incluido en el sumario del caso Erial señalaba que un registro en el despacho de abogados del autodenominado "yonqui del dinero" y exgerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent, permitió acceder a los documentos con la "auténtica hoja de ruta" que se siguió para concurrir a las licitaciones del Plan Eólico y las ITV. Además, detallaba que esos documentos habrían sido hallados abandonados en la que fuera vivienda particular de Zaplana e intervenidos durante un registro del caso Imelsa, que investiga, entre otros delitos, el de blanqueo de capitales.

Los documentos estaban en poder de Marcos Benavent, por lo que se le tomó declaración en marzo de 2017, cuando explicó que se los había entregado en el año 2012 una persona de origen sirio llamada Imad y que desconocía si tenían relación con alguna causa penal o alguna actividad criminal, pero los guardaba "junto con otros muchos" papeles.

También se tomó declaración a la persona que le entregó esos documentos, quien dijo haberlos encontrado "abandonados" dentro de un sobre unos diez años antes, alrededor de 2007, en una vivienda en la que residió en régimen de alquiler, cuyos propietarios fueron entre 1998 y diciembre de 2006 Zaplana y su esposa.