La sección primera de la Audiencia de Palma ha acordado devolver 201.174 euros a Iñaki Urdangarin y a la infanta Cristina por haber pagado de más por la responsabilidad civil en el marco de la sentencia del caso Nóos. El exjugador de balonmano hizo dos pagos de 233.000 euros en 2017 y, uno de ellos se anotó erróneamente al expresident del Govern balear Jaume Matas, quien pagó en 2018 los 201.175 euros. 

El Govern balear ya ha abonado a la Audiencia Provincial de Palma 233.000 euros que, por error, recibió de más tras la ejecución de la sentencia del caso. Esta cantidad será repartida entre Urdangarin, su exsocio Diego Torres y la infanta. Según Europa Press, el antiguo deportista y la miembro de la familia real discrepan sobre a quién de los dos corresponderían unos 68.000 euros de ese importe. Este dinero que se debe reintegrar viene de una cifra que cobró de más la Comunidad Autónoma, del total que le correspondía como víctima.

El Govern balear recibió 852.287 euros en total, la mitad abonados por Urdangarin y la infanta Cristina, y otro tanto pagados por el también expresidente del PP en Balears y el exsocio de Urdangarin. El ejecutivo autonómico debía recibir 619.000 euros por los delitos de malversación y fraude, tal como fijó la Audiencia de Palma y el Tribunal Supremo en sus sentencias. 

El abogado de Urdangarin, sobre el reparto

Cuando Urdangarin y Matas hicieron el pago en 2017 y 2018 respectivamente, faltaba Diego Torres, que liquidó su cuenta en febrero de 2019 al pagar otros 233.287 euros, de manera que sobra el equivalente a esta última cantidad. 

El abogado del antiguo duque de Palma sostuvo que el dinero le correspondía a él y que la infanta no debía percibir cantidad alguna, al ser responsable a título lucrativo, mientras que la representación de la infanta Cristina registró un escrito en el que solicitaba la devolución del dinero en su cuenta. 

El letrado de la Administración de Justicia de la Audiencia de Palma, tras detectar el descuadre en la ejecución de la sentencia, inició los trámites para pedir ese dinero restante al Govern y repartirlo entre los encausados.