La Audiencia Nacional ordena imputar al presidente de 'La Razón' por un posible encargo a Villarejo

La Sala de lo Penal (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional ha ordenado reabrir la pieza 18 del caso Tandem (sobre las actividades del comisario jubilado José Manuel Villarejo), conocida como pieza BROD,  referida al supuesto espionaje denunciado por los hermanos Pérez Dolset, para que se tome declaración como investigado al presidente de La Razón y miembro del consejo de administración de Atresmedia, Mauricio Casals. La citación tiene como objeto tratar de esclarecer si hubo un encargo al comisario para espiar al empresario Javier Pérez Dolset, fundador del grupo Zed, y si fue Casals quien se lo encargó.

En un auto, los magistrados de la sección tercera estiman el recurso de apelación presentado por  Pérez Dolset e impugnado por los fiscales del caso, revocando así el archivo de esta pieza BROD dictado por Manuel Garcia Castellón, el titular del Juzgado Central Seis de la Audiencia Nacional que instruye el caso Tandem. El juez instructor había aceptado la solicitud de archivo de la Fiscalía que alegaba falta de indicios para atribuir la autoría del delito de cohecho a las personas señaladas por Perez Dolset (ejecutivos del Grupo Planeta en supuesta connivencia con Mikhail Fridman, todos socios junto a Dolset en el grupo Zed).

Ha sido una frase del propio García Castellón la que da pie a la Sala para revocar su archivo cuando el magistrado falla sobre un primer recurso de Dolset al señalar que, si bien no admitía ese primer recurso de reforma, había "elementos para atribuir a Mauricio Casals Aldama la autoría del encargo al sr. Villarejo de los servicios antes mencionados".

Es por eso que la Sala ante este segundo recurso de Dolset (ahora de apelación) entiende que si el juez instructor afirma que hay "indicios de que hubo un encargo por parte de dicha persona a un funcionario público de servicios propios de su función, con fines particulares", entonces "no hay razón para no continuar con la investigación". Así las cosas, la Sala ordena a García Castellón reabrir la pieza y proseguir con la instrucción con la toma de declaración a Casals, "al ser esta la única persona respecto de la cual, por el momento, hay indicios de su posible participación en los hechos objeto de investigación".

Los indicios en discusión: documentos encontrados a Villarejo y audios aportados por Dolset

La pieza BROD se abre por García Castellón en octubre de 2019 a solicitud de los fiscales del caso, tras recibirse en el juzgado el oficio de Asuntos Internos 2413/2019 de 25 octubre conteniendo una serie de archivos encontrados en dispositivos incautados en el domicilio de la mano derecha del comisario (Indicio GT20). Esos archivos se encuentran en una carpeta etiquetada como BROD referidas a un Proyecto Brod.

Según un documento titulado "Informe Preliminar" o Proyecto de Inteligencia (PI), supuestamente encargado el 21 de febrero de 2013, archivado bajo la etiqueta "BROD IF1 1.3.13",  datado el 1 de marzo de 2013 y con destino a un supuesto "cliente K" al que no se identifica, el  Proyecto Brod (según consta en su primer epígrafe "I. Consideraciones") tiene por objeto la "captación, análisis e interpretación de los datos, una valoración del estado actual de este PC (Proceso de Crisis) provocado por los hermanos PÉREZ DOLSET (DOL), así como la contextualización del mismo, evaluando además las líneas de trabajo más interesantes para la resolución del Proceso con el menor coste de tiempo y económico. Parte del análisis socio-económico y personal de DOL, dentro del escenario en que se mueve para perjudicar los intereses de K. Además contiene un tratamiento e interpretación de los datos, así como una valoración de la viabilidad y metodología a adoptar para conseguir los objetivos y fines e señalados, siempre que ello permita un cierre definitivo y positivo del conflicto. La viabilidad del presente PI debe pivotar en el nivel de capacidad a conseguir información relevante, lo que permitirá anticiparse a las maniobras que DOL esté realizando y supongan cualquier riesgo a considerar, así como, a la detección de posibles ayudas que tal vez podría estar recibiendo en base a cualquier interés de terceros, que busque a toda costa, cualquier quebranto a los intereses de K"

El documento versa fundamentalmente sobre los problemas de Dolset con ZED y sus socios y, según escribe Villarejo en su "Informe Preliminar", se motiva porque el cliente (al que identifica con la letra K) ha sufrido una serie de ataques continuados de distinta índole, abarcando el plano económico, social, mediático e incluso jurídico.

La fiscalía interpretó que, de la lectura de dicho informe, se desprendía que "los servicios contratados tendrían como objetivo salvaguardar los intereses del cliente como consecuencia de desavenencias mercantiles que pudieran terminar en los Tribunales, dado que el cliente habría sufrido una premeditada estrategia de acoso y desgaste por parte de los hermanos Javier PÉREZ DOLSET e Ignacio PÉREZ DOLSET, como propietarios mayoritarios del GRUPO LANETRO ZED, ostentando un 45% de participaciones, a quienes se pretende investigar por cuenta de aquél cliente".

Se localiza también como acompañamiento a este "Informe Preliminar" una "nota informativa" sobre la trayectoria empresarial de los hermanos Dolset, quienes en todo momento son descritos como personas triunfadoras, con grandes dotes empresariales y con gran predicamento en la sociedad y medios de comunicación y un anexo con un presupuesto de 275.000 euros.

Según el tribunal, en esta documentación intervenida al abogado Rafael Redondo, socio y empleado de Villarejo, relativa al Proyecto Brod, se desprenden indicios de la posible comisión de delitos de cohecho y de descubrimiento y revelación de secretos ya que indican "una posible comercialización" por parte del comisario jubilado "de servicios que implicaban la utilización de medios e información a los que tenía acceso como tal funcionario".

Los indicios sobre la participación del exconsejero de Atresmedia Mauricio Casals, se basan en la naturaleza de los conflictos que Dolset tenía con Planeta (donde Casals era un alto ejecutivo),  así como en las declaraciones de Villarejo en marzo de 2020 por esta pieza en las que el comisario "creía recordar" que se habló del fundador de ZED en "alguna de las numerosas comidas que tuvo con Mauricio Casals y en las que en algunas estaba también el Sr. Ferreras" y que "le pidieron algunas gestiones" siendo Casals el "más interesado" pero que "fuera de eso no recuerda que hubiera una petición firme y formal". A preguntas del abogado de Pérez Dolset sobre si con "cliente K" se refería a Casals, Villarejo respondió: "Pues no se, pero la persona que me pidió y me preguntó e interesó por este tema fue efectivamente Mauricio".

En cualquier caso, del auto de la Sala no se desprende que la citación tenga que ver con que al presidente de La Razón se le conozca como Kasals entre algunas personas (así, por ejemplo, tenía guardado su número de teléfono en su móvil el ex ministro Jorge Fernández Díaz, siempre según su exsecretario de estado Francisco Martínez en el careo judicial que mantuvieron recientemente). La letra "K" es la forma genérica con la que Villarejo identifica a cualquier cliente. Así aparece en los informes producidos por el comisario en el marco de muchísimos de sus "proyectos".

La Sala de la Audiencia ha tenido en cuenta lo alegado por los fiscales para pedir el archivo: que no se identifican contratos firmados o cobros del comisario con relación a este supuesto encargo BROD, pero considera que "el hecho de que no mediasen pagos no excluiría el delito de cohecho que pudo haberse cometido mediante dicho encargo y tampoco el de descubrimiento y revelación de secretos, que pudiera derivarse del acceso a datos restringidos o de su difusión (datos de los Dolset que pudieran proceder de bases de acceso restringido), en el curso de la prestación, por incipiente que esta fuera, de esos servicios".

Dolset figura tambien como denunciante en otra pieza relacionada con Planeta, el 'Proyecto July'

Unos meses antes a la apertura de la Pieza 18 Brod, y con motivo de una declaración que Pérez Dolset solicita hacer en el Caso ZED (donde esta imputado y donde se investiga la captación y destino de millonarias subvenciones y una posible quiebra punible de Zed), se abre otra pieza en Tandem, la número 12, para investigar el pago acreditado de 40.000 euros más IVA a Villarejo en el mes de mayo de 2014 por parte de Planeta Corporación SL (la sociedad patrimonial de la familia Lara de donde cuelgan sus acciones de la editorial).

A pesar de que el pago de los 40.000 euros más IVA figuraba en la información bancaria de Villarejo en poder del juzgado y también la factura a la que correspondía, el juez no abre la pieza 12 para investigarlo hasta que el fundador de ZED no aporta, en julio de 2019, un audio donde aparentemente se oye al director de los servicios jurídicos de Planeta, Luis Elias Viñeta y en conversación con personas no identificadas, autocinculparse de haber contratado a Villarejo, por encargo (o en favor) de Telefónica (presidida entonces por Cesáreo Alierta), para que le ayude a revertir un laudo arbitral firme (y emitido diez años atrás) por el que se tuvo que compensar económicamente a Kiss FM con una cantidad por encima de los 200 millones de euros.

Dolset afirmó que lo que se pretendía con ese trabajo a cargo de Villarejo era investigar al árbitro que duplicó en el último segundo la compensación preacordada entre las partes a favor del propietario de Kiss FM, Blas Herrero. El encargo fue confirmado por Planeta a la velocidad del viento, pero matizando que lo único que se encargó a Villarejo fue un estudio patrimonial para ver si podían inferirse aumentos en el nivel de vida de dicho árbitro que encajasen con el cobro de un posible soborno (de diez años atrás en todo caso).

El caso ZED , que al igual que el Caso Villarejo instruye el juzgado central seis de la Audiencia Nacional, investiga la captación y destino por esa empresa tecnológica de millonarias subvenciones así como las causas que llevaron a su quiebra (y, caso de ser quiebra culpable, quién participó en ello). Cuando una quiebra se declara punible o culpable, los accionistas responden de las deudas con todo su patrimonio (los que no consigan demostrar que no tuvieron nada que ver y que no pudieron evitarlo).

Este caso Zed es otro de esos procedimientos donde todos se acusan entre sí. Dolset, por ejemplo, acusaba al magnate ruso Mikhail Fridman (actual propietario de los supermercados Dia) de haber provocado su quiebra para poder quedarse luego la empresa por poco dinero. En realidad el detonante de la quiebra fue que ZED perdió el contrato del que dependían la mayoría de sus ingresos, tras una inesperada visita del hijo del ministro del Interior ruso a Fridman para quejarse de que la gente de ZED en Rusia le cobraba un peaje para comercializar su aplicación de citas en la plataforma digital de Beeline, la enseña móvil líder rusa y que gestionaba la filial rusa de la tecnológica española.

Dolset sigue investigado en el Caso Zed. No así Fridman, para el que el juez ha archivado provisionalmente su imputación.