La sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el archivo de la investigación contra el presidente de Repsol, Antonio Brufau, el que fuera también presidente de CaixaBank hasta 2016, Isidro Fainé, y las dos cotizadas como personas jurídicas por la contratación del comisario José Manuel Villarejo.

En un auto fechado el lunes, la Sala ratifica la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que el pasado mes de junio archivó provisionalmente la investigación. De esta manera, los magistrados rechazan el recurso de la Fiscalía Anticorrupción.

Los jueces entienden que los máximos responsables de las empresas no tuvieron ningún contacto con Cenyt, firma vinculada al comisario ahora jubilado, y tampoco conocían que seguía siendo comisario en activo en el momento de la contratación.

Además de a Repsol, CaixaBank, Brufau y Fainé, la sala de lo penal confirma el archivo de la causa contra el expresidente del Consejo de Administración de Repsol, Luis Suárez de Lezo; el exdirector corporativo de servicios patrimoniales de la petrolera Juan de Amunátegui; el exdirector corporativo de gestión patrimonial Joaquín Uris, y el exdirector general de medios de CaixaBank Antonio Massanell.

No obstante, continúan las diligencias sobre el propio Villarejo; su socio Rafael Redondo, el exjefe de Seguridad de Repsol, Rafael Araujo; el que fuera su "número dos", Rafael Girona; el exresponsable de Seguridad en CaixaBank, Miguel Ángel Fernández Rancaño, y el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño.

De este modo, la sala descarta que Brufau y Fainé participaran en el encargo a Cenyt, empresa vinculada al policía, para investigar el intento de toma de control sobre la petrolera por Sacyr y Pemex, y los exonera de todos los cargos.
La Sala no comparte ninguno de los argumentos de la Fiscalía, que aseguraba que ambas compañías no realizaran los necesarios controles en la contratación de los servicios de Villarejo, tanto en lo que respecta a Repsol como a CaixaBank.

No hay constancia, prosigue el texto, de que los responsables de las empresas "conocieran que en el encargo realizado por Rafael Araújo a una empresa externa para llevar a cabo una investigación sobre Luis del Rivero en el contexto pacto accionarial Sacyr-Pmex, fuera encargada a la entidad Cenyt".

Asimismo, el auto señala que tampoco podían saber que en el encargo iba a participar Villarejo −que en esos años se encontraba en servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía− y que comprendería acceso a tráfico de llamadas de Luis del Rivero y personas de su entorno.

Según los magistrados, "ello no resulta de los correos electrónicos y documentos analizados en este razonamiento y en el anterior, ni de ninguna de las demás diligencias de instrucción practicadas".

Asimismo, considera la sala que el hecho de que en la alta dirección de ambas compañías "estuvieran preocupados por el pacto Sacyr-Pemex entraba dentro de lo normal por la incidencia que podía tener en la marcha de Repsol, pero no implica que estuvieran dispuestos a emprender todo tipo de acciones, incluso contrarias a la legalidad para impedirlo", señala el auto.

Publico analizó a fondo toda la documentación y problemática financiera de Sacyr. Concluyó que, tras el pretendido encargo, existió una operación financiero-mediática a tres para salvar a Sacyr de un concurso o quiebra que tenía fecha programada, y así evitar que dicha quiebra arrastrase a Repsol y a la participación de esta y de Caixa: Gas Natural, la joya de la corona.