La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha admitido este martes la querella de la Fiscalía General del Estado por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos contra el expresident de la Generalitat de CataluNYa Carles Puigdemont y los otros 13 miembros del Govern, a los que cita a declarar para los próximos 2 y 3 de noviembre como investigados (lo que antes era imputados), según han informado fuentes jurídicas.

El Ministerio Público presentó este lunes dos querellas: una en la Audiencia Nacional contra el Govern cesado el viernes pasado, pues ya no son aforados, y otra en el Tribunal Supremo contra los seis miembros de la Mesa del Parlament, que continúan aforados por formar parte todavía de la Diputación Permanente de la Cámara, y que ha sido también admitida ha trámite.

Según fuentes judiciales, la juez Carmen Lamela se ha declarado competente para investigar la querella, y precisa que declararán como investigados tras lo cual se celebrará una vistilla para de valorar la adopción de medidas cautelares.

La magistrada acuerda también fijarles una fianza de 6.207.450 euros que deberán depositar en el plazo de tres días con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes hasta alcanzar esa cifra si no depositan la fianza. Además, la juez ordena incorporar a la causa las copias de diferentes acuerdos adoptados por el Parlament en los últimos meses, así como los últimos decretos del Govern en relación con el proces de independencia.

La magistrada procede a incorporar la querella de la Fiscalía General del Estado a la causa donde ya investiga por sedición a los presidentes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart (los conocidos como los Jordis, actualmente en prisión provisional), teniendo en cuenta que los hechos hasta ahora investigados “se encuadran dentro de todo el proceso secesionista que se describe en el escrito de querella y que las personas investigadas en los mismos formaban parte de las estructuras básicas integradas en esa estrategia diseñada y ejecutada por los ahora querellados”.

En su auto, la juez Lamela explica que conforme al relato expuesto por la Fiscalía en su querella, los hechos investigados iban dirigidos a proclamar una República catalana independiente de España en una conducta que va encaminada o dirigida a romper la organización territorial del Estado, por lo que puede encajar en una manera de atentar contra la forma actual de gobierno de España, y por tanto sería competencia de la Audiencia Nacional, tal y como viene establecido en el artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La magistrada recuerda que en esta fase inicial de admisión de una querella no constituye todavía un acto de imputación judicial y que se trata exclusivamente "de establecer en primer lugar si, a los efectos de admisión a trámite de la querella, puede ser exclusivo el carácter delictivo de las conductas imputadas a los querellados y, en segundo lugar, si existen indicios de que tal conducta efectivamente ha sido ejecutada”.

Teniendo en cuenta estas dos condiciones, la juez concluye que del relato del fiscal se desprende que los querellados "urdieron una estrategia de la que habría de ser todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas (ANC y Òmnium) que llevaron a la celebración del referéndum ilegal el día 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el parlamento el pasado 27 de octubre”.

Según la magistrada, en la querella del fiscal se exponen de manera “seria , racional y lógica los motivos que llevan al Ministerio Fiscal a efectuar su provisional calificación como delito de rebelión que absorbería los delitos de sedición, desobediencia y prevaricación”. Por ello, sin perjuicio de la calificación jurídica que finalmente pueda otorgarse, la juez admite la querella en los términos planteados por el Ministerio Público.