El Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid ha interpuesto un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la denegación por parte de la Comunidad de Madrid de documentos sobre el Canal de Isabel II, referidos al caso de corrupción Lezo, y que han solicitado reiteradamente los grupos de la oposición en la comisión de investigación del Parlamento regional.

En el recurso, el diputado de Podemos Miguel Ongil explica que el pasado mes de mayo la Mesa y los Portavoces de dicha comisión solicitaron al Gobierno regional varias documentaciones, entre la que se incluyen las actas del Consejo de Administración del Canal de Isabel II y sus filiales Canal Extensia y Canal Gestión, entre 2007 y 2015.

También solicitaron copias del nombramiento en 2006 del presidente ejecutivo de Inassa Edmundo Rodríguez, ahora imputado en el caso Lezo; copias de los contratos de prestación de servicios celebrado entre Inassa y el despacho de abogados Rodríguez Sobrino Abogados Asociados de 2006 y 2009; y copias de la asamblea de Inassa donde se cesa el año pasado a Edmundo Rodríguez y lo relativo a su indemnización.

Asimismo, pidieron copia del informe del mercado de saneamiento en Brasil analizado por Inassa antes de la compra de Emissao; copia del informe de febrero de 2013 de Inassa que analiza con carácter general la operación de adquisición de Emissao; copia de los informes de 'due diligences' en relación con dicha operación; o la copia de la propuesta de adquisición de una participación del 40 por ciento en el accionariado de la sociedad Emissao por 15 millones de dólares.

A la lista de peticiones se suman las copias de las reuniones de Canal Extensia que ratifican la adquisición de esa compañía brasileña a través de sociedades vehículos; copias relativas a las órdenes de pago desde las cuentas corrientes de Inassa en varios bancos de EEUU, Suiza, Panamá y Brasil; y copias de los informes de revisión forense y auditorías del Canal en dicha compra, entre otros documentos relevantes.

Respuesta del Gobierno a las peticiones

Las peticiones señaladas fueron tramitadas por la Mesa de la Asamblea, acordando su admisión a trámite en fecha 8 de mayo de 2017. El Consejo de Gobierno contestó señalando que no se facilitará por tratarse "de una documentación de carácter reservado, en tanto no se decrete la apertura del juicio oral, al constar en unas diligencias sumariales en curso".

El 8 de junio, mediante escrito presentado a la Mesa de la Asamblea, solicitaron amparo instando al Gobierno a la remisión de la documentación solicitada. Dos semanas después, el viceconsejero de Presidencia respondió con un informe de la Abogacía General donde reitera nuevamente la negación de la información por encontrarse incluida en un sumario de un proceso penal.

Ante ello, la comisión solicitó informe jurídico a los Servicios Jurídicos de la Cámara y remitió nuevamente solicitud de amparo a la Mesa de la Asamblea anexando dicho informe. Pero el 2 de agosto el viceconsejero reitera dicha denegación "por tratarse de documentación de carácter reservado en tanto no se decrete la apertura del juicio oral".

A la vista de estos hechos, Podemos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 45 de la vigente Ley 29/1998 de 13 de Julio Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha decidido interponer este recurso contencioso-administrativo contra la contestación a la solicitud de amparo de agosto dictada por el viceconsejero de Presidencia.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, la portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena Ruiz-Huerta ha señalado que con esta acción quieren lograr recibir los documentos porque consideran que la presidenta regional, Cristina Cifuentes, "estuvo muy involucrada en su conversión del Canal de Isabel II en sociedad anónima, el marco para participar en todas las operaciones de compraventa de empresas en América y que han permitido que se realicen estos casos de corrupción".