Arranca el juicio del caso Pretoria, la trama que salpicó a 3 ayuntamientos catalanes

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzga a partir de este lunes a los once presuntos miembros de la red de corrupción Pretoria que operó entre los años 2000 y 2009 en los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona.

Entre los encausados se encuentra el exdiputado del PSC y presunto cerebro de la trama, Luis Andrés García, alias Luigi, que se enfrenta a ocho años de cárcel, y dos exaltos cargos del Gobierno de Cataluña con CiU durante la presidencia de Jordi Pujol: el exsecretario de la Presidencia Lluis Prenafeta; y el exconsejero de Economía Macià Alavedra. La Fiscalía Anticorrupción pide para ambos seis años y diez meses de prisión.

El tribunal juzga además a ocho empresas como responsables civiles subsidiarias integradas en la trama que habría defraudado 45 millones de euros en estos nueve años.

Los once acusados, a los que la Fiscalía atribuye la comisión de delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo, fueron detenidos en el operativo policial que se llevó a cabo el 27 de octubre de 2009, bajo la instrucción del entonces magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Integran la trama los empresarios Josep Singla (11 meses de cárcel) y Manuel Carrillo (3 años); los presuntos testaferros Manuel Valera (2 años y nueve meses de cárcel) y Philip McMahann (3 años y seis meses); Gloria Torres, titular en Andorra de una cuenta bancaria de Alavedra (2 años y seis meses); y Maria Lluïsa Mas, esposa de Prenafeta (3 años y seis meses), además de Manuel Dobarco Touriño y Luis Andrés García.

"Estrecha relación con Pujol"

La Fiscalía Anticorrupción apuntaba en su escrito de acusación provisional, hecho público el pasado 29 de diciembre, que Alavedra y Prenafeta mantenían "una estrecha relación personal con el entonces presidente de la Generalitat Jordi Pujol".

A sabiendas de la influencia que ejercían sobre "determinados cargos públicos de Cataluña", según el Ministerio Público, "planificaron y ejecutaron el cobro de cuantiosas comisiones a cambio de la concesión de adjudicaciones públicas relacionadas con el desarrollo urbanístico de los tres ayuntamientos mencionados".

Además, la Fiscalía señala que Prefaneta y Alavedra contaron con la colaboración de sus esposas en la obtención de las ganancias ilícitas y en su ocultación a la Hacienda Pública. Para ello, utilizaron "un complejo entramado societario constituido por entidades domiciliadas en territorios off shore  y diversas cuentas bancarias abiertas en entidades suizas y andorranas" a través de las cuales canalizaron estos fondos.

Operaciones urbanísticas

El Ministerio Público también sostiene que los acusados intervinieron en una serie de operaciones urbanísticas que les proporcionaron "cuantiosos e ilícitos beneficios carentes de toda justificación y lógica comercial" por tres operaciones.

Las actuaciones investigadas son la operación Pallaresa de Santa Coloma de Gramenet, en la que participaron, entre otros, Luigi y Dobarco; la 'operación Niesma de Sant Andreu de Llavaneres, en la que el exdiputado socialista compartió mediación con Alavedra y Prenafeta; y la recalificación de los terrenos del puerto deportivo de Badalona, con los mismos intermediarios.

Además, el exalcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz, habría manipulado el concurso público para la adjudicación en 2009 del contrato de limpieza de edificios, dependencias municipales y centros públicos docentes del municipio a favor de la empresa Limasa, del imputado Manuel Carrillo.

Papeles de Panamá

En abril del pasado año se conoció tras la publicación de los Papeles de Panamá, que el expresidente de la firma téxtil Burberry en España Eugenio Mora Olivella, facilitó el dinero a la red del caso Pretoria. El empresario, residente en Londres, utilizó una red de empresas opacas en las Islas Niue, en el Pacífico Sur,y de Madeira para invertir en España sin ningún coste fiscal cerca de 9 millones de euros entre 2003 y 2004.

La red la organizaba el bufete de abogados Pretus, que le da el nombre a la operación. Los hermanos encargaban a Mossak-Fonseca que crearan sociedades pantalla para que sus clientes evitaran al fisco español.