Antonio Vergara es portavoz de la Coordinadora Andaluza de Mareas, que ha convocado las manifestaciones que este sábado recorrerán todas las capitales de Andalucía en defensa de la sanidad pública. Vergara es médico, hoy jubilado, especialista en medicina interna, un veterano de las primeras luchas contra el SIDA.

Tiene "monazo permanente", dice, de su profesión, que lleva en la sangre. "El trabajo era comprometido y una parte muy importante de mi vida". Con el activismo a favor de una sanidad 100% pública y otras actividades en el asociacionismo mantiene a raya esa nostalgia del trato con el paciente.

En esta entrevista con Público defiende que de lo que hablan las mareas andaluzas, herederas de aquellas que frenaron la privatización de los hospitales en Madrid en la etapa de Esperanza Aguirre, es de la importancia de "un sistema que garantice un derecho a la salud" y rechaza el partidismo y la polarización política: "Esto no es una pelea entre partidos, algo que odio profundamente, porque se pelean pero parece que lo hacen por desplazarse unos a otros. Gobierne quien gobierne, lo público se defiende".

¿Cómo está hoy la sanidad andaluza?

El desmantelamiento de la Atención Primaria nos preocupa. Es un elemento crucial en el funcionamiento del sistema. No es solo la puerta de entrada, es el eje vertebrador, el médico de familia y salud comunitaria resuelve más del 80% de los padecimientos de los pacientes, que no llegan a las especialidades. No solo combate la enfermedad sino que procura la salud y un tratamiento comunitario con los ayuntamientos. Acabar con la Atención Primaria es acabar con el sistema sanitario en sus elementos esenciales.

¿Cómo se hace esto?

Desde el año 2009 los presupuestos sanitarios han ido reduciéndose en mil millones, ahora con el PP es verdad que el gasto aumenta, pero va a farmacia y a los conciertos. Es verdad, gastamos más. Pero los conciertos ha sido impresionante, En 2022 se han trasladado a la privada un millón de pacientes, récord. La última orden en el BOJA da un paso cualitativo impresionante, permite a los médicos privados el uso de recursos sanitarios públicos. Un privado pude pasar consulta en un centro de salud. Esto es un disparate. Esta última orden es la que ha supuesto una incorporación masiva de partidos y sindicatos [a las manifestaciones]. Hemos estado muchos años clamando en el desierto.

El Gobierno ha hecho algunas modificaciones en la orden y ha firmado un acuerdo con UGT y CCOO, ¿qué les parece?

Las rectificaciones de Moreno han sido actualizaciones. Falsas: no rectifican el espíritu de la orden. En los últimos días hemos tomado una consultado con la oficina del Defensor del Pueblo y otros letrados y nos dicen que, posiblemente, esta orden sea ilegal ¿Por qué? El Gobierno argumenta que lo que hacen es actualizar los precios de los conciertos, pero no ha sido así. Han modificado sustancialmente la orden y, en ese caso, la orden en BOJA no es suficiente, sino que tiene que hacerse con una ley. Una orden sin debate no es suficiente. Tiene que ser una nueva ley, debatida en el parlamento. [Lo que hay] es una promesa. A estas alturas que yo me crea una promesa oral de Moreno… Además se produce una semana antes de las movilizaciones. Hemos criticado esa decisión. Es cierto que no ha sido solo sanitaria, es un Pacto Social, pero ha sido muy inoportuna y se lo hemos saber sin generar bronca.

Los conciertos ya existían en la etapa socialista en Andalucía, ¿qué ha cambiado?

Esto ha sido una profundización, pero antes nunca habían habido de privatizar la Atención Primaria. La aberración es tomar la Atención Primaria como una consulta médica: es mucho más que una consulta médica. Sustituir un centro de salud por una consulta de médico privado es un insulto a la especialidad médica que es medicina de familia y comunitaria.

¿Cuándo empieza a cambiar este concepto sobre la Atención Primaria?

Desde la pandemia cambia el concepto de medicina comunitaria. Era difícil acceder al centro de salud. Ahora el acceso no se ha normalizado. Han seguido usando la argumentación que valía en los primeros meses de la pandemia, pero ya no sirve. Hay que normalizar el acceso a los centros de salud. El cierre físico de los centros de salud ha supuesto una interrupción de la relación con la comunidad, todo eso está detenido. No se ha retomado la normalidad después de la pandemia. Desde enero de 2020 no se hacen reuniones con colectivos, con los vecinos. Vamos camino de tres años, en que la Atención Primaria en sus funciones no existe.

¿Es cuestión de dinero o de intención política?

Ambas cosas. La organización es nefasta. No se pueden hacer consultas médicas por teléfono, no se puede auscultar por teléfono. Aquí se mantiene la vía telefónica. Claro que hay un componente organizativo y un componente presupuestario. Desde 2010 se han perdido 9.000 sanitarios en Andalucía.

El Gobierno andaluz asegura que eso se ha revertido y que ahora hay miles de sanitarios más que antes.

Siempre son medias verdades. Cuando hablamos de esto, hablamos de plantilla. Yo hablo de plazas a concurso público y de propietarios de la plaza, no de contratos. Así estaban los centros de salud: donde había once propietarios, hoy hay tres, el resto son contratados. El argumento [del Gobierno] se basa en contratos. El orgullo mayor que nos cuentan es un año y eso [les parece] un pedazo de contrato. Para la Atención Primaria, eso no es tiempo, Lo importante es que el médico, la persona que te atiende sea la misma siempre.

El presidente y el Gobierno andaluz asegura que no existe ningún plan para privatizar la Atención Primaria y si se les pregunta, cuentan que ellos apuestan por la sanidad pública.

Los cargos políticos tienen un componente de dificultad para diagnosticar la realidad. Esta es una patología generalizada. Los responsables políticos tienen siempre una visión [más optimista] que la realidad. Deciden los políticos y no los técnicos, los técnicos se amoldan. El modelo que ellos defienden es un modelo en que la privada tiene un papel importante. Es su modelo: nosotros defendemos una sanidad 100% pública, sin ningún tipo de colaboración con la privada. El modelo suyo es colaboración pública-privada que en la práctica histórica siempre ha supuesto un crecimiento de la privada y una minoración de la pública, desde que Thatcher comienza en 1983 con las privatizaciones. En todas partes, ha ocurrido esto.

En España y Andalucía, donde hay zonas donde no hay centros públicos, ¿cómo se gesta este modelo?

La ley del 1997  permite la derivación a la privada y especifica casi textualmente que en caso oportuno pueden derivarse pacientes a la privada. Y muy recientemente ha salido la Ley de Cohesión y Equidad del Sistema Sanitario Público, que llamamos la Ley Darias, por la ministra [que la ha auspiciado]. Esa ley no deroga esta posibilidad, por tanto, la hemos criticado duramente. Esa ley lo que hace es decir que el dinero público se dedicará prioritariamente a la sanidad pública, pero en caso de emergencia se podrá [conveniar con clínicas privadas], con lo cual no deroga la masiva derivación [a la privada]. Como en muchas otras coas, el PSOE se queda a medias. Esta ley Darias no resuelve el tema, que legalmente debería ser prohibido.

En Cádiz, sobre todo, hay numerosas zonas donde las derivaciones son permanentes.

Hay un escándalo [en Cádiz capital] desde enero de 2022. Todos los ciudadanos de Puerta Tierra hacia adentro, en lo que se llama intramuros, tienen como hospital púbico de referencia la clínica de Pascual. Cuando un médico de familia de intramuros de Cádiz deriva al hospital a un paciente tiene que ir a la privada. Esto es fruto de una decisión política desde enero de 2022 que afecta miles de personas. Y desde hace tiempo ocurre igual en otros lugares. En el Puerto de Santa cuando se deriva va a Pascual, en Sanlúcar el hospital de referencia público es una clínica de Pascual y en Villamartín otro. Cuatro hospitales de Pascual son hospitales públicos de referencia para los médicos de familia. El grado de privatizaron ha sido cuantitativo y cualitativo. [¿Cómo va a ser] igual uno privado que uno público, sin control de las calidades, de las cualidades, de las habilidades. Fíjese si hay motivos para estar escandalizados. Nosotros criticamos que el Gobierno socialista ha abonado el terreno de lo que sucede hoy. Tiene responsabilidad política. En Sevilla, toda la región de San Juan De Aznalfarache tiene al Hospital de San Juan de Dios. Con un cura de habitación en habitación. Y ese es el hospital público de todos los miles que viven en esa zona.

¿Cómo está el ámbito rural?

Es un escándalo. El deterioro de la asistencia llega a niveles de escándalo. No encuentran médico que vaya a los pueblos. Si alguien vive en Sevilla y la oferta es por tres meses, no la cogen, se quedan en Sevilla en la privada. Va de la mano de la oferta laboral del SAS, que son contratos precarios. [Esto provoca] una ausencia de atención directa. Por las tardes no hay atención. Tener ambulancias sin médico es hoy día normal, y [no puede ser] por muy bien entrenados que estén los enfermeros.

También se ha planteado implantar en Andalucía una especie de triaje por el cual, en función de lo que tenga, al paciente que llega a un centro de salud no lo atiende un médico.

Lo hemos criticado enormemente. Soy un defensor de la enfermería a tope, pero hay cuestiones que no entran en sus funciones. Cada uno tiene una formación y unas responsabilidades.