Dos años del viaje a ninguna parte de Juan Carlos I, el rey que hundió la imagen de la monarquía

La vida de Juan Carlos I transcurre en la "tranquilidad" de Abu Dabi. Allí está y allí seguirá de forma "permanente" y "estable", según consta en el último capítulo de una larga historia de sospechas en torno al origen de su fortuna. El desgaste de la monarquía, inmersa desde hace ya varios años en un mar de incertidumbres y acusaciones en torno al dinero recibido por el exmonarca, también forman parte de este complejo trayecto.

La cronología de Juan Carlos I en estos dos últimos años no es precisamente la biografía ideal del estadista que trajo la democracia, tal como figura en el apartado dedicado a su trayectoria que aún conserva en la página web oficial de la Casa Real. Un apartado en el que no aparece ni una línea sobre su lado oscuro, ese mismo lado oscuro que en agosto de 2020 le condujo a marcharse para no volver (de momento).

El historiador Miguel Ángel Ladero puede decir con razón que el último acto público de Juan Carlos I le tuvo, involuntariamente, como protagonista. En mayo de 2019, el emérito se presentó en la entrega del Premio Órdenes Españolas otorgado al prestigioso académico. A finales de eses mismo mes, el exmonarca anunció su retirada de la vida pública. Los momentos más intensos estaban aún por venir.

Un regalo

Marzo de 2020 tiene una hemeroteca sumamente densa, y no sólo en términos víricos. El día 14 de ese mes, el diario británico The Telegraph reveló que Felipe VI aparecía como segundo beneficiario de Lucum, la fundación con sede legal en Panamá a través de la cual el emérito había recibido en 2008 la friolera de 65 millones de euros, un supuesto obsequio del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí que luego él transfirió a Corinna Larsen.

Al día siguiente, con España confinándose por orden del Gobierno a causa de la explosiva pandemia, la Casa Real dio a conocer un comunicado mediante el cual Felipe VI anunciaba su decisión de renunciar a la herencia de su padre. Además, le retiraba la asignación que hasta entonces percibía en su calidad de exmonarca.

Obligado por las circunstancias, el rey admitió entonces que era cierta su vinculación con Lucum, al tiempo que aseguró que en abril de 2019 había comparecido ante notario "para manifestar que ha dirigido una carta a su padre, el Rey don Juan Carlos, a fin de que si fuera cierta su designación o la de la Princesa de Asturias como beneficiarios" de Lucum, "dejara sin efecto tal designación".

Las circunstancias también le obligaron a referirse a sus posibles vínculos con la Fundación Zagatka, otra de las entidades ligadas a la turbia fortuna del emérito. En ese caso, que había sido dado a conocer por el diario El País, Felipe VI decía desconocer "por completo totalmente y a día de hoy su supuesta designación como beneficiario de dicha Fundación".

"Acto simbólico"

"La decisión de Felipe VI fue un acto simbólico que pretendía evidenciar la ruptura con su padre y presentar su mandato como algo nuevo y alejado de las prácticas de corrupción del rey emérito. Un gesto directamente vinculado a la herencia y, por lo tanto, no solamente al posible acceso a dinero conseguido de forma fraudulenta, sino al intento de cortar el cordón umbilical con su padre o de matarlo en términos psicoanalíticos", reflexiona la politóloga María Corrales.

"Se buscaba generar un imaginario de ejemplaridad ante un contexto de pandemia"

"Asimismo, es evidente que se buscaba generar un imaginario de ejemplaridad ante un contexto de pandemia y de grandes sacrificios para la ciudadanía y, a la vez, dar espacio a los partidos monárquicos para poder criticar la actitud del rey emérito sin erosionar a la monarquía como institución. El gesto del rey hace un año fue el decisivo para establecer una escisión entre la institución y la actitud particular de su padre", continúa. 

Lo cierto es que tormenta sobre la Casa Real estaba lejos de disiparse. Durante los meses siguientes –de forma paralela al crecimiento de la pandemia y de los estados de alarma solicitados por el Gobierno– los escándalos en torno a la riqueza de Juan Carlos I se sucederían a gran velocidad.

Según se conoció el 1 de mayo de 2020, Arturo Fasana, un gestor suizo dedicado al manejo de grandes fortunas, relata a la Fiscalía suiza que el emérito le había entregado 1,9 millones de dólares al parecer donados por el sultán de Bahréin en 2010. 

Operación salida

La ya conocida afición de Juan Carlos I por las dictaduras árabes dejaría otras tantas noticias. El 8 de junio de 2020, la Fiscalía del Tribunal Supremo abrió una investigación sobre el presunto pago de comisiones en la construcción del AVE a La Meca y la posible relación del exmonarca con esos hechos.

El primer verano del coronavirus sería, al mismo tiempo, el último verano de Juan Carlos I en La Zarzuela. El 3 de agosto de 2020 en horas de la tarde llegó otro comunicado en formato carta desde la Casa Real, ahora para contar que el emérito se había marchado con destino incierto. 

Hubo que esperar algunas semanas para conocer que, fruto de aquella afición por los regímenes absolutistas antes mencionada, había elegido instalarse en la siempre calurosa Abu Dabi, donde recibiría el también caluroso afecto de sus amigos de la dinastía Al-Nayahan.

Corrales apunta un dato interesante: Felipe VI "ha huido siempre de relacionar su imagen o sus discursos a la corrupción y figura de Juan Carlos I". Cuando ha habido que hablar de decisiones complicadas en torno a la figura de su padre, siempre ha recurrido al formato carta, evitando así que "su función institucional se redujera a hablar de sí mismos", apunta.

El fraude

La Fiscalía del Supremo regresaría a las portadas el 3 de noviembre de 2020, ahora de la mano de una segunda investigación abierta a Juan Carlos I en torno al uso de tarjetas opacas para gastos familiares entre 2016 y 2018. De forma paralela se abriría una tercera investigación sobre el dinero que el padre de Felipe VI tenía en una cuenta bancaria en Jersey, un paraíso fiscal en toda regla.

El emérito movió ficha en diciembre de 2020. El día 9 de ese mes presentó una  declaración tributaria voluntaria, dirigida a saldar la deuda de 678.393 euros que tenía con Hacienda. Dos meses después volvería a desprenderse de una suma mayor (4,3 millones de euros), ahora por vuelos de una compañía de jet privados pagados hasta el 2018 por la Fundación Zagatka, propiedad del primo del rey emérito, Álvaro de Orleans.

El 12 de mayo de 2021, el Gobierno confirmó que la Agencia Tributaria había abierto una investigación en torno a estas cuantiosas regularizaciones fiscales, que a su vez indicaban la asunción por parte del emérito de que había cometido un fraude de varios ceros. 

"Perturbadoras"

El 3 de septiembre de 2021 –exactamente 13 meses después de que se conociera la noticia de su salida del país–, el diario El Mundo publica que la Fiscalía estaba convencida de que había cobrado comisiones por la intermediación en negocios empresariales. En tal sentido, cabe destacar que ese papel de  "comisionista" del rey ya había sido dado a conocer anteriormente por Público.

En medio de tantos escándalos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encontró un término para definir la complicada situación que rodeaba un día tras otro al emérito: en julio de 2020, el mandatario tildó las informaciones que giraban en torno a los negocios y la fortuna del exmonarca como "perturbadoras", un concepto que volvería a emplear en octubre de 2021. 

La situación obligaba también a insinuar pasos en torno al delicado escenario que afrontaba la monarquía. Sánchez había avanzado a finales de 2020 que La Moncloa y La Zarzuela trabajarían de forma conjunta en una "hoja de ruta" para abordar asuntos tan peliagudos como la "transparencia", "ejemplaridad" y "rendición de cuentas" de la monarquía. Sin embargo, en los 15 meses transcurridos desde entonces no ha habido noticias en esta materia.

"No hay ningún avance en la cuestión normativa porque la hoja de ruta de este Gobierno es la recuperación económica. Es nuestra prioridad", afirmó el pasado 7 de diciembre la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

Diligencias archivadas

No todo serían reproches o acusaciones. El 13 de diciembre de 2021, la Fiscalía suiza archiva la investigación sobre los ya famosos 65 millones de euros, fruto de una donación por parte del régimen saudí al emérito. El Ministerio Público de ese país señaló entonces que no había conseguido "establecer un vínculo suficiente" entre los 65 millones y el AVE a La Meca. 

La segunda buena noticia para Juan Carlos I llegaría el pasado 2 de marzo,  cuando la Fiscalía del Supremo anunció el archivo de las diligencias que le afectaban. Entonces creció con más fuerza si cabe la pregunta que desde finales de 2021 recorría redacciones de medios de prensa y despachos de políticos: ¿estaba el emérito preparando las maletas para volver a Madrid?

Se queda

No, no estaba. El 7 de marzo, Casa Real volvió a publicar una nota epistolar firmada por el emérito, en la que le contaba a su hijo que había decidido mantener su residencia en Abu Dabi "de forma permanente y estable". 

"Este último anuncio del emérito diciendo que se quedaba definitivamente a residir en Abu Dabi es otra muestra de cómo se ha sacrificado una pieza clave de la Casa Real para salvar al conjunto de la jefatura del Estado".

El último comunicado solemne de la Casa Real sirvió para dejar claro otro punto: si Juan Carlos I viene a España, no se hospedará en La Zarzuela. El rey que hundió la imagen de la monarquía ya no tiene cama en el palacio.