La idea del PP y de Ciudadanos en Andalucía es permanecer en el poder el mayor tiempo posible. El nuevo gobierno, el primero no socialista, arrancó con grandes ambiciones -convertir la Comunidad, con altas tasas de paro estructural, en un "centro neurálgico de la inversión"- y en medio de una gran expectación en sectores empresariales y tradicionales, católicos, que nunca como en este momento habían tenido la capacidad de influir en las políticas de la Comunidad. El 2 de diciembre pasado, fecha de las elecciones, cambió el rumbo de la Junta de Andalucía, que administra el mayor presupuesto autonómico del país, unos 36.000 millones de euros.

El gobierno andaluz está formado por PP y Ciudadanos. Necesitan los apoyos de un tercero, el partido de ultraderecha Vox, para mantenerse en el poder. Los primeros pasos del nuevo gobierno estuvieron marcados por la presión de los ultras, cierto caos e improvisación, y, también por las ganas de agradar, a todos, también a los suyos. Su primera medida fue una rebaja fiscal para millonarios (la bonificación al 99% del Impuesto de sucesiones y Donaciones, que en Andalucía pagaba solo quien heredase más de un millón de euros). Fue una entrada piano, piano en territorio comanche. La Junta de Andalucía, que siempre, desde su creación, ha dirigido el PSOE, es un mastodonte que lleva tiempo controlar.

Para cumplir con su objetivo de permanecer largo tiempo en el poder en una comunidad que, según los datos del CIS, está sociológicamente escorada a la izquierda, PP y Ciudadanos consideran que necesitan, además de suerte y de acertar con las decisiones que tomen, sujetar a Vox y extender la sensación de que la gestión socialista en la Junta era era negligente y cuando no, era corrupta. Así, el gobierno se ha aplicado a levantar supuestos escándalos para -en medio del ruido generado- aplicar su programa, de derechas, liberal en lo económico, con la idea de abrir al negocio privado la administración pública en todas las áreas que sea posible. El consejero de la presidencia, Elías Bendodo (PP), mano derecha de Moreno, se ha aplicado a ello estas semanas, martes tras martes en la rueda de prensa posterior a los consejos de Gobierno con dedicación y eficacia, sobre todo al principio.

La mejor expresión de esta estrategia se pudo ver durante la presentación del plan de choque contra las listas de espera, que en realidad se ha confiado al sector privado, a quien se transferirán de inmediato millones de euros. "¿De verdad es eso privatizar la sanidad o es solucionar los problemas de los pacientes?", dijo el inefable consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre a la agencia Efe, mientras el Gobierno hablaba de escándalo y de ocultación de pacientes en las listas de espera.

El mismo esquema del plan de choque sanitario, con matices particulares, se ha repetido con diversos asuntos -la ejecución presupuestaria, las listas de espera de la dependencia, la igualdad entre sexos-, que tienen en común todos ellos, al igual que el sanitario, ser banderas de toda la vida de la izquierda. El PP y Ciudadanos han podido meter en ellos la cuña con cierto éxito por el deterioro evidente de los servicios públicos a lo largo de todos estos años de crisis y de cierta renuncia también en el discurso del PSOE en Andalucía a defenderlos con la máxima firmeza en estos años.

El objetivo último de este planteamiento es erosionar las expectativas electorales de los socialistas, que conservaron la primera plaza en los pasados comicios, con siete puntos de ventaja sobre el PP. Si los conservadores y los liberales logran instalar la idea de que un Gobierno de PP y Ciudadanos es sinónimo de una gestión eficaz mientras que un Gobierno del PSOE equivale a despilfarro, incompetencia y corrupción, estarán más cerca de repetir otra legislatura más.

Estado de 'shock' en el socialismo

Los socialistas, en estado de shock tras perder el Gobierno andaluz por primera vez, y, por momentos más ocupados en cuestiones internas -ahora ocultas debajo de la alfombra por la cercanía de las elecciones generales y autonómicas- que en dar de verdad la batalla al nuevo gobierno, empiezan a despertar del letargo y a pelear en condiciones el discurso con los conservadores. A veces, da la impresión, desde fuera, de que los socialistas andaluces, mermados por una interminable guerra interna, han perdido el instinto de supervivencia que les llevó a estar durante 37 años consecutivos en el poder.

Aunque los exconsejeros socialistas José Fiscal y Antonio Ramírez de Arellano llevaban un tiempo desmintiendo las “mentiras” del PP y defendiendo que obedecían a un intento de ocultar incumplimientos y de aplicar políticas de transferencia de rentas hacia las clases más favorecidas, los socialistas no habían logrado que las afirmaciones de los conservadores parecieran más literatura -propaganda- que precisión -hechos-. Hasta que la hoy ministra de Hacienda, María Jesús Montero no elevó la voz en un desayuno informativo en Sevilla y, en presencia del consejero de Hacienda, Juan Bravo, en el que pronunció palabras que sonaron a precisión -hechos-, el PSOE no logró que los argumentos del Ejecutivo andaluz sonaran a literatura -propaganda-.

Montero ha sido consejera de Salud y de Hacienda de tres presidentes socialistas, Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz, y quien más duro golpeó esta estrategia de los conservadores y los liberales. Lamentó "los excesos verbales y la ligereza" de las críticas y remachó: "Intentan dar la impresión de que tienen que poner todo patas arriba para justificar tanto el incumplimiento de promesas, que van cayendo por el camino conforme avanzan los días, como ese relato del caos y del despilfarro de los gobiernos socialistas”.

La semana pasada, los socialistas también bajaron a la arena y confrontaron con la consejera de Igualdad, de Ciudadanos, por la bandera de la igualdad con dureza argumental y con un amplio despliegue en redes sociales. El exconsejero Felipe López también se fajó en comisión parlamentaria. El PSOE ya no parece dispuesto a mantener una defensa rutinaria, para cubrir el expediente, de su labor en el Gobierno, sino que ha pasado a combatir el discurso del Ejecutivo dato a dato.
Los socialistas han recopilado lo que llaman incumplimentos de PP y Ciudadanos y fake news que se distribuyen desde el Ejecutivo.

La cuestión sigue abierta en términos políticos. ¿Lograré el PP convencer que sus datos, tan oficiales como los anteriores, los que daba el PSOE, son precisión y no literatura o logrará el PSOE convencer de que son literatura, pero no precisión?

El segundo frente que necesitan amarrar PP y Ciudadanos es el de la ultraderecha, de quien dependen hoy para gobernar. Hasta ahora, Moreno ha logrado calmar a Vox con concesiones dialécticas en los terrenos en que los ultras han querido, singularmente, inmigración y memoria histórica. Las competencias sobre las políticas de Igualdad, una obsesión del presidente del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, el magistrado antifeminista -condenado por prevaricación- Francisco Serrano, están en manos de Ciudadanos, un partido cuya consejera se declara feminista y que, en rigor, no tiene nada firmado con Vox, aunque los tres partidos -Vox, PP y Ciudadanos- han funcionado hasta ahora como un bloque cada vez que ha sido necesario.

La gran prueba de fuego para PP y Ciudadanos llegará con los presupuestos de la Junta. ¿Qué políticas sacrificarán en el altar ultra, qué concesiones harán para que Vox los vote? De momento, los ultras ya han dejado claro que "jamás votarán otorgar dinero para implementar más políticas de izquierdas",  por ejemplo, las de memoria histórica. Antes de eso, habrá en España elecciones generales, europeas y municipales. Moreno protege así sus cuentas de las tensiones electorales.