La amnistía llega al Pleno del Congreso tras meses de injerencias judiciales

La ley de amnistía llega este martes al Pleno del Congreso. Desde las elecciones del 23 de julio ha sido, sin duda, uno de los asuntos políticos con más foco, sino el que más. Pedro Sánchez evitó durante semanas pronunciarse al respecto pese a que ya estaba en el debate público. Lo hizo finalmente por primera vez el 6 de octubre aunque ya había deslizado antes que no se oponía frontalmente y que es el Tribunal Constitucional quien decide la constitucionalidad de las leyes. 

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE emprendió desde entonces la tarea política de explicar los beneficios de amnistiar a los enjuiciados por el 'procès' de Catalunya. El objetivo último, la convivencia y pasar página de un conflicto político que debe solucionarse por vías políticas y no judiciales. Los contactos con Junts, Carles Puigdemont incluido, y ERC, se sucedieron. 

Mientras la derecha y la ultraderecha políticas, con PP y Vox a la cabeza, han sacado a la gente a las calles y asediaron Ferraz, la judicatura tampoco ha estado quieta. Un puñado de actuaciones judiciales se han sucedido durante los últimos meses. La última de ellas, la reactivación este mismo lunes de la presunta "trama rusa", denominada Operación Voloh, que afectaría a Puigdemont y otras personas de su confianza. 

Otro nombre clave durante estos meses, el juez Manuel García Castellón, también ha prorrogado su investigación sobre Tsunami Democràtic. Estas dos decisiones se han producido a poco menos de 24 horas del Pleno del Congreso. 

La estrategia del PSOE y del Gobierno de Sánchez ha sido hasta la fecha la de evitar críticas públicamente a los jueces por sus actuaciones. En los pactos de investidura con los partidos independentistas se incluyó, eso sí, la apertura de comisiones de investigación en el Congreso sobre lawfare contra políticos catalanes.

Sánchez sí que ha mencionado en algún contexto muy concreto, como durante la reforma del delito de sedición, el concepto de "derecha judicial" que intentaba boicotear una votación parlamentaria. 

Pero en privado, fuentes de la dirección socialista no esconden a Público su indignación con los últimos autos judiciales. Apuntan incluso a que el objetivo no es la ley de amnistía en sí sino que estos poderes, políticos, mediáticos y también judiciales, quieren acabar con la legislatura. 

La decisión del juez sobre Puigdemont provocó que fuentes del PSOE trasladaran un mensaje. "Los tiempos de la judicatura están empíricamente alineados con los tiempos del legislativo. Cada vez que el legislativo mueve ficha, un juez mueve ficha. Y eso que la ley no está aprobada", señalaron este lunes. "Tiene un objetivo claro", añadían en Ferraz. 

Las críticas directas a los jueces siguen siendo, no obstante, un tabú de manera pública. Sin embargo, vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, azuzó el asunto hace unos días. "Nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que, evidentemente, tiene una implicación política importante", dijo en una entrevista al ser preguntada por García Castellón y la vinculación que hace entre Puigdemont y el terrorismo. 

El PP aprovechó para salir en defensa del juez y criticar duramente al Gobierno. Moncloa se apresuró en transmitir un mensaje "respeto" a las decisiones del poder judicial aunque, en ocasiones, no comparta algunas de ellas". Destacó también el Ejecutivo que "siempre defenderá" a los jueces de "cualquier injerencia en su trabajo". 

Una sucesión de declaraciones y autos

El comienzo del mes de noviembre también fue intenso a nivel judicial. Quedaban pocos días para la investidura de Sánchez y la ley de amnistía ya se negociaba con Junts y ERC. El acuerdo con el partido de Puigdemont llegó el 9 de noviembre y con ERC lo había hecho el día 2. En ese marco, el día 6 de noviembre, el citado García Castellón emitía un auto para investigar por terrorismo al expresident catalán y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira. 

La Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió recurrir el auto y en eso basó sus declaraciones entonces la portavoz de Moncloa, Isabel Rodríguez, cauta con las palabras sobre el juez. "Ahí están los hechos, es una causa que se lleva instruyendo cuatro años. Vemos otros operadores jurídicos que tienen criterios distintos, como la Fiscalía", dijo.

La pasada semana, García Castellón citó a declarar también a dos policías que sufrieron heridas de gravedad en la manifestación ocurrida el 18 de octubre de 2019 en Barcelona tras conocerse la sentencia del 'procés'. Deslizaba el juez que esas agresiones podrían ser tipificadas como delito contra los derechos humanos. Justo la excepción, la de los derechos humanos, que dejan fuera las enmiendas pactadas a la ley por PSOE y los independentistas catalanes. 

Esos días también se produjo un hecho con pocos precedentes. Los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ, nombrados por el PP, con su mandato caducado desde hace cinco años, aprobaron una declaración contra una ley que todavía no estaba ni registrada en el Congreso.

Ahí sí Moncloa no perdió la ocasión de cargar contra su actuación. "No deja de ser inaudito que en un órgano en el que están sentadas personas con estos conocimientos se emita un pronunciamiento acerca de una norma que no existe. Se califica por sí solo. Hubiera estado bien que actuaran con la misma celeridad sobre su mandato caducado", señaló. 

También en noviembre, en este caso ya después de la investidura de Sánchez y en principio sin relación directa con la amnistía, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) puso fecha al juicio de varios exaltos cargos por la organización del 1-O: el ahora presidente del grupo parlamentario de ERC, Josep Maria Jové; el también ahora presidente del Port de Barcelona, Lluís Salvadó; y la actual consejera de Cultura, Natàlia Garriga.

El TSJC fijó el inicio del juicio por el 10 de abril y se alargará varias sesiones hasta mayo. Jové y Salvadó están acusados de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, y Garriga, del delito de desobediencia grave a la autoridad.