Pese a que la Junta de fiscales de Sala, este martes, ha avalado el criterio del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en cuanto a la aplicación de la ley de amnistía para el delito de malversación en la causa relacionada con el procés, su triunfo es agridulce y la mayoría con la que ha contado, exigua: 19 votos a favor, 17 en contra y una abstención. 

Los cuatro fiscales del Supremo --Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno--, que han forzado la Junta de fiscales por desobedecer al fiscal general en cuanto al criterio sobre la amnistía, han escenificado, una vez más, la oposición de buena parte de la carrera fiscal a un fiscal general que no ha conocido un día de paz desde que fue nombrado, en agosto de 2022, en sustitución de la anterior fiscal general, Dolores Delgado. 

La soledad de Álvaro García Ortiz es patente. Incluso fiscales de la misma asociación que la del fiscal general, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), se han dado de baja en el último año o han votado en sentido contrario a García Ortiz. Esto ocurrió el pasado mes de febrero cuando 12 de los 15 fiscales de lo Penal del Supremo votaron en contra de la tesis del fiscal general y apoyaron que se investigara a Puigdemont por terrorismo, como finalmente decidió el Supremo.

Nunca antes un fiscal general ha estado tan cuestionado. Y parece que no lo es por una cuestión técnica o jurídica concreta, sino por causas coyunturales, como llegar a la cumbre de la mano de la denostada exfiscal general del Estado Dolores Delgado, para empezar, y apoyar jurídicamente las leyes que impulsa el Gobierno que le nombró, entre otras, la ley del solo sí es sí y la de amnistía. 

García Ortiz no solo está cosechando críticas de la carrera fiscal, sino también acciones de desobediencia inéditas, como la protagonizada por los fiscales que intervinieron en el juicio del procés, que se han negado a obedecer su orden de pedir ante el Supremo la aplicación de la amnistía para todos los delitos comprendidos en la causa, incluido el de malversación. 

La orden del fiscal general considera que los cuatro fiscales del procés  confunden el "ánimo de lucro" que exige el delito de malversación con el "enriquecimiento personal de carácter patrimonial" de aquellos hechos que la ley de amnistía considera no amnistiables. 

Tras la Junta de fiscales de Sala este martes, el asunto finalmente se ha saldado con el triunfo de la tesis de García Ortiz, que como fiscal general tiene además la última palabra. 

En noviembre de 2023 el Supremo anuló el ascenso de Dolores Delgado a la máxima categoría de la Fiscalía, como fiscal de Sala de lo Militar del Supremo, al entender que se produjo por parte del fiscal general desviación de poder. Seis meses después, la Sala de lo Contencioso-Administrativo anuló nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática. 

La decisión se produjo tras presentar recursos contra el nombramiento la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el fiscal antidroga Luis Ibáñez, que se presentó como candidato para el mismo puesto.

Los frentes abiertos en la Justicia

La APIF, asociación minoritaria en la carrera fiscal, llevó a la Justicia el propio nombramiento de García Ortiz como fiscal general del Estado, en la actual legislatura, en noviembre de 2023, después de que el CGPJ no avalara su idoneidad. El recurso de la APIF tiene que estudiarlo el Supremo, que podría además abrir causa contra el fiscal general por la querella del novio de Ayuso.

Alberto González Amador se querelló contra la Fiscalía de Madrid por revelación de secretos al difundir en una nota destinada a los medios de comunicación datos sobre la asunción por parte del novio de Ayuso del delito fiscal y la propuesta de un acuerdo con la Fiscalía. 

El fiscal general ha asumido como una decisión suya la difusión de aquella nota de prensa, cuyo objetivo era desmontar el bulo lanzado por el entorno  de Isabel Díaz Ayuso respecto a que había sido la Fiscalía la que habría ofrecido el acuerdo. 

La querella la investiga el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha abierto una causa contra dos fiscales de Madrid. Pero el fiscal general del Estado ha reconocido su participación y pide que sea el Supremo el que se encargue de dicha causa, al ser el competente para investigar a los aforados.  

Fuentes cercanas a Álvaro García Ortiz indican que el fiscal general no tiene intención de dimitir si finalmente se produce su imputación.