El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha renunciado a que el Ayuntamiento de la capital cobre más de dos millones de euros durante este año en concepto de tasas que deberían pagar los establecimientos hosteleros por las terrazas en las zonas de estacionamiento de vehículos, cuya instalación se facilitó para paliar las consecuencias de las restricciones por la pandemia de covid-19.

Hace unos días ya conocimos que Almeida renunciaba a solicitar decenas de millones de euros de los fondos europeos que iban a estar destinados a reformar el parque de viviendas de la capital. El Gobierno municipal sólo ha pedido 24 millones de los 160 que tiene la Comunidad de Madrid para repartir entre sus municipios mientras acudía a Bruselas para quejarse por el reparto de dichos fondos.

El pasado 3 de febrero, la Junta de Gobierno municipal decidió desistir de la tramitación de la propuesta de imposición de la llamada Tasa de Terrazas de Hostelería en Banda argumentando que la nueva Ordenanza de Terrazas que impulsaba el Área de Gobierno de Vicealcaldía no había sido aprobada hasta el día 25 de enero de 2022.

Esta nueva Ordenanza de Quioscos y Hostelería de Restauración modifica la que estaba vigente desde 2013 bajo el mandato de Ana Botella, que se había quedado desfasada por las nuevas circunstancias de la pandemia. La principales novedades son que mantiene durante dos años más la mayoría de terrazas situadas en aparcamientos -excepto en los barrios con protección acústica- y regula nuevas formas para disponer las mesas y sillas en la calle.

La Junta de Gobierno ya había aprobado el pasado 21 de octubre de 2021 el proyecto definitivo de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local con terrazas de hostelería en bandas de estacionamiento de vehículos. El cual preveía imponer esa tasa nueva con efectos desde el 1 de enero de 2022. Y se justificaba su imposición por "su carácter diferencial respecto al resto de terrazas en la afección al tráfico rodado, a la ocupación de zonas SER, y las molestias vecinales".

Por eso no se entiende que ahora, el Gobierno de Almeida renuncie a dicha tasa. Hay que recordar que durante los años 2020 y 2021 todas las tasas de las terrazas quedaron suspendidas como medida de compensación por las restricciones impuestas por la pandemia. Ahora se ha recuperado la tasa de las terrazas situadas en las aceras pero no por las surgidas a raíz del covid-19.

Casi tres millones presupuestados

De acuerdo al Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2022, esta nueva tasa de terrazas tenía previsto recaudar un total de 2.950.859 euros. Teniendo en cuenta que la tasa para terrazas en bandas de estacionamiento propuesta en la ordenanza es superior en promedio al 72% más que una terraza en acera, el Ayuntamiento renuncia a obtener unos 2.125.000 euros.

Pero no solo eso. También habría que seguir sumándole la pérdida de ingresos derivados del Servicio de Estacionamiento Regulado, es decir el pago por los vehículos que hora no cuentan con esos espacios para aparcar, y que alcanzaría un total de 15 millones de euros en los próximos ejercicios.

Más Madrid exige corregir este "importante perjuicio"

El grupo municipal Más Madrid critica la falta de entendimiento entre las distintas áreas del gobierno municipal y exige "corregir lo que a todas luces es un importante perjuicio para el interés general y un descrédito para su gobierno". Desde la formación consideran que el gobierno de Almeida "se caracteriza por la ineficacia en la gestión, por su incompetencia y el caos".

Esta semana, el concejal de Más Madrid Miguel Montejo pidió explicaciones en la comisión municipal y argumentó que "bien se debería haber tramitado la Ordenanza Fiscal en el tiempo y forma previsto originalmente" o "bien deberían haberse aprobado las nuevas tasas tras su aprobación, aplicando bien de forma retroactiva a 1 de enero, bajo el principio de grado mínimo de retroactividad y equilibrio normativo".

Desde Más Madrid también critican la nueva Ordenanza de Terrazas porque no "logra dar seguridad jurídica a los hosteleros, ni tan siquiera a las propias Juntas de Distrito" y consideran que "la ausencia de un diálogo real con los vecinos y los grupos municipales ha parido una chapuza".