Benito Benítez, el alcalde al que la democracia condenó en 1979 por exhumar una fosa de la Guerra Civil

A Benito Benítez Trinidad, alcalde del municipio extremeño de Torremejía, le costó demasiado caro exhumar los cuerpos “de los de la guerra” a finales de agosto del 79. Su acción a favor de la memoria casi lo inhabilitó de la alcaldía con una sentencia firme del juzgado de Mérida. El delito, presunta malversación de fondos (por exhumación de una fosa) con el dinero de la partida destinada al entonces llamado empleo comunitario. Además de una sanción de 50.000 pesetas.

A Trinidad, hoy ya fallecido, le marcó para siempre aquel episodio. “Hubo un enseñamiento total con el alcalde. No querían que esta acción se extendiera en todos los pueblos donde podían hacerse las exhumaciones fácilmente por los testimonios orales que había en la época”, aclara a Público Álvaro Fernández, vecino del municipio,

“Todo comenzaría en el mes de junio de 1979. Un grupo de personas acudió a la autoridad local y le solicitó el traslado de restos de personas fusiladas en la contienda civil”, destacaba la prensa local de aquellos días. “En una sesión plenaria en julio (del año 79), el señor Benítez dio cuenta a la corporación del acuerdo al que se había llegado, prestando la corporación su conformidad”.

“Le echaron cal viva a
los 33 cuerpos para no reconocerlos”, recordaba

La inexperiencia de la nueva democracia llevó a Trinidad a ratificar el acuerdo en el apartado de Ruegos y Preguntas. Al no constar en acta la decisión, con cuatro concejales del PTE, tres de UCD y dos del PSOE, Benítez inició los trámites de la exhumación con un evidente vacío legal. Ocho trabajadores del plan de empleo comunitario, con un jornal de 900 pesetas, participaron en la apertura de la fosa.

“Benito era muy inexperto y usó esa partida y el sueldo de esos trabajadores durante dos días para el traslado de los huesos sin saber cuál podían ser las consecuencias”, apunta Álvaro. La fecha nunca se borró de la memoria colectiva en Torremejía: 16 y 17 de agosto de 1979. La intención era buena para los vecinos. No la vieron igual los políticos de la oposición que hicieron todo lo posible por arrebatarle la alcaldía.

Álvaro Fernández recuerda de forma nítida aquel suceso. “Le hice a Benito una entrevista en el año 2005 sobre lo ocurrido”. En ella comentaba que “la antigua fosa estaba en una calle y no se podían depositar flores”. La vieja tumba de los represaliados estaba en una calle del viejo cementerio, bajo las pisadas de sus vecinos. “Le echaron cal viva a los 33 cuerpos para no reconocerlos”, aclara. Había 32 hombres y una sola mujer. En aquella tesitura sobrinos, nietos e hijos de represaliados olvidados durante casi cuarenta años reclamaban justicia y Trinidad quiso ayudarlos.

La apertura de la fosa no solo se realizó con la ayuda voluntaria de los trabajadores municipales, que según recordaba Benito, “dejaron su trabajo en los jardines para ir al pie de la fosa”. Y es que el rencor estaba aún latente. Trinidad rememora en la entrevista como los vecinos exiliados en Francia y de vacaciones en el pueblo y los familiares de las víctimas quisieron participar en la exhumación y “hacer una manifestación pública con los restos de las víctimas”. Incluso ir a la casa de los asesinos. Benito pudo retener los ánimos y todo el traslado se realizó en apenas dos jornadas.

Nadie había olvidado en Torremejía los sucesos del 36, ni el terror instaurado por la mano de Queipo de Llano que fusiló a una treintena de vecinos. Álvaro recuerda que su madre le contaba como los detenidos estaban encerrados en el palacio que hay frente a la iglesia. “El 14 de septiembre de 1936 le dijeron a los detenidos que irían a Mérida a declarar ante el juez pero los pararon en el cementerio donde estaban hasta las fosas ya cavadas”.

Trinidad nunca se arrepintió de aquella valiente decisión. Así lo destacaba en su entrevista, años antes de su muerte. “El caso es que había que recuperar la memoria histórica porque no fue solo Torremejía. Queipo de Llano hizo lo que hizo y por los pueblos por donde pasó fue aniquilando a toda la izquierda. Fueron miles en Badajoz y en la plaza de toros, aunque algún historiador se niega a una evidencia, que es bastante evidente”.

A la denuncia del juzgado se sumó también en contra de Trinidad, la del cabeza de lista de UCD. “Denunció a Benito por no haber pedido permiso a Sanidad para el traslado de los huesos cuando todos los familiares estaban conformes”. Una condición indispensable para realizar el proceso, ya que, según el artículo 59 de la normativa de cementerios, no resulta necesario la aprobación de la administración si han pasado diez años desde la muerte de las víctimas. “El hacía mucho con los jornaleros, participaba en los piquetes con ellos, en las huelgas y muchos no le perdonaban a Benito eso, que un alcalde se significara tanto”, recién terminada la dictadura.

El homenaje a los represaliados congregó a 1.000 personas en el nuevo camposanto. “La importante acción de Trinidad tuvo un importante calado en toda la comarca”, recuerda Álvaro. A la lápida donde rezan los nombres de los 33 fusilados, lleva también otra inscripción impresa. “A los fusilados por el fascismo el 14 de septiembre de 1936”.

Nadie ha dejado de visitar a aquellos muertos que nunca fueron olvidados. Ni antes sus hijos, ni hoy sus nietos y biznietos. La sentencia contra Benito Benítez fue finalmente sobreseída por la justicia, a pesar de la celebración del juicio un año más tarde, al que acudieron muchos vecinos del pueblo.

Benito recordaría en aquella entrevista toda la batalla judicial que tuvo que vivir con apenas 32 años. “Me procesó el gobernador civil, Lorenzo Martínez Fresneda, por malversación de fondos públicos y estuve procesado año y medio, en libertad provisional. De ahí salí absuelto y, tanto a nivel regional Juan Carlos Rodríguez Ibarra que era secretario general y diputado en las Cortes como Juan María Bandrés y otros estamentos estuvieron apoyándome en todo momento”, calificando de surrealista toda la causa contra el alcalde.

Lo sanción económica fue lo único que tuvo que arrastrar. La multa de 50.000 pesetas del juzgado le llevó al embargo de una de sus vacas, de las que vivía como jornalero. “Gracias a una suscripción popular hecha por los vecinos pude recuperar al animal y no pagar la multa”, recordaría en el año 2005. Trinidad pudo seguir en la alcaldía de Torremejía 24 años más.