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UP y PSOE pactan que la oferta de los trabajadores sea prioritaria para comprar una empresa en proceso concursal

Los socios de Gobierno acuerdan facilitar este tipo de adquisiciones al permitir la capitalización de las prestaciones correspondientes al desempleo.

29/06/2022. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, en una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 8 de junio de 2022, en Madrid
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, en una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 8 de junio de 2022, en Madrid. Eduardo Parra / Europa Press

El PSOE y Unidas Podemos han pactado una reforma para que los trabajadores tengan prioridad a la hora de adquirir las empresas que se encuentren en concurso de acreedores. Para ello, deberán estar organizados en una sociedad cooperativa o laboral.

Además, el acuerdo contempla facilitar este tipo de adquisiciones al permitir la capitalización de sus cotizaciones. Esto implica que los trabajadores puedan utilizar como capital para adquirir la empresa la prestación que les correspondiera por desempleo.

Desde Unidas Podemos señalan que se trata de dos enmiendas para la reforma concursal. Las propuestas se votarán, y previsiblemente aprobarán, durante la votación de las enmiendas a este proyecto de ley este jueves en el Pleno del Congreso. Posteriormente, se mandará al Senado para completar allí su tramitación.

Según el texto, se priorizarán las ofertas, que sean igual o superior al resto, realizadas por trabajadores constituidos en una sociedad cooperativa, laboral o participada. Esta reforma tiene como objetivo garantizar la continuidad de la empresa y los puestos de trabajo. 

Además, una de las enmiendas trata de solucionar el problema de falta de capital por parte de los empleados. Hasta ahora, los trabajadores debían esperar a que liquidara la empresa para poder capitalizar su prestación por desempleo

Roberto Uriarte, diputado de Unidas Podemos, ha celebrado el acuerdo al señalar que las enmiendas "no hacen sino atender el mandato del artículo 129.2 de la Constitución". Este apartado, explica Uriarte, "encomienda a los poderes públicos" a promover diversas formas de participación en la empresa, así como el acceso de las personas trabajadoras a la propiedad.

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