La Secretaría de Estado de Comercio vuelve a ser interpelada por la política de exportación de armas que mantiene España. En un escrito de 30 páginas, una serie de organizaciones en defensa de los derechos del pueblo saharaui junto a grupos antimilitaristas y pacifistas exigen que se paralice el acuerdo entre Navantia y el Reino de Marruecos para la construcción de una corbeta, alegando que esa operación supondría distintas vulneraciones a la normativa nacional e internacional.

Esta iniciativa, impulsada por una docena de colectivos –entre los que se encuentra el Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental, la Asociación de Periodistas Saharauis en España o el Centro Delàs de Estudios por la Paz– llega tras la noticia difundida en enero pasado. Entonces se conoció que el astillero español había logrado un contrato con la Marina Real de Marruecos para "diseñar y construir un patrullero de altura que supondrá un millón de horas de trabajo para los astilleros de la bahía de Cádiz", lo que supondría "cerca de 250 empleos durante los próximos tres años y medio", argumentó Navantia en un comunicado.

El contrato fue dado a conocer por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una visita al astillero de San Fernando –donde se construyen también las corbetas encargadas por Arabia Saudí– en la que estuvo acompañada por la presidenta de Navantia, Belén Gualda. "El proyecto ha contado con el apoyo institucional del Gobierno y su éxito abre la puerta a la contratación de otras unidades similares, lo que implicaría más horas de trabajo y más empleo para la industria naval", afirmó la empresa en un comunicado. De acuerdo a lo informado entonces por distintos medios, el precio rondaría los 150 millones de euros.

En el escrito enviado a la Secretaría de Estado de Comercio, las entidades subrayan que Marruecos "ocupa militarmente la mayor parte del territorio no autónomo del Sáhara Occidental desde noviembre de 1975", tras lo cual hace hincapié en "la actual coyuntura de guerra abierta en el territorio", que se ha reanudado "después de un alto el fuego o cese de hostilidades entre el Frente Polisario y el Reino de Marruecos que duró desde el 6 de septiembre de 1991 hasta 13 de noviembre de 2020".

"La nueva coyuntura que se da en el territorio a raíz del retorno a las hostilidades entre el Reino de Marruecos y el Frente Polisario, a raíz de los sucesos en Guerguerat desde el pasado mes de noviembre de 2020, determina un marco que debe ser tenido en cuenta en relación con las ventas o transferencias de material de defensa y/o armamento al Reino de Marruecos", argumentan.

En tal sentido, remarcan que "la situación de guerra en el Sáhara Occidental se une a una inestabilidad regional por los conflictos de Mali, Libia y una posible extensión del mismo a Mauritania por su cercanía y posición limítrofe con el Sáhara Occidental, habiendo recibido incluso ataques de las fuerzas marroquíes este país al confundir a sus tropas con las del Frente Polisario".

Con esos datos a la vista, apuntan que "las exportaciones de armamento español destinadas al ocupante militar (Marruecos), resultan incompatibles con los compromisos internacionales asumidos por España". Los solicitantes citan distintas resoluciones y convenios, tanto a nivel nacional como internacional, que describen precisamente la situación de vulnerabilidad que atraviesa el Sahara y las responsabilidades de España a la hora de proteger a la población autóctona.

"En definitiva, el Derecho internacional y el Derecho interno apuntalan que la relación de España con el Sáhara Occidental es directa e intransferible mientras no se materialice la libre determinación de su Pueblo", indican, al tiempo que destacan que por tales razones "resultaría contra natura la licitud de la venta de armamento por España a Marruecos para que éste pudiere utilizarlo, incluyendo la amenaza, contra la población saharaui".

Entre otros aspectos, el documento registrado ante la Secretaría de Estado de Comercio subraya que la venta del buque de guerra a Marruecos supondría también una vulneración del Tratado de Comercio de Armas suscrito por España, una cuestión que ha sido denunciada anteriormente por organizaciones como Amnistía Internacional o Greenpeace en relación a la venta de armas a Arabia Saudí.

Secretos oficiales

En estos casos, Comercio suele ampararse en el secretismo oficial que existe en torno a las exportaciones de armas para negarse a suministrar las informaciones concretas que solicitan los organismos de derechos humanos. Lo hace en base a una resolución adoptada por el Gobierno de Felipe González en 1987 bajo el amparo de la Ley de Secretos Oficiales del franquismo.

Tanto el decreto del Ejecutivo de González, que calificó como "secretas" las actas de la Junta Interministerial que analiza las exportaciones de armamento, como la propia Ley de Secretos Oficiales de la dictadura siguen, a día de hoy, vigentes.