El acoso al comisario que destapó a Villarejo y su organización culmina con su procesamiento en Kitchen

En el reciente auto de transformación de la pieza Kitchen, el juez Manuel García Castellón, titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, procesa, sin indicios que merezcan ser llamados como tales según los juristas consultados, a Marcelino Martín Blas, el comisario principal que precisamente puso coto y cercó a la cúpula policial investigada y también procesada en esta pieza, desde el momento que fue nombrado jefe de Asuntos Internos (febrero 2012-marzo 2015), unidad cuya función es velar por la limpieza policial, identificar las manzanas podridas y sacarlas del cesto.

Tras su cese fulminante en marzo de 2015 para que dejara de investigar, Martín Blas es recuperado de inmediato por el juez Arturo Zamarriego, primer instructor del caso Nicolás y la grabación ilegal al CNI, para que lidere una Comisión Judicial compuesta por 6 policías y un jefe de equipo  creada por el magistrado, para llevar la investigación en lugar de la unidad de Asuntos Internos bajo el nuevo jefe Francisco Migueláñez, a la que aparta. Con dicho movimiento, muy excepcional en la historia procesal española, el juez Zamarriego enviaba ya un mensaje nítido: la cúpula policial y la del Ministerio del Interior no eran de fiar. Y el tiempo le ha dado toda la razón. Posiblemente, sin el trabajo de Martín Blas y su equipo, contra todo y pese a todos, lo que ahora se conoce como el caso Villarejo nunca se hubiera abierto dos años más tarde en la Audiencia Nacional.

García Castellón procesa a buena parte de aquella cúpula policial (y también a Martín Blas) por participar o conocer el hecho delictivo investigado en la conocida como Pieza 7 Kitchen: el contubernio ejecutado entre julio y octubre de 2013 para supuestamente sustraer documentación sensible que pudiera tener el extesorero del PP Luis Bárcenas en su poder, usando recursos públicos (fondos reservados y recursos policiales) de forma ilegal. La operación consiste, según el auto del magistrado, en primero captar al chófer de Bárcenas, Sergio Rios Esgueva y, seguidamente, articular un dispositivo policial de apoyo para seguimiento al extesorero y su familia, con el fin de localizar y sustraer la documentación mencionada.

El magistrado responsabiliza al entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, como ideólogos y coordinadores,  y a la cúpula policial como ejecutora del plan por delegación de los anteriores, comenzando por el Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino que, a su vez, según el auto, "se lo encarga primero a Martín Blas" para sustituirle al poco por Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) hasta febrero de 2017.

Se encapsula así el asunto en los muros del Ministerio Interior y la cúpula policial, dejando fuera de la causa a la principal potencial interesada y beneficiaria María Dolores de Cospedal (y a su marido, Ignacio López del Hierro, y a su exjefe de gabinete, José Luis Ortiz) entonces número dos del Partido Popular en su condición de secretaria general.

El juez sobresee también para los jefes de sección del grupo de vigilancias de la UCAO y Asuntos Internos a los que también, como a Cospedal, citó en calidad de investigados, porque tras procesar a sus jefes máximos (García Castaño y Martín Blas) concluye que obedecían ordenes y actuaron por "obediencia debida". Una apreciación discutible, según explican a Público fuentes policiales, en tanto en cuanto dichos jefes no podían no saber quién era Bárcenas o su mujer y su situación procesal, y en todo caso, tenían la obligación de comprobar si las órdenes de seguimiento recibidas estaban encuadradas en una investigación policial dada de alta en el sistema con su correspondiente referencia NIV (Nota de Investigación) o, bajo tutela judicial en su caso, porque la "obediencia debida" carece de eficacia cuando se trata de ordenes fuera de la normativa, según dispone el apartado d) del  articulo 5 de la Ley Orgánica de 1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Procesa a Martín Blas con indicios que no son tales 

El juez imputa y procesa a Martín Blas en ausencia de indicios, como ya informó Público en detalle en artículos anteriores. El magistrado repite en el auto de procesamiento el mismo cuadro "indiciario" que usó para citarle como investigado: lo que llama "conversación" sobre Kitchen entre Villarejo y Martín Blas y que no existe; la declaración de Jesús Vicente Galán, jefe en 2013 del pequeño grupo propio de vigilancias  de Asuntos Internos, sobre una gestión que supuestamente le ordena Martín Blas sobre un vehículo y que nunca se produjo; una única vigilancia atribuida a Asuntos Internos pero de la que no existe ninguna prueba documental y además la agente que la desvela atribuye la orden a Vicente Galán quién a su vez lo niega.

El magistrado pone en la lista, además, un informe que Asuntos Internos envía a su juzgado a golpe de orden del fiscal que informa (y el juez lo omite) de que no existe en sus archivos ninguna referencia documental a ningún operativo de vigilancias, cualquier tipo de gestión o informe relativo a Bárcenas, incluyendo las supuestas notas informativas que el DAO Eugenio Pino declaró (como investigado y derecho a mentir) que Villarejo elaboraba y entregaba a Asuntos Internos, porque, según él, es a Martín Blas, entonces jefe de Asuntos Internos a quien confía en un primer momento la ejecución de plan. La relación de "indicios" termina con un documento incautado a Villarejo sobre datos personales y mercantiles de la familia de Martín Blas que apareció en el mismo periodo temporal que fue elaborado y publicado en las páginas de Okdiario, la web de Eduardo Inda, con el objetivo de desprestigiarle.

Según las fuentes policiales y jurídicas consultadas, se tratan todos de "indicios" sin base alguna para una imputación y mucho menos para un procesamiento:

a) El supuesto primer encargo de Pino a Martín Blas para ejecutar el Plan Kitchen: Solo tiene reflejo en la declaración de Villarejo y Pino. Y los datos demuestran que es falso. Así, del primer paso del Plan, la captación del chófer Sergio Ríos, el sumario acredita que se ocupan García Castaño, el exjefe de seguridad de Cospedal Andrés Gómez Gordo, y el comisario Villarejo. En ninguna de las grabaciones de 2013, año en que tienen lugar los hechos investigados, ni en sus numerosas y extensas declaraciones judiciales por la causa Kitchen, Sergio Ríos menta a Martín Blas, ni como captador, ni como interlocutor, ni como pagador.

b) La supuesta orden de Martín Blas, que este niega, al jefe de sección de vigilancias de su unidad, Jesús Vicente Galán, para indagar en un Citroen C4 (modelo usado por la policía) sin detalle de matrícula o color en una zona sobre la que según este, el exjefe de Asuntos Internos le advierte "que cerca vivían los Bárcenas": no solo no hay constancia documental ni de la orden ni de la gestión de indagación sino que, además, el juez no ordena diligencias para verificar la realidad de la misma, localizando y citando al subordinado (solo tenia 8 agentes) al que dijo Vicente Galán haberle encargado a su vez la tarea y al que no identifica. Durante la declaración de éste en sede policial primero y judicial después, no se le pregunta tampoco si verificó antes de proceder a cumplir la supuesta orden si estaba amparada por una investigación dada de alta en el sistema (NIV).  

c) La vigilancia a los Bárcenas que supuéstamente hace Asuntos Internos bajo mando de Martin Blas: La documentación obrante en el sumario prueba que todas las vigilancias acreditadas las hizo la unidad de Enrique García Castaño, y bajo orden y monitorización directa de éste. La única atribuida a Asuntos Internos es la que declara de palabra una agente, pero sin acta que la ratifique, y cuya orden achaca a Vicente Galán y no a Martín Blas. Por su parte, Vicente Galán negó dicha orden y no habló de ninguna gestión de seguimiento ordenada por su jefe, a quien únicamente le atribuye la gestión para el vehículo C4.

d) El juez cita un informe pedido por la fiscalía a la central de Asuntos Internos que en las fechas de autos mandaba Martín Blas, omitiendo que fue exculpatorio como se comprueba en la imagen inferior. En el escrito se informaba al juzgado de la inexistencia en los archivos de documental alguna referida a Bárcenas.

e) Lo que el juez y la unidad investigadora llaman "conversación" entre Villarejo y Martín Blas para hablar de Kitchen nunca existió, como ya demostró Público. Se trató de una llamada que el 25 de febrero de 2014 (cuatro meses tras el fin del operativo) Villarejo realiza primero a la secretaria del DAO Eugenio Pino para que ésta le pase al móvil de Martin Blas a sabiendas de que éste está allí mismo reunido con Pino. Tras pasarle y hablar con Martín Blas menos de un minuto de un asunto ajeno a Bárcenas, Villarejo pide a Martín Blas que le pase su móvil a Pino para comentarle un asunto. De la transcripción de lo que entonces hablan Pino y Villarejo se desprende que es imposible que Martín Blas supiera de qué trataban solo escuchando al exDAO. El audio de esa llamada obra en el sumario y además fue reproducido por el fiscal durante una declaración de Pino en presencia del juez. Aún así, el magistrado asume de nuevo la versión falaz que recoge el cuerpo del oficio con el que se informó en su día al juzgado de su existencia, que para más inri, adjuntaba la versión correcta del audio en un kilométrico anexo que adjuntaba. El cuerpo del oficio daba el cambiazo a la parte de la transcripción que resumía el minuto en que Villarejo "conversaba" con Martín Blas, usando además un juego visual de cobertura, como se comprueba en la imagen siguiente.

f) Carpeta INTERIOR que contiene el audio y también un carpeta Kit con 9 notas sobre Barcenas de la que los investigadores infieren que Kitchen es una operación bajo el mando de "órganos superiores y/o directivos del Ministerio del Interior"  como Martin Blas. Una deducción incluida en el oficio antes mencionado que puede leerse en el margen izquierdo de la imagen superior y que no responde a la realidad.  

La carpeta INTERIOR se localiza en el pendrive "disco plateado" incautado a Villarejo y referenciado judicialmente como indicio BE09. Contra lo que dice el oficio, del examen de su contenido se infiere rápidamente y con certeza que la etiqueta INTERIOR refiere a "Prensa de Interior y Tribunales", una sección en la que Villarejo tiene infiltrados a la mayoría de sus periodistas afines y en una parte considerable del espectro de medios de comunicación. La carpeta, a la que Público ha tenido acceso, contiene una veintena de subcarpetas donde Kit es una más, y Marcel (con el audio) otra. Cada subcarpeta trata de un asunto en el que trabaja o trabajó (como por ejemplo el caso Nicolás, el caso Varma, el caso Pinto, el asunto de Podemos, ademas de Kit), y en los que hizo jugar a la prensa un papel protagonista. Así, en cada subcarpeta almacena las notas informativas que recogen las historias o versiones de historias que quiere difundir junto a los artículos de prensa publicados sobre la cuestión. 

No es difícil ver que muchos de los artículos de prensa almacenados bajo cada carpeta están firmados por su corte de periodistas y recogen el contenido de las notas de Villarejo. Sin ir más lejos, el contenido de las 9 notas almacenadas bajo la subcarpeta Kit (las que hablan sobre los famosos "cocineros" o confidentes infiltrados en el entorno familiar y de prisión de Bárcenas ) se confecciona en noviembre de 2015 y su contenido es publicado por periodistas afines a Villarejo ese mismo mes así como en años posteriores citando como fuente "notas policiales". La confección y publicación se produce dos años después de sucedidos los supuestos hechos pero coincidiendo con el alta de Kitchen como supuesta investigación oficial en el sistema, con la nota NIV/29,  para amparar en diferido la actuación irregular de vigilancias a Bárcenas y la disposición de fondos reservados y para "regularizar" la situación. Es llamativo que una carpeta tan voluminosa como INTERIOR, cuyo contenido es claro, pueda interpretarse en la Audiencia Nacional de una forma tan distinta.

Distintas varas de medir

Para sobreseer a Cospedal el magistrado alega que hablar con Villarejo no es un delito, que hablar de manejar los medios es "algo banal" o "una conversación social" y que solo hay una referencia directa sobre su supuesta participación (un apunte en una agenda de Villarejo datado en 2013) y, "más importante", que la ex secretaria general del PP y su marido han negado "categóricamente" su implicacion en los hechos investigados. Pues bien, no solo Martín Blas también lo ha negado "categóricamente" sino que además, en esas mismas agendas, el exjefe de Asuntos Internos no es mencionado hasta diciembre de 2013 y por asuntos sin relación con Bárcenas.

El juez apoya la estrategia de Villarejo calificando de “enemistad” la relación entre éste y Martín Blas 

En la página 29 del auto de procesamiento, el titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional califica la relación entre Villarejo y Martin Blas de "notoria enemistad" haciendo así suya una de las principales estrategias (falaces) de defensa del comisario jubilado: recrear en los medios una enemistad recíproca con los que le investigan para acto seguido solicitar que sean apartados de las investigaciones por "falta de parcialidad". 

A Marcelino Martín Blas se le ha incluido en algunos medios en una "guerra de comisarios", expresión que sitúa a Villarejo al mismo nivel que aquel cuya obligación era investigarle como jefe de Asuntos Internos que era, y no por enemistad. El juez instructor del caso Villarejo ve, en cambio, "enemistad" en la labor de Martin Blas y también en la actitud de Villarejo, quien solo buscaba recrear una escena que le permitiera sacarse de encima a su colega y de paso restar credibilidad y objetividad a sus investigaciones.  

Las defensas de Villarejo (Ernesto Díaz Bastién) y de Carlos Mier (bufete Boye&Elbal) alegaron exactamente enemistad recíproca entre Villarejo y Martín Blas en diciembre de 2016, para quejarse de "falta de imparcialidad" y pedir al juez Arturo Zamarriego que lo apartara del caso Nicolas y la grabación ilegal al CNI, junto a su jefe de equipo el inspector  Rubén Eladio López y procediese a disolver la Comisión Judicial. Tanto el juez como luego la Audiencia Provincial desestimaron esa petición por entender que dicha "enemistad" solo estaba en la imaginación de Villarejo (y en los textos de sus periodistas). 

El juez sobresee para Vicente Galán, hombre de Fuentes Gago, y no imputa a Cosidó

El principal beneficiado por el procesamiento del exjefe de Asuntos Internos  es el inspector jefe Jesús Vicente Galán, quien ve archivada su imputación al asumirse que Martín Blas es responsable y, por tanto, cumple sus ordenes como "obediencia debida". El juez no se plantea, pues, la posibilidad de que pudiera actuar por su cuenta (aprovechando las vacaciones de Martin Blas) o bajo  indicaciones de otra persona ajena a Asuntos Internos como, por ejemplo, de su mentor, el también procesado José Ángel Fuentes Gago o de el jefe de éste el DAO Eugenio Pino.

El magistrado soporta también el archivo de la imputación en el desconocimiento que entiende que el inspector tenía del operativo lo que se contradice con el hecho de que una subordinada le señala como ordenante de una vigilancia sobre el "domicilio" de los Bárcenas (en la madrileña calle de Príncipe de Vergara). También de forma contradictoria, se apoya en que Vicente Galán declara que Martin Blas le daba todas las ordenes referidas a gestiones en la "calle General Díaz Porlier " (estudio de la mujer de Bárcenas) una calle diferente de la del domicilio. Además, no se verifica si de verdad se produjeron unas gestiones (vehículo y vigilancia) cuya efectiva realización presenta dudas: no hay actas que ratifiquen, no se identifica al subordinado que debía buscar el vehículo y el conflicto entre declaraciones de la agente y Vicente Galán respecto a la autoría de la orden de vigilar la casa de los Bárcenas. 

Otro punto llamativo es que los motivos del archivo para Jesus Vicente Galán que se recogen en un auto del juez del 1 de junio, se omiten en el auto de procesamiento de 29 de julio (el que se envía a los medios por el gabinete de prensa), donde el magistrado se limita a informar de este archivo para Vicente Galan en el auto de 1 junio donde sobresee pero citando este auto con una fecha equivocada (2 de junio) . No sucede así, sin embargo, con la otra persona sobre la que también se acuerda el archivo de la causa en el mismo auto de archivo de 1 de junio, el comisario José Francisco González García, otro jefe de sección pero del grupo de vigilancias de la UCAO, la unidad de García Castaño .

Vicente Galán es un hombre del ex jefe de gabinete del DAO Eugenio Pino, Jose Ángel Fuentes Gago. Fue Gago quién lo recomienda para Asuntos Internos, y se lo lleva después con él a la DAO, donde presuntamente participa, entre otras misiones, en la construcción de acusaciones falsas contra Podemos. Las agendas de Villarejo recién encontradas (en ausencia de pruebas científicas que corroboren que están escritas en las fecha que se indican) muestran que Villarejo tiene relación con Vicente Galán a partir de, como mínimo, 2014 pero ya en una apunte de 14 de septiembre de 2012, semanas después de que entrase en Asuntos Internos, el comisario apuntaba su nombre y número de teléfono 

Tras su etapa en la DAO, Vicente Galán es recompensado con un fabuloso destino de agregado de Interior en Mauritania.

Y, como el mundo es un pañuelo, y el mundo de Villarejo apenas un retal, resulta que Fuentes Gago comparte con García Castellón a un amigo común también policía: Pedro Agudo Novo, que intimó con el juez cuando ambos coinciden en Roma, Agudo como agregado y Garcia Castellón como juez de enlace. Y las coincidencias no terminan: también se rechaza en Kitchen,  la imputación solicitada por la Fiscalía del que era el director general de la policía (cargo entre el secretario de Estado y ministro), Ignacio Cosidó porque el magistrado no aprecia indicios que señalen su participación efectiva. Agudo era jefe de gabinete de Cosidó hasta septiembre de 2012, mes en el que es relevado tras trascender su presunta vinculación a una academia de preparación de oposiciones para entrar en el Cuerpo Nacional de Policía.

La estrategia del falso culpable es una seña de identidad

Los "proyectos" ejecutados durante años por la organización de la que Villarejo es parte están plagados de falsos culpables creados ad-hoc. En cuanto al objetivo perseguido, la casuística es amplia: destruir a un competidor, sea empresarial o contrincante político (interno o externo); reorientar un caso policial-judicial por la vía de desviar las culpas a otro que dé el pego; o bien para anular una causa articulando campañas de desprestigio contra los investigadores, fiscales o jueces que intervengan, como fue el caso de Martin Blas, del fiscal Anticorrupción José Grinda o el del comisario Jaime Barrado, por citar algunos de los más recientes.

Se busca la creación de un clima de opinión que trabaje en favor de la aniquilación social, política, de la credibilidad o del prestigio del objetivo a batir. Y eso se logra con un "diseño de medios" (Villarejo dixit) que el comisario alimenta con primero sus "notas informativas policiales" y luego con la parte de los sumarios que le interese fijar.  

El acoso a Martin Blas empieza al poco de ser nombrado jefe de Asuntos Internos en febrero de 2012 cuando solicita sin éxito a un juzgado permiso para pinchar a la cúpula de la UDEF (entonces al mando Jose Luis Olivera) al cerciorarse de que los periodistas llegaban antes que los policías a los inmuebles cuyos registros había ordenado el juez del Caso Gurtel (y en  estas operaciones la sorpresa es clave). Al enterarse, la cúpula policial entró en furia. Al poco, le siguió el caso Colombo, que Martín Blas abre al detectarse nuevas  filtraciones de informes de la UDEF bajo secreto del caso Gurtel, que se salda con denuncia en la Fiscalía Anticorrupción tras ser interrogados varios mandos y agentes de esa unidad; unas pesquisas que la cúpula mafiosa filtraba a varios periodistas (y estos así lo publicaban) como "presiones de Martin Blas, a los agentes que investigan al PP" para, en su opinión, amedrentarles y perjudicar el caso, cuando se trataba de todo lo contrario.

Al poco llega el caso Emperador y su pieza separada "Funcionarios" y luego el caso del chivatazo de Villarejo a Varma. Culminando en octubre de 2014 con el Caso del Pequeño Nicolás, el principio del fin para Villarejo y el comienzo para Martín Blas, (y para su inspector jefe del equipo Rubén Eladio López), de una verdadera odisea que narró él mismo durante más de dos horas y media en el Parlament de Catalunya y en el documental Las cloacas de Interior  producido por Mediapro y este diario.