Dos polémicas decisiones de la Justicia marcaban el inicio de una de las semanas más convulsas en el plano político de los últimos tiempos. Este lunes, la Audiencia Nacional acordaba el sobreseimiento provisional de la pieza de los Papeles de Bárcenas del caso Gürtel. La noticia se conocía horas antes de que los magistrados del Tribunal Constitucional decidieran impedir al Senado votar la reforma para su propia renovación.

Son acontecimientos que coinciden en el tiempo y que llegan en un momento en el que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva más de cuatro años bloqueado por el PP, incapaz de llegar a un acuerdo con el Ejecutivo. El resultado de esta situación es un órgano de gobierno del Poder Judicial con sus vocales en funciones, que fueron electos hace nueve años y que representan las mayorías parlamentarias de aquella época: nueve de ellos fueron propuestos por el PP y seis por el PSOE. Izquierda Unida, CiU y PNV propusieron un nombre cada uno. 

Con esta estrategia de bloqueo, el Partido Popular obliga de forma interesada a que se mantengan al frente de uno de los poderes del Estado magistrados de su misma línea ideológica. Todo esto en una época en la que la formación se ha visto inmersa en numerosos casos de corrupción que han terminado siendo juzgados en diferentes tribunales.

Las negociaciones entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición han saltado por los aires en numerosas ocasiones. La última vez fue el PP quien rompió las conversaciones con la excusa de la reforma de la sedición. Ha sido precisamente en la modificación del Código Penal propuesta por el Gobierno para eliminar este delito y modificar el de malversación en la que el Ejecutivo introdujo las enmiendas para sortear el bloqueo del Tribunal Constitucional.

Sin embargo, los vocales conservadores de este tribunal que continúan en funciones han impuesto su mayoría de seis votos frente a cinco para suspender por primera vez una tramitación legislativa en el Parlamento español, una situación inédita hasta ahora en la democracia, que no ha tenido lugar jamás en ningún país europeo de nuestro entorno y que responde a un recurso de amparo presentado por el Partido Popular. Con este paso, continúa el bloqueo partidista de los principales órganos judiciales. 

La Justicia archiva la investigación sobre la 'caja B' del PP

La crisis institucional está abierta tras el desafío del Constitucional al Poder Legislativo mientras los tribunales continúan tomando decisiones. Una de las últimas conocidas también implica a la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo. Es, precisamente, el archivo de la investigación sobre la caja B del PP por parte de la Audiencia Nacional. Tras cinco años de investigación, el juez Santiago Pedraz ha acordado el sobreseimiento de la pieza sobre las supuestas donaciones de empresarios al PP a cambio de la adjudicación de obras públicas.

En concreto, se trata de la pieza separada conocida como Papeles de Bárcenas que se reabrió en el año 2017 y que ahora vuelve a quedar archivada al no quedar "debidamente justificada" la perpetración de los delitos que dieron motivo a la formación de esta causa. Además, este martes se conoció que el extesorero del PP que da nombre a este apartado del caso Gürtel, Luis Bárcenas, cumplirá lo que le resta de condena en un régimen de semilibertad. 

Bárcenas, en semilibertad

El ex alto cargo del Partido Popular fue condenado por el Tribunal Supremo a 29 años de prisión, de los que únicamente cumplirá 12, por la primera época de la trama Gürtel. Bárcenas entró en prisión preventiva a mediados del año 2013 para salir de ella bajo fianza en el año 2015. Después, volvió a prisión en el año 2018.

De este modo, Bárcenas ha cumplido ya la mitad de su condena. Esto sumado a su participación en un programa de reinserción para delincuentes económicos y a que ha disfrutado de una veintena de permisos sin ningún tipo de incidente desde abril de 2021 han motivado la decisión de Instituciones Penitenciarias a propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión de Soto del Real, donde cumple la pena. Así, el extesorero del PP podrá salir a trabajar y regresará a dormir a un un centro de inserción social.