La pandemia del coronavirus ha supuesto toda una emergencia sanitaria, económica y social que también ha tenido un fuerte impacto en la vida política, forzando al Gobierno de coalición y a los partidos políticos a posponer sus agendas, para pasar a centrarse en la lucha contra el virus.

De hecho, en sus primeros 100 días, 39 han discurrido en el marco del estado de alarma, casi la mitad del total. En este periodo de excepción, el Ejecutivo ha logrado impulsar en un Congreso de los Diputados ralentizado, frente a un hemiciclo semivacío, la convalidación del real decreto por el que derogó el despido justificado por baja médica.  En el periodo anterior, apenas tuvo tiempo de aprobar o encarrilar una decena de medidas de su programa.

Este miércoles, la Cámara Baja votará nuevas medidas del Gobierno, si bien están relacionadas con la actuación contra la covid-19, como el grueso de las iniciativas aprobadas en los numerosos Consejos de Ministros celebrados en las cinco semanas de confinamiento que ya suma el país. 

La Mesa de Control del cumplimiento del pacto de coalición, y el propio acuerdo, quedan hoy en segundo plano. El 9 de marzo, el lunes previo a la declaración del estado de alarma, el Ejecutivo seguía avanzando en el programa, en este caso con una ampliación del acuerdo de coalición, para introducir en él su compromiso de actuar contra los desahucios por impago de alquiler. 

Salvo en el caso del despido por baja médica, forzado por los tiempos que impone la ley para convalidar reales decretos, desde la declaración del estado de alarma el grueso de la actividad se ha centrado en la construcción del escudo o red social para que "nadie quede atrás" en esta pandemia.

Así, la decena de medidas aprobadas o encarriladas llegaron antes: es el caso de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 950 euros, y aún lejos de los márgenes contemplados en el acuerdo -que tenía la totalidad de la legislatura como referencia-; el la subida de sueldo del 2% para los funcionarios; de la actualización de las pensiones en base al IPC para este año -el acuerdo se refiere a una vinculación permanente-, o los impuestos sobre transacciones financieras y servicios digitales (Tasa Tobin y Tasa Google) -las mismas que PP y Vox quieren tumbar en su tramitación en el Congreso-.  Sólo las tres primeras han obtenido ya luz verde por parte de la Cámara Baja. 

A esto se une la reforma del Código Penal para blindar el consentimiento sexual  -el sólo sí es si-, en el marco de la ley contra violencias sexuales del Ministerio de Igualdad, aprobada en Consejo de Ministros, pero que hoy está en trámite de audiencia pública, y aún no ha sido llevada al Congreso. O la ley de Educación aprobada en Consejo de Ministros y ya remitida al Congreso. Sin olvidar el decreto sobre publicidad y juego online del Ministerio de Consumo, considerado un primer paso en el camino a la regulación de la publicidad, que tampoco ha llegado a la cámara.

A su vez, la ley de eutanasia o la derogación de la llamada ley Berlusconi, que acota los plazos de instrucción judicial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM), también están siendo tramitadas en la Cámara Baja. Del mismo modo, en enero el Gobierno aprobó la declaración de emergencia climática, si bien esta materia no aparece referida como tal en el acuerdo de coalición.  

La esencia de este acuerdo, a su vez, se deja notar en algunas de las medidas adoptadas en el marco de esta pandemia -la prohibición del corte de suministros de luz y agua, la moratoria de desahucios-, que lo ha trastocado todo.

A esto hay que añadir que todas estas medidas que ya han empezado a tramitarse, más otras que estaban en cartera, sufrirán un considerable retraso en la tramitación parlamentaria, porque es previsible que gran parte del tiempo esté ocupado en otro tipo de medidas relacionadas directamente con la crisis sanitaria y sus consecuencias.