El Estado de Derecho versus nuestra camarilla patria

Hace unos días decidí escribir un hilo en Twitter sobre algo tan denso para la cotidianidad dialéctica y discursiva de la referida red social como es el analizar qué le pasa a nuestro Estado de Derecho, por qué falla, cuando hablamos de Pablo Iglesias.

Sirva este artículo para desarrollar el mencionado hilo y como desahogo de la abogada activista política y social defensora de los Derechos Humanos que soy, que lleva estupefacta hace lustros con el fenómeno poco democrático que espero poder explicar de manera pedagógica en las siguientes líneas.

Me llevaba a escribir el hilo la reciente sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid que debía examinar si el coronel de infantería jubilado y antiguo miembro del CESID (actual CNI), Diego Camacho, había cometido delitos de calumnias e injurias contra Pablo Iglesias al aseverar que éste proporcionó pasaportes falsos a terroristas de Hezbolá y a Delcy Rodríguez; al aseverar que está contrastada la vinculación de Iglesias con el narcotráfico de Venezuela y con la financiación de Irán, y al apuntar a que la vinculación con el narcotráfico acababa en blanqueo de capitales con cuentas abiertas en paraísos fiscales. Aseveró también que, el en ese momento Vicepresidente del Gobierno de España, estaba a sueldo de dos potencias extranjeras -las relacionadas por el coronel con el terrorismo y el narcotráfico-.

Causó gran revuelo en los medios de comunicación la argumental de los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid, que si bien reconocen con boca chiquita que todo lo anterior es falso, no observan delito alguno en decir tamañas barbaridades de manera pública y reiterada contra el Vicepresidente del Gobierno en programas emitidos en plataformas digitales y en artículos publicados en prensa.

Y a tenor de lo que pone la sentencia no ven delito de calumnias precisamente por esa falla de nuestro Estado de Derecho que tiene que ver con las "fuentes" de las mentiras difundidas por el militar, y no ven delito de injurias en una hilarante argumental más política que jurídica -y ello por cuanto se centra en la subjetividad de la interpretación de frases a todas luces difamatorias- creada ad hoc para el ex Vicepresidente que la que suscribe no había ni imaginado pudiese atreverse a firmar ningún magistrado respetuoso con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.

Esas "fuentes" son la causa de que a Iglesias se le pueda acusar de lo que sea, y por muy burdas que sean las 'no pruebas' de las acusaciones se atrevan a ir con ello con la casi seguridad de que no tendrán que responder ni penal ni civilmente por difundir mentiras que vulneran el derecho constitucional de la ciudadanía a una información veraz.

Esas "fuentes" son de autoría intelectual y/o material de seres misteriosos casi de mitología internacional que se cepillan el Estado de Derecho democrático con fotocopias de documentos falsos photoshopeados (como en el caso del falso cobro en Granadinas), que crean y fundamentan informes de contenidos falsos como el denominado PISA (acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima) o que alientan, con relatos obscenos que deshumanizan al

político, que se acose el domicilio particular de dos altos cargos del Gobierno en el que viven menores de corta edad.

¿O alguien cree que nuestro Estado de Derecho, con sus tres poderes con capacidad de parar ese atentado perpetuado de manera sostenida contra tres menores -que son las verdaderas víctimas del acoso al domicilio particular de Pablo Iglesias y la Ministra Irene Montero- no hubiese actuado para salvaguardar la intimidad y la seguridad de la familia de cualquier otro alto cargo ministerial o de la judicatura, o autoridad legislativa, si los seres misteriosos no se

dedicasen a 'crear fuentes' contra cualquiera y fuese tan obvio que intentar oponerse a los creadores de fuentes tiene un alto coste?

Reitero, las "fuentes" que sirven para todo. Para difamar, para hacer perder votos, para tumbar gobiernos, para armar la lawfare (guerra jurídica), para aniquilar al político que ponga en riesgo que los que se benefician de un régimen en términos de acaparamiento de poder político o/y económico puedan seguir haciéndolo mientras nuestro supuesto Estado de Derecho democrático mira hacia otro lado.

A mí todo esto, me perdonen por la osadía del símil cinéfilo, me recuerda a "la Camarilla" de la serie The Blacklist protagonizada durante casi una década por el gran James Spader. La Camarilla es una organización criminal supra estatal compuesta por políticos, jueces, fiscales, representantes de los grandes lobbies, que actúan dentro de los poderes económicos, legislativos, judiciales, gubernamentales de diversos países para conseguir poder y dinero. La serie invita a reflexionar sobre si tal o cual político, juez o fiscal, estará actuando dentro del marco del Estado de Derecho democrático o si será miembro de la Camarilla y estará actuando en interés corporativo propio. De inventarse fuentes para cargarse a ciudadanos molestos (de cualquiera de los tres poderes del Estado o de la competencia criminal) la serie da un máster.

Por si aún no se ha entendido lo que son esas "fuentes", término que citan en la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid para justificar que no existe la calumnia pese a la acusación de hechos falsos que de ser ciertos serían delitos, os mapeo el modus operandi de sus creadores:

1.- Una organización criminal patria o supra estatal, a saber, nuestra Camarilla para entendernos, se fija un objetivo a abatir. Hace un tiempo fueron ciudadanos vascos y catalanes, en la actualidad es Pablo Iglesias -aunque me atrevería a decir que no en exclusiva pero sí el primero de la lista- y pasado mañana puede ser Pedro Sánchez, Yolanda Díaz,

Gabriel Rufián, Victoria Rosell, o cualquier Fiscal General del Estado o Presidente del Tribunal Constitucional con mayoría progresista.

2.- Fijado el objetivo, la Camarilla crea documentos falsos o inventa cualquier tipo de prueba de la existencia de un ilícito penal, consigue que personas compradas o extorsionadas declaren contra el objetivo, colocan todo lo anterior dentro de las cloacas policiales o de inteligencia, y estas filtran lo anterior a los medios de desinformación masiva (por suerte son los menos en el mundo de la comunicación y la información) que pueden o no estar bajo la influencia de la Camarilla, pero que objetivamente colaboran con las Cloacas del Estado.

3.- Una vez en circulación, gracias a las cloacas y a los medios de desinformación masiva, las mentiras contra el objetivo avaladas por las pruebas falsas se convierten en "fuentes" a efectos periodísticos y judiciales. Cualquiera las puede usar para calumniar, injuriar o presentar querellas o denuncias contra el objetivo, sea persona física o jurídica (un partido político, por ejemplo). Si nuestro Estado de Derecho fuera democrático no permitiría que esas fuentes pudiesen servir para lo que sirven. Pero la realidad es que se está amparando policial, legal y judicialmente la impunidad de quienes las fabrican, quienes las difunden y quienes las usan mientras el objetivo padece una suerte de descrédito y destierro político, aunque haya conseguido acreditar en sede judicial que nada de lo que le imputan

las fuentes es cierto.

Dicen demasiados tribunales hasta la fecha que esas fuentes son fiables, que no son rumores, y que no se usan con temerario desprecio a la verdad porque quienes replican las mentiras, las calumnias y las injurias, quienes atacan al honor, se creen que lo que dicen es verdad porque creen a las fuentes.

Me disculpen pero nada de lo anterior casa con un Estado de Derecho que para ser democrático debe asentarse en el respeto a los Derechos Humanos y a las libertades fundamentales (no lo digo yo, lo dice la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU).

Tenemos un problema de Estado cuando cualquier camarilla, cloaca, organización criminal... puede idear o crear pruebas falsas para atacar la democracia y su pluralidad política, para atacar a Vicepresidentes del Gobierno o a aspirantes a serlo, y desde nuestros tribunales se van sembrando sentencias que lejos de plantearse todo lo aquí relatado se acomodan en la argumentación pretérita, y obsoleta en parte, de las fuentes fiables -que en realidad en

muchos casos no lo son- y en la pretendida ingenuidad y buena fe de quien calumnia con evidentes objetivos políticos porque Sus Señorías no ven un desprecio temerario contra la verdad que el resto de los mortales, juristas o no, sí vemos.

Cabe preguntarse si algún día nuestro Tribunal Supremo o nuestro Tribunal Constitucional serán capaces de ponerle el cascabel al gato en este tema. El Estado de Derecho está en juego.