¿Por qué el caso Juana Rivas debería estudiarse como paradigma de la violencia institucional hacia las madres y sus hijos?

La noticia de que el fiscal general de Cagliari (Cerdeña, Italia) ha imputado a Francesco Arcuri por violencia física, psicológica y vejaciones hacia sus hijos ha vuelto a poner en la agenda el caso de Juana Rivas en medios, redes sociales y tertulias. Muchos recuerdan la sentencia del juez Manuel Piñar que en 2018 la condenó a cinco años de prisión por la sustracción de sus hijos como el punto de inflexión de este caso. Una sentencia que posteriormente el Tribunal Supremo rebajó a la mitad y que Rivas cumplió parcialmente por el indulto del Gobierno.

Pero el calvario de Rivas y de sus hijos en la Justicia no empezó ni acabó con esta condena. El caso Rivas no se puede mirar sólo por la sentencia de un juez machista y misógino (sus diversas sentencias lo acreditan), sino por los garrafales fallos de un sistema de Justicia que cuestiona a la madres y desprotege a sus hijos e hijas cuando denuncian violencia de género que sufren ellas y sus vástagos, y se llama violencia institucional.

El caso Rivas comenzó mucho antes del juez Piñar, cuando el juzgado de primera instancia número 3 de Granada aceptó y ejecutó la orden de devolver los menores, entonces de 3 y 11 años, a su padre en Italia. La justicia aplicaba, sin ninguna salvaguarda, el Convenio de la Haya. Un tratado internacional que obliga a los Estados firmantes (España e Italia lo son) a devolver de forma inminente a los menores al último país de residencia en casos de sustracción. No se tuvo en cuenta una de las excepciones del tratado que estipula que los Estados no estarán obligados a restituir a los menores si “existe un grave riesgo” de que esta actuación “los exponga a un peligro físico o de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable”.

Pero si hubo un punto de inflexión en el caso de Juana Rivas fue el hecho de que una jueza del juzgado de violencia hacia mujer número 2 de Granada decidiera no tramitar la denuncia interpuesta por Rivas contra Francesco Arcuri en agosto de 2016, cuando ella se encontraba en España con los menores y habían sido reconocidos como víctima de violencia de género. Arcuri había sido condenado en 2009 por violencia de género, pero la nueva denuncia de Rivas contra él quedó guardada en un cajón por más de un año sin tramitar ni mirar el fondo de su contenido. En ella, Rivas afirmaba que temía por su integridad y la de sus hijos. Según sus abogados, no haber tenido en cuenta esta denuncia y los motivos que llevaron a Rivas a desaparecer en agosto de 2017 con sus hijos para no entregarlos a su padre marcó todo el devenir posterior de la tortura judicial.

No se trata de un caso aislado. En diciembre de 2021 la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer alertó de que la justicia en España tiene un patrón estructural que desprotege a los niños y discrimina a las mujeres. Un año más tarde esta misma experta pidió a nuestro país explicaciones por el amplio uso del llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP), una serie de estereotipos machistas que culpabiliza a las madres cuando denuncian violencia de género o violencia sexual hacia sus hijos e hijas.

Juicios paralelos en dos países que no cooperan

Pero si el caso en la Justicia de nuestro país tuvo sesgos y serios fallos, en Italia la cosa no mejoró. El juicio civil abierto en el aquel país para decidir sobre la custodia de los menores nunca incorporó la denuncia por violencia de género presentada por Rivas en 2016 ni las múltiples denuncias que ella interpuso por el maltrato de su expareja hacia sus hijos en Italia, cuando los menores ya estaban bajo su custodia. La perito nombrada por el tribunal, Ludovica Iesu, aplicó de forma rotunda un SAP por el que culpó a la madre y aconsejó dar la custodia de los menores al padre.

Finalmente la decisión fue anulada y la causa se volvió a reabrir en la corte de apelaciones de Cagliari. Este tribunal decretó en junio de 2022 que el mayor de los hijos de Rivas se fuera con la madre a España, pero que el menor siguiera bajo la custodia del padre a pesar de que en sede judicial había contado las violencias cotidianas que sufría por parte de su padre. Sin embargo, una llamada telefónica en la que el menor se retractó de lo dicho y culpó a la madre de haberlo aleccionado bastó para que el tribunal decidiera creer esa última versión y separa a los hermanos. Fuentes de la defensa de Rivas afirman que dicha llamada se produjo desde la casa familiar y en presencia del padre. En ningún momento de todo este complejo proceso los menores han sido protegidos ni separados del padre.

El pasado mes de abril, la Corte Suprema de Casación (el Tribunal Supremo italiano) aceptó en todos los términos el recurso presentado por Rivas contra la decisión judicial que separaba a los hermanos y daba la custodia del menor a Arcuri. El alto tribunal obligaba a repetir el juicio de custodia, algo que hasta la fecha no ha ocurrido.

Nadie protege a los menores

Pero tal vez el hecho más sangrante de todo este galimatías judicial es la desprotección de los menores. El hijo mayor de Rivas relató ante la justicia y en diversos peritajes las terribles violencias que recibía de su padre, sin que ello haya abierto ninguna actuación ni en Italia ni en España para protegerlos. Más grave aún: la fiscalía de Cagliari notificó a Arcuri la imputación por malos tratos el pasado 15 de noviembre, sin que se hayan tomado medidas de protección hacia el niño, que en la actualidad tiene diez años y que sigue viviendo con su padre.

Los retrasos y dilaciones de la justicia a lo largo de los más de siete años que lleva este proceso son patentes e incomprensibles. La fiscalía italiana ha denunciado este retraso como “inadmisible”. Pero la realidad es que ninguna institución italiana ni española ha movido un dedo para proteger a los niños. El culmen del despropósito se refleja en el hecho de que el tribunal civil de Cagliari decidió dar la custodia del menor de los hijos al padre mientras la Fiscalía lo investigaba por malos tratos. Pero cabe resaltar que esta institución tardó cerca de tres años en investigar las diversas denuncias presentadas por Rivas contra Arcuri, así como varios informes periciales y hospitalarios que confirmaban las violencias.

El hijo menor de Rivas tiene nacionalidad española, pero hasta el momento, ninguna instancia ha tomado partido o denunciado la violencia que un nacional español y menor de edad puede estar sufriendo en un país extranjero. ¿Qué más se necesita para actuar?