La Valencia verde y democrática contra un puerto marrón casi negro

La Transición Ecológica, la lucha contra el cambio climático o las declaraciones de Emergencia Climática tienen mucha dificultad para pasar de las palabras a los hechos, ¿por qué? Pues porque son vectores de cambio económico profundo, son en realidad enmiendas a la totalidad al capitalismo depredador que mantiene que se puede crecer y crecer en un plantea limitado. Son las verdaderas alternativas al “sistema”. Por eso, los poderosos, los que están en los grandes consejos de administración, los que están acostumbrados a mandar gobierne quien gobierne y sin pasar por las urnas, hablan en verde pero actúan en marrón oscuro casi negro.

Las apelaciones al consenso, que suena muy democrático pero no más un chantaje que otra cosa, son el arma del gran poder económico contra las políticas verdes: los poderosos apelan al consenso para negar cualquier iniciativa que consideren perjudicial para su cuenta de resultados, pero lo ignoran cuando se trata de algo que promueven ellos mismos. Claro, así ganan siempre. No avanza aquello a lo que se oponen porque su resistencia imposibilita el consenso y no hay obstáculo que les impida llegar hasta el final en aquello de lo cual son promotores.

Un buen ejemplo de lo que acabo de apuntar es el proyecto de ampliación norte del Puerto de Valencia. Un proyecto que la Autoridad Portuaria lanzó aprovechando las mayorías del Partido Popular, a principios del 2000, y que ahora pretende acabar gracias a sus complicidades con el PSOE.

Aquí no hay consenso que valga. Ni las resistencia de instituciones o de la sociedad civil, ni las observaciones de los académicos, ni las dudas de los expertos, ni el principio de precaución más básico, ni las incertidumbres que nos asaltan en lo climático, en lo energético y en lo geopolítico, ni las sombras de corrupción, nada les parece suficiente para reconsiderar sus posiciones. El Puerto de Valencia tiene que rematar su ampliación, y punto.

Evitan así un debate social que resulta imprescindible para una iniciativa como la que nos ocupa. Lo evitan porque están convencidos de que, ellos, ni lo necesitan, ni les interesa. Valencia se juega su modelo de ciudad. Decidir entre ser una ciudad abierta al mar que dispone de puerto o un puerto con gente viviendo a su alrededor, pero esto no va con ellos.

No hay justificación económica para la obra. Más tráfico portuario no equivale a mayor tejido industrial. La ampliación del puerto es para convertir Valencia en un gran intercambiador de contendores. Nada más.

En cambio, en cuestiones medioambientales, el análisis deja pocas dudas: si se salen con la suya, más contenedores en el puerto quiere decir más tráfico de camiones, más polución, peor aire, menos salud, una ciudad más gris y menos acogedora. El crecimiento portuario ya sé cobró en su día buena parte de las playas del sur de la ciudad, la playa de Nazaret entera y un trozo muy considerable de huerta viva. Lo próximo será acabar con las playas y dar otra estocada, quien sabe si definitiva, a la Albufera.

Consumado el despropósito, a medio plazo y, eso sí, con sus bolsillos ya llenos, las perspectivas de aumento del tráfico comercial que plantean los promotores pueden acabar en un espejismo: entre la normativa ambiental cada vez más estricta a nivel mundial, el aumento del control de las emisiones, los peajes al uso de combustibles fósiles, el propio descenso en su producción o el cambio de rutas internacionales en marcha es muy dudoso que se cumplan sus pronósticos optimistas. Por no hablar de cualquier sorpresa global, del estilo COVID 19, que, de un día para otro, ponga patas arriba el mundo de manera irreversible. ¿No será que el negocio que les importa es la obra y lo demás es secundario?

En lo político, resulta a todas luces incoherente que estemos declarando “estados de emergencia climática” o nos llenemos la boca de proclamas verdes y sostenibles y sigamos, erre que erre, con las actuaciones depredadoras de siempre, dejando que los negocios de unos florezcan contra el futuro de la humanidad entera. ¿Más puerto para más contenedores, para más transporte interoceánico, para más comercio internacional, para más producción deslocalizada , para más globalización? Pero si todo eso está en declive. La gallina de los huevos de oro para ese 1% de la población a costa de la perdida de los derechos del otro 99% ya no da para más. Estamos decreciendo y el proceso no va a pararse. Es imprescindible ordenarlo, gobernarlo, desde la sociedad civil y con más democracia. Ese 1% quiere exprimirlo a su favor y quedar a salvo, como siempre han hecho, aunque en el pecado lleven la penitencia y acaben hundiéndose en el barco planetario que compartimos. Supongo que esperan que los camarote de lujo dispongan de más tiempo y, finalmente, tengan unos botes salvavidas de los cuales no habrán dispuesto los demás.

Lo social es otro de los grandes argumentos de las políticas depredadoras: no hay otra forma de crear puestos de trabajo, dicen. Argumento falaz. Los trabajadores, usados como escudo humano. Resulta curioso: el gran empresariado, ese que no quiere saber nada de mejoras en el salario mínimo, ese que anhela el despido gratuito, ese que se hace cruces ante cualquier demanda sindical, reconvertido a Robin Hood obrerista. Todo mentira. En el caso del Puerto de Valencia se crearían puestos de trabajo para la fase de construcción, después sobraría mano de obra ya que todos los procesos portuarios se automatizarían.

Echan en cara de los opuestos a la ampliación que no se puede desperdiciar una inversión privada de ochocientos millones de euros pero lo que callan es que ese dinero está condicionado a que la Administración ponga otros tres o cuatro mil millones para asegurar los accesos al nuevo puerto. Parece evidente que, en estos tiempos de emergencia climática y de Transición Ecológica, dedicar esos miles de millones a sanidad, educación, cultura, dependencia, agricultura, ganadería, repoblamiento rural o investigación es bastante más coherente y supone crear más y mejores puestos de trabajo.

Y, como no, estos grandes proyectos, incompatibles con las políticas verdes, vienen siempre acompañados de un tufo de corrupción que se destapa con las denuncias. En el caso del puerto valenciano, el intento de “pelotazo” fue permutar una concesión de terrenos incumplida y caducada de un destacado empresario autóctono, Vicente Boluda, compañero de Florentino Pérez en el palco del Bernabéu, por otros en los que edificar 2 torres de oficinas y un macroparking. El valor del espacio a construir, unos 5 millones de euros que se verían multiplicados por los 35 años de explotación acordados. Ha tenido que venir la Abogacía el Estado a decir que “a robar a Sierra Morena”, que la operación es irregular y que la echaban para atrás o alguno acabaría en el banquillo. Malditos ecologistas que frenan la economía.

A día de hoy se discute si la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) con la que el Puerto de Valencia pretende hacer las obras debe o no ser revisada. Es una DIA aprobada en 2007 y para un proyecto sustancialmente distinto al actual. Los promotores la consideran vigente, no así sus opositores. A mi me parece que estos casi 15 años que han pasado, al margen de las modificaciones introducidas en el proyecto, justificarían por si solos una nueva DIA. Ni la situación ambiental, ni el nivel de conciencia social, ni la información de la que ahora se dispone es la de 2007. De todas formas, esta discusión tiene un carácter técnico que puede servir para desviarnos de los argumentos de fondo que he apuntado en las líneas anteriores. El sí o no a una nueva DIA como sentencia definitiva es peligroso porque las cartas están marcadas. Por raro que parezca, el gobierno de España, con el Ministerio de Transición Ecológica puesto de perfil, ha resuelto que el “órgano sustantivo” que ha de decidir sobre la necesidad de la DIA es, asómbrense, el propio Puerto de Valencia, el promotor. El zorro al cuidado de las gallinas.

Lo fundamental no está en la decisión sobre la DIA. La ampliación norte del Puerto de València es un pulso del poder político a la democracia: se trata de saber si, de verdad, las instituciones que dicen creer en la Transición Ecológica están dispuestas a superar el capitalismo depredador que amenaza seriamente el futuro de la Humanidad como reclama la mayoría social o van a perseverar en poner la economía por delante de la salud de las personas, del planeta entero y de las futuras generaciones. Ese es el debate.

En Valencia, a finales de los 60 y principios de los 70, hubo dos proyectos emblemáticos que promovió la misma casta dominante que hoy impulsa la ampliación del puerto: convertir el viejo cauce del río Turia en una autopista y urbanizar la zona de bosque mediterráneo del Saler. Al final, en los dos casos, y era el tardofranquismo, imperó el interés general frente a la defensa de la cuenta de resultados. No son cuestiones técnicas, son decisiones políticas. El poder económico quería cemento pero la mayoría social ganó. Las obras no se hicieron. Hoy es imposible imaginar Valencia sin su río convertido en un gran parque que recorre toda la ciudad, acariciándola, o sin esa ventana abierta al mar y a la Albufera que es la Dehesa del Saler. Entonces hubo debate, se confrontaron modelos, se fue más allá de la inercia productivista y los beneficios acelerados. La ampliación norte del Puerto de Valencia reclama lo mismo. Lo acabamos de ver en Barcelona: la sociedad civil catalana, con argumentos parecidos a los que he expuesto aquí, ha evitado la ampliación del aeropuerto del Prat. En democracia, esto debería ser normal. Mucho más que el consenso al gusto del gran poder económico que ya sabemos como suele acabar.