Turismo político por España

La continua afluencia de Delegaciones de europarlamentarios a nuestro país lleva camino de romper las barreras de afluencia de turistas que se alcanzaron antes de la pandemia. Curiosamente la mayoría de ellas se han constituido a iniciativa del Grupo parlamentario Popular europeo y tengo la sensación de que detrás de ellas está la habilidosa mano del europarlamentario popular Esteban González Pons. De repente España se ha convertido en un problema y en una preocupación prioritaria de los sectores que configuran la derecha más reaccionaria del amplio espectro que se alberga en el Parlamento Europeo. En tropel se han trasladado a nuestro país diversos grupos para fiscalizar si, como sostiene el Partido Popular, se ha derrochado el reparto de los fondos europeos, si las modificaciones del Código Penal en materia de sedición y sobre todo de malversación hacen peligrar la estabilidad económica de la Unión Europea y, como no podía faltar a la fiesta, comprobar los desastrosos efectos que la ley de solo el sí es sí, está causando en la pacífica convivencia de todos los españoles.

Nada que objetar a la formación de Delegaciones interparlamentarias, previstas en el artículo 223 del Reglamento del Parlamento Europeo que, por cierto, establece que estarán representados de forma equitativa los Estados miembros, las opiniones políticas y los sexos. Así, también establece que la persona que presida la Delegación informará periódicamente a la Comisión competente en materia de Asuntos Exteriores sobre sus actividades y conclusiones.

El 17 de febrero de este año la Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, proclamó: “Celebro anunciar que España ha dado otro paso importante en su camino hacia la recuperación. Hemos evaluado que el país ha registrado avances suficientes para recibir su tercer pago con cargo a Next Generation EU".

Con anterioridad se había conformado una Delegación europarlamentaria, presidida por la alemana Mónica Hohlmeier, de la derecha más a la derecha de la CSU de Baviera, presidenta de la comisión de control presupuestario de la Eurocámara. En principio no parecía la persona más adecuada ya que previamente se había alineado con las imputaciones realizadas, en nuestra sede parlamentaria, por representantes del Partido Popular, en las que se afirma que el Gobierno se estaba quedando con los fondos. Al ser preguntada sobre este tema contestó ambiguamente con un lacónico: “No sé dónde está el dinero”

Periodistas de los medios que alientan estas disparatadas invenciones, ante los elogios de la Presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen, le preguntaron si había recibido presiones de la Comisión Europea y no tuvo más remedio que negarlas. El Gobierno respondió con solvencia y precisión de detalles a todas las cuestiones y la señora Hohlmeier, que es bávara (obsérvese la similitud fonética con la señorita Rottenmeier del cuento infantil Heidi), se ha visto frustrada en sus propósitos de incorporarse a la lucha política interna.

La Delegación que ha visitado estos días España para evaluar el uso de los fondos europeos de recuperación, no ha encontrado ningún indicio de infracciones o fraudes en el uso del dinero que se ha recibido de Europa. Ha eludido valorar la reforma del Código Penal en cuanto al delito de malversación, asunto que corresponde a la política interna del Estado español y ha deslizado sibilinamente que debe observarse “tolerancia cero” con la corrupción como principio rector de las instituciones europeas. Muchas gracias por el consejo.

Por cierto, algunos ignorantes y los profesionales de la intoxicación ya habían soltado la especie de que la modificación del delito de malversación había preocupado en Europa por la posible desprotección de los fondos comunitarios. Como este es un país con anchas tragaderas, conviene aclarar que el artículo 306 del Código Penal ya castiga con una pena de hasta cinco años los fraudes de cualquier naturaleza a los fondos procedentes de presupuestos generales de la Unión Europea u otros administrados por esta. Por tanto, tranquilidad. Nadie en España o en la Unión Europea que sepa leer los textos jurídicos puede sostener que la modificación del delito de malversación desprotege los fondos comunitarios.

Lo sucedido con la Delegación de Igualdad del Parlamento Europeo presidida por la diputada polaca Elzbieta Katarzyna Lukacijewska raya en el esperpento si no merece otra calificación más grave. Organizaron una entrevista clandestina en el Consejo General del Poder Judicial, sin informar al Presidente y a la Comisión permanente. Se concertaron con dos Vocales, significadas como fervientes partidarias y seguidoras del PP, para realizar una reunión a la que sorprendentemente asistió un magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sin que nadie conociese su presencia. Dejaron a un lado las políticas de igualdad y violencia de género y se centraron en la ley de solo el sí es sí. Me imagino que la polaca, si no se hizo la sueca, conocía perfectamente el alboroto provocado por las reducciones de penas y algunas excarcelaciones debidas, en mi opinión, a una equivocada interpretación que excluye la aplicación de las reglas generales de las Disposiciones Transitorias del Código Penal. La manipulación ha sido tan descarada que componentes de las delegaciones que nos visitaron están preparando una réplica contundente a lo sucedido y pedirán explicaciones a los órganos parlamentarios.

El Partido Popular de la mano del hábil estratega Esteban González Pons, traslada cualquier cuestión política interna que no puedan sacar adelante a pesar de los masivos apoyos mediáticos, al campo abonado del Parlamento europeo. Tienen mucho trabajo por delante. Por ejemplo, ¿por qué no se animan a plantear la decisión del Gobierno de impedir al Sr. Feijóo realizar una visita a las tropas españolas destacadas en el extranjero, especialmente las más cercanas a Ucrania? Están dando una pésima lección de patriotismo y de respeto al sistema constitucional español. Creo que deben contenerse porque siempre hay que poner un límite al ridículo internacional. Es necesario reconocer que por lo menos, saldrá ganando la hostelería