Opinión
Sobran razones para ir a la huelga de enseñanza
Por Agustín Moreno
Activista de Ecologistas en Acción
La educación pública lleva décadas maltratada por los Gobiernos de la Comunidad de Madrid: recortes, privatizaciones y deterioro de las condiciones de trabajo del profesorado. Se han convocado huelgas y manifestaciones el 8 y 21 de mayo por todos los sindicatos del profesorado y de estudiantes y apoyadas por las asociaciones de familias del alumnado. Desde hace más de una década no se producía tanta unanimidad en las movilizaciones. Los motivos son poderosos y buscan mejorar las condiciones laborales, la calidad de la educación y la defensa de la educación pública.
Para entender el malestar existente hay que poner en contexto la situación de la educación pública en la Comunidad de Madrid. Veremos que es la radiografía de un saqueo [NOTA 1] que se viene produciendo desde hace 29 años por la política ultraliberal de la derecha. No es una opinión, son datos. Las principales características de la situación de la educación madrileña son:
Una bajísima inversión educativa: la comunidad autónoma más rica es la que menos invierte, tanto por alumno como per cápita y en porcentaje de PIB.
Una privatización galopante: ha provocado que el alumnado escolarizado en los centros públicos sea menor del 40% en Madrid capital, frente al 90% en Europa. Destrozo que se consigue con recortes que deterioran la calidad, negando la construcción de nuevos centros públicos y transfiriendo inmensos recursos a la concertada y con los cheques-regalo incluso para familias ricas en infantil, bachillerato y FP.
Un desprecio y abandono de los centros públicos: recortando miles de plazas todos los cursos, un fuerte déficit de profesorado y recursos, y manteniendo ratios de alumnado de las más altas del país.
La política educativa del Partido Popular de Madrid no es inocua y tiene consecuencias muy negativas. Madrid está a la cabeza de Europa en segregación escolar por razones socioeconómicas, según numerosos estudios académicos (Save The Children, Universidad Autónoma de Madrid, ESADE). Y el resultado de la baja inversión, el peso de la segregadora red privada-concertada y el bilingüismo es un modelo de mediocre calidad. Así lo ponen de manifiesto los datos sobre la EVAU en relación con otras CCAA: Madrid ocupa el puesto 11 sobre 17.
En este panorama, y tras la ruptura de las negociaciones del Acuerdo Sectorial por la prepotencia de la Consejería, las demandas sindicales están muy cargadas de razón. Se trata de revertir los recortes de hace más de una década de Aguirre y del RDL 14/2012 que suponían un aumento de las ratios del 20% y de la jornada lectiva en secundaría y que han sido suprimidos en todas comunidades autónomas menos en Madrid. También, de mejorar las condiciones laborales y retributivas. En concreto, se reivindica:
Reducir las ratios o número de alumnado por aula. La pandemia demostró algo que la comunidad científica y todo el profesorado sabemos: se educa y enseña mejor con 20 que con 30 o 35 alumnos. La bajada de ratios es fundamental para mejorar la calidad educativa y es una vacuna contra el fracaso escolar [NOTA 2].
Recuperar la jornada lectiva a 18 horas en secundaria y a 23 en primaria es otra de las demandas estrella. También es calidad. Sirve para disponer de tiempo para la coordinación de los equipos docentes, la labor tutorial, atender mejor a la diversidad del alumnado y reducir la carga laboral que produce estrés y afecta a la salud.
Mejorar el poder adquisitivo de los salarios, deteriorado en los últimos años por la inflación y su práctica congelación, equiparándolos a otras comunidades autónomas. Madrid es una de las CCAA con salarios más bajos. No tiene sentido que un profesor gane al mes en Madrid 400 euros menos que el en País Vasco y 100 euros menos que en Castilla La Mancha a pesar del alto coste de la vida y la vivienda. Ello empieza a producir un fenómeno de desplazamiento de profesorado hacia otras zonas del país, parecido al de los profesionales sanitarios.
Aumentar las plantillas y los recursos para atender a la diversidad cada vez mayor del alumnado y asegurar así la inclusión educativa.
Reducir las tareas burocráticas, que han aumentado disparatadamente y que tienen como consecuencia aquello que decía una compañera mía de instituto: “Hay que ver lo que nos hacen trabajar para que no trabajemos en lo nuestro”.
Ante el desmantelamiento de la educación pública por el PP y la ruptura de las negociaciones del Acuerdo Sectorial, no basta solo con cabrearse. Hay que reaccionar y movilizarse activamente y el 8 y el 21 de mayo tenemos la oportunidad de hacerlo. Conociendo el malestar docente que existe, el carácter unánime de la convocatoria y el ambiente de participación en las asambleas en los centros, no tengo ninguna duda de que será muy amplia la respuesta del profesorado. Ya se expresó, como antecedente, en los paros de finales de febrero y en la manifestación del 27-F, aunque estaban convocados solo por una parte de los sindicatos [NOTA 3].
Las calles de Madrid se volverán a llenar de una marea verde en mayo. Las huelgas y manifestaciones serán masivas y tendrán el éxito que proporciona siempre la lucha cuando es justa y unitaria. Será una buena noticia la previsible alta participación en las movilizaciones, porque la educación es demasiado importante para dejarla en manos de esta derecha. La educación es un derecho fundamental y por eso concierne a todos: a la comunidad educativa (profesorado, alumnado y familias) y al conjunto de la ciudadanía. Se trata de demandas del profesorado que hay que apoyar, porque una educación de calidad exige unas condiciones de trabajo dignas.
Además, es un buen momento para movilizarse. El Gobierno de Ayuso tiene los pies de barro por la irracionalidad que supone ir contra el bien común por puro sectarismo neoliberal y por estar asediado por episodios de corrupción que afectan a su presidenta. Por su baja inversión educativa y por los regalos fiscales que hace, la Comunidad de Madrid tiene capacidad económica sobrada para atender las reivindicaciones sindicales. Para que se entienda: bajar las horas lectivas supondría un 12% de los 1.200 millones de euros que regala Ayuso a los ricos con el Impuesto de Patrimonio cada año. Con la lucha, seguro, se acabará avanzando en la mejora de las condiciones laborales del profesorado.
El siguiente paso debe ser revertir la privatización de lo público. Habrá que exigir, entre otras medidas, doblar la inversión educativa, aumentar los cupos de profesorado, un plan urgente de construcción de nuevos centros públicos y ampliar la oferta de plazas públicas en todos los niveles educativos, especialmente en infantil (0-3 años) y en Formación Profesional. En definitiva, se trata de fortalecer la educación pública, inclusiva y de calidad, porque es la mejor manera de asegurar una democracia sólida y una ciudadanía comprometida con el bienestar social. Nuestros niños, niñas y jóvenes se merecen lo mejor y por eso volveremos a llevar con orgullo docente nuestra camiseta verde en las aulas y en las calles.
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