Señor Feijóo: pase usted primero

A la infinidad de políticos y opinadores que se consideran a sí mismo como "constitucionalistas", expulsando del texto constitucional a todos aquellos que no comparten su jibarizada versión de nuestra Constitución les recomendaría la lectura del conocido libro "Los eruditos a la violeta" de José de Cadalso (1771) algunos de cuyos párrafos me permito reproducir porque son de perenne actualidad: Ni nuestra era, ni nuestra patria está libre de estos pseudoeruditos, (si se me permite esta voz). Algunos pretenden apropiársela, cuando apenas han saludado sus principios.

Los constitucionalistas a la violeta solo manejaban de sus 169 artículos, el segundo en el que se habla de la indivisible unidad de la Nación española. Más adelante empezaron a tomar en consideración las virtualidades correctoras de las veleidades independentistas que ofrece el artículo 155 de la Constitución. En estos momentos y no exclusivamente por ellos, ha tomado especial relevancia el artículo 99 cuya redacción fue objeto de múltiples debates y modificaciones durante el periodo constituyente hasta alcanzar su redacción actual. A la vista de los acontecimientos, es evidente que necesita una urgente y necesaria reforma.

Vaya por delante que dadas las circunstancias y teniendo en cuenta la aritmética electoral el Rey como Jefe del Estado tenía ante sí dos candidaturas con apoyos distintos. Alberto Núñez Feijoo como Presidente del Partido Popular podía ofrecer, con total seguridad, la posibilidad de alcanzar 172 votos, descontado, en todo caso, la ambigua posición de Coalición Canaria. Por otro lado, el candidato Pedro Sánchez compareció ante el Rey contando con 152 escaños, pero con la expectativa racional de alcanzar una mayoría absoluta si se repetían las votaciones a la Presidencia y a la Mesa del Congreso. Los asesores de la Casa Real debieron tomar en consideración esta circunstancia que además se acumulaba a la que ya estaba en marcha. Se había hecho pública la posibilidad, ya consumada, de la cesión de escaños del PSOE a Junts y de SUMAR a ERC para que pudieran formar Grupo parlamentario.

Con todos estos antecedentes, lo más lógico y racional, sobre todo teniendo en cuenta su papel de arbitraje y moderador que le encomienda el texto constitucional, hubiera sido explorar la posibilidad de convocar un nuevo turno de contactos con los grupos políticos parlamentarios para que, de una manera más precisa y cercana a la realidad, manifestasen su predisposición a conformar las mayorías exigidas para alcanzar la investidura. Ya sabemos que Junts y ERC no acudirían, pero sus pactos, ya consumados, para formar grupo parlamentario con la cesión de escaños por parte del PSOE y SUMAR, hacían irreversible su apoyo.

Ya lo advirtió con su agudeza habitual y su experiencia parlamentaria, Aitor Esteban que acumula un indiscutible bagaje político y sobre todo un gran sentido del humor que es un bien escaso en estos tiempos de crispación. Cuando se propagó la idea de la conveniencia de un presidente o presidenta nacionalista le propuse, en una entrevista en una radio, como candidato indiscutible. Pero todavía no está nuestra vida política para esas exquisiteces.

La decisión que finalmente ha tomado el Rey, proponiendo a la Presidenta del Congreso, la candidatura de Núñez Feijóo no encuentra respaldo en las previsiones constitucionales y mucho menos las motivaciones que se contienen en el desafortunado, por no llamarle de otra manera, comunicado de la Casa Real. Podría haberse apoyado simplemente en la suma aritmética y evitar introducirse por caminos tortuosos y explicaciones sin sentido.

Se apoya en el precedente de otras legislaturas. Resalta que, "salvo en la Legislatura XI, en todas las elecciones generales celebradas desde la entrada en vigor de la Constitución, el candidato del grupo político que ha obtenido el mayor número de escaños ha sido el primero en ser propuesto por Su Majestad el Rey como candidato a la Presidencia del Gobierno". Eleva esta simple coincidencia a la categoría de norma, sin tener en cuenta que la lista más votada ha ido acompañada siempre del apoyo de otros grupos políticos con representación parlamentaria, excluidos, como es lógico, los casos de mayorías absolutas. Como es sabido, la legislatura XI (2015), se caracteriza por ser la que rompe el tradicional bipartidismo y abre otras expectativas para investir al Presidente o Presidenta del Gobierno. Irrumpen con fuerza otros dos partidos Podemos y Ciudadanos.

El comunicado se interna por caminos pantanosos cuando sostiene que: "Esta práctica se ha ido convirtiendo con el paso de los años en una costumbre". Añade: "En el procedimiento de consultas llevado a cabo por Su Majestad el Rey no se ha constatado, a día de hoy, la existencia de una mayoría suficiente para la investidura que, en su caso, hiciera decaer esta costumbre".

El Jefe de la Casa del Rey es Abogado del Estado y debería saber que, según el Código Civil, la costumbre sólo rige en defecto de ley, requiere que pueda probarse y no debe contradecir ni la moral, ni el "orden público", lo que debe entenderse como el orden constitucional. Una lectura sosegada del texto constitucional habría llevado a la conclusión de que por ninguna parte aparece que la lista más votada tenga un derecho preferente para ser postulada a la investidura. La costumbre nace de los usos y hábitos sociales reiterados en el tiempo que han calado tan profundamente en el sentimiento comunitario que el legislador, constatada su existencia, la eleva a fuente del derecho. Los poderes públicos no crean costumbre sino normas. El comunicado, además es incongruente ya que sí la costumbre es elegir o proponer a la lista más votada, sobran las audiencias previas y consultas.

Consumada la irregular fundamentación del nombramiento de Núñez Feijóo, el siguiente paso corresponde a la Presidenta del Congreso de los Diputados. Según el Reglamento, una vez recibida en el Congreso la propuesta de candidato a la presidencia del Gobierno convocará al pleno para las votaciones de investidura. Una interpretación gramatical del texto da a entender que la convocatoria del pleno se debe realizar con una razonable inmediación. La demora de un mes para llevarla a cabo no tiene, en mi opinión, explicación plausible. La única justificación y permítanme la ironía sería que sus señorías tuviesen que dedicar el mes de septiembre a la tradicional vendimia que tenía lugar por estas fechas, antes del cambio climático.

El Presidente del Partido Popular se presenta a la investidura a sabiendas de que su elección resulta prácticamente imposible, salvo maniobras delictivas o atentados contra la democracia. En todo caso, su pretensión, facilitada por la decisión del Rey, de subirse a la tribuna del Congreso y exponer durante un tiempo ilimitado su "programa" de gobierno es perfectamente comprensible. El programa y las pretensiones del PP ya se plasmaron con absoluta claridad en las decisiones tomadas a partir de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. No solo se ha saltado "la regla de oro" de la lista más votada, sino que ha llegado acuerdos aberrantes e incluso inconstitucionales con la extrema derecha encarnada en el partido VOX. Sí cómo parece, propone desarrollar una política autónoma al margen de la extrema derecha, no tiene otra salida que romper los actuales pactos.

¿Sigue pensando en derogar el sanchismo? Es decir, las leyes de aborto, eutanasia o trans, la reforma laboral, los impuestos a los beneficios extraordinarios a las eléctricas y a la banca, el impuesto a las grandes fortunas, la privatización de la sanidad y la enseñanza y adoptar medidas contra el cambio climático. Podríamos seguir, pero creo que ya tiene bastante para un discurso que no tiene el tiempo limitado.

Mientras llega el momento de la investidura (28 días cuando escribo estas líneas) se abre un periodo de incertidumbre muy propicio para tensionar el clima político con los habituales eslóganes de los medios de la derecha y su legión de opinadores. Abróchense los cinturones porque vienen turbulencias. Espero que no surjan sorpresas, como en el pasado, que deterioren la ya baja calidad democrática en la que estamos inmersos.