L7B del Metro de Madrid: una vivienda digna por otra vivienda digna

“Mi hija de cinco años me pregunta ¿papá nos van a tirar la casa? Y yo le tengo que decir que no, pero se me parte el alma por mentirla”. Es un padre joven que rompe a llorar emocionado y a todos los presentes nos pone un nudo en la garganta que sólo se disuelve con un aplauso de empatía. Lo cuenta en la Asamblea de Afectados por la línea 7B de Metro en San Fernando de Henares que se celebró el 17 de diciembre en el centro cultural Gabriel Celaya. Allí estaban desde los primeros vecinos afectados de calle Presa y Rafael Alberti y los más recientes de las calles de Virgen del Puerto, Nazario Calonge y la plaza de Trébol. A mi lado, una vecina de más de 80 años muy preocupada por su futuro.

La angustia, la desesperación y la rabia por el maltrato institucional se trocó en decisiones para defender con uñas y dientes sus derechos: acordaron convocar a la ciudadanía de Madrid a una manifestación de solidaridad el 8 de enero exigiendo soluciones ya al gravísimo problema que viven. Porque las cosas, lejos de solucionarse, se complican y empeoran.

Al desolador panorama existente, hay que añadir nuevos desalojos en la calle Rafael Alberti 9 a tres días de Nochebuena. Son ya 27 las viviendas derribadas y 88 las familias desalojadas. Se extienden los daños estructurales en viviendas a nuevas calles: cerca de 600 viviendas en un total de 18 calles. Hay 17 familias sin ayuda de alquiler que están en una especie de limbo no suficientemente atendidas. Además de perder sus viviendas, muchos vecinos se ven afectados por cuadros de estrés y en su salud mental. A todo lo anterior hay que añadir el desalojo a la carrera en la tarde del 3 de enero de un edificio de la Plaza de la Fuente del Trébol con 24 viviendas y que ha dejado en la calle a 52 personas, muchas de ellas de elevada edad.

Y está impactando negativamente al conjunto de la localidad: pérdida de infraestructuras culturales y sociales, devaluación de las viviendas con carácter general, pérdida de ingresos por IBI al Ayuntamiento, etc. Por solidaridad con sus vecinos, y por este perjuicio general a San Fernando de Henares, hubo una impresionante manifestación de 7.500 personas el 20 de septiembre.

Ante los sucesivos emplazamientos para que la presidenta de la Comunidad de Madrid fuera a San Fernando de Henares, finalmente lo hizo. En visita semiclandestina, sin avisar previamente al Ayuntamiento, sin reunirse con más vecinos que algunos afiliados al PP. Ha abierto una oficina fantasma y anunció unas inversiones que son las cuentas del Gran Capitán: la mayoría del gasto son para las obras del Metro y del Canal de Isabel II, y en los presupuestos sólo aparecen 7 millones para compensar a los vecinos afectados. Pura propaganda y electoralismo.

Por ello, no se han alcanzado acuerdos en la negociación sobre indemnizaciones, porque las que se proponen son bajísimas. Pero a los pocos días de convocarse la manifestación del 8 de enero, la consejería de Transporte salió anunciando las indemnizaciones con el objetivo de desmovilizar. Dice que éstas, se moverán entre 136.000 y 355.000 euros; no dice que la mayoría se moverán en la parte baja y eso no da para comprar una casa. Ante la insuficiencia de las cantidades para que las familias rehagan sus vidas, el Gobierno de Ayuso busca que los vecinos recurran a los tribunales para alargar su calvario y con resultado incierto. Eso no es ni una solución ni una reparación justa.

Unidas Podemos planteó una enmienda a los presupuestos de la Comunidad de Madrid de creación de un Fondo de 100 millones de euros para compensar a los vecinos; en el debate en la Comisión de Presupuestos fue rechazada por PP y Vox. Los grupos Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos acordamos llevar una enmienda con el Fondo de los 100 millones al Pleno sobre presupuestos. No ha sido posible hacerlo al haberse rechazado el anteproyecto por toda la oposición.

Pero está claro que la solución debe ir en el sentido de garantizar una vivienda digna por la vivienda perdida. Es justo y posible. Porque la reparación del daño causado a las familias que pierden su casa es que tengan otra casa. Porque hay posibilidades de ofertar viviendas públicas de la Plaza de España a las que se ha levantado el embargo, y también se pueden construir viviendas recalificando suelo dotacional a residencial y en parcelas que se permuten con el Ayuntamiento de Madrid. Y porque se ha hecho en otras ocasiones.

Imaginemos que a los que han perdido su piso se les da una vivienda nueva en propiedad; un mínimo de 70.000 euros para el titular de la vivienda para mobiliario y 10.000 para cada uno de los otros miembros de la familia por pérdidas materiales; 30.000 euros por persona por daños morales. Para los que puedan volver a sus casas: estabilidad garantizada de las viviendas; derecho de permuta de la vivienda micropilotada por otro piso; e indemnización de 10.000 euros por persona de estas viviendas.

A pesar de las fechas, esto no es un cuento de Navidad. Es el acuerdo al que se llegó en el barrio del Carmel de Barcelona en una situación parecida. Un acuerdo que se alcanzó entre los vecinos y las autoridades en cuatro meses. Y estamos hablando de 2005 y de euros de entonces. San Fernando de Henares lleva quince años con el problema. Y es tan grave, que los vecinos lo han llevado a Bruselas y la Comisión Europea, a través de la Comisión de Peticiones, ha admitido a trámite estudiar la situación creada por la Línea 7B de Metro. Probablemente abrirá una investigación sobre la gestión de la Comunidad de Madrid.

Pero ante la falta de voluntad política del Gobierno de la Comunidad de Madrid, la Plataforma de Afectados hace un llamamiento a la solidaridad. Porque solo el pueblo salva al pueblo, nos piden que no les dejemos solos, que acudamos a la manifestación del 8 de enero en el centro de Madrid (Plaza del Callao-Puerta del Sol, 12h). Es una obligación ciudadana y moral acompañarlos en la exigencia de justicia para un pueblo que se hunde por la negligencia dolosa de unos responsables políticos.

Está muy claro que la culpable de la chapuza de la Línea 7B de Metro es Esperanza Aguirre y que la responsabilidad actual es del Gobierno de la Comunidad de Madrid. En este sentido, lo que están viviendo las familias afectadas es peor que si hubieran sufrido un terremoto, un bombardeo o la erupción de un volcán: están padeciendo la incompetencia y la falta de empatía de los gobiernos del PP de Madrid. Si Ayuso no cumple con su responsabilidad, tendrá que intervenir el Gobierno central. Creo que está llegando el momento de que, en su nombre, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz visiten San Fernando de Henares para hablar con las víctimas y ofrecer las soluciones que estén en su mano para acabar con el drama que están viviendo.