Colombia se desangra a pesar del Proceso de Paz

Reportaje de Álvaro Bravo

El cuerpo sin vida de James Escobar Montenegro fue encontrado cerca de su casa en Miras Palmas el pasado 30 de agosto. Dos desconocidos asaltaron su vivienda como si se tratara de un robo violento, aunque sus pertenencias quedaron intactas. Recibió cuatro disparos en el torso. Tenía 36 años y era el coordinador de la Junta Veredal en el municipio.

James Escobar Montenegro es uno de los 343 defensores de los derechos humanos, líderes sociales y activistas por el ejercicio de su actividad política y social asesinados en Colombia desde principios de 2016, según la Defensoría del Pueblo. Otro dato relevante sobre el que advirtió a la comunidad internacional Jozef Merks, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, es el aumento del número de desplazados internos por el conflicto armado en 7,7 millones de personas, siendo Colombia líder en desplazados internos. Se calcula que un 90% de las víctimas del conflicto deben dejar su hogar. La situación es crítica a día de hoy en varias regiones del país, la costa del Pacífico, Nariño, en el Catatumbo y en el Bajo Cauca Antioqueño.

Sobre la mesa del despacho de Antonio Madariaga, entre montañas de papeles, revistas, libros y un termo de café, destaca un pequeño reloj de arena. En la parte superior, unas palabras talladas con un rastro de esperanza y de urgencia: “No más defensores de los Derechos Humanos muertos en Colombia. Es tiempo de construir la paz”.

Antonio Madariaga viaja en un furgón blindado desde hace más de cinco años por la visibilidad que ha adquirido la organización social 'Viva la Ciudadanía'.Todo comenzó cuando participaron en las negociaciones de paz de La Habana. “Progresivamente, las amenazas pasaron de ser referidas a nuestro trabajo en Derechos Humanos como referidas a nuestra labor en los Acuerdos de Paz (…) son amenazas de sectores de extrema derecha, con más o menos el mismo lenguaje, casi todas dirigidas a personajes públicos, como es el caso de Piedad Córdoba e Iván Cepeda, pero en cuatro yo estoy al lado de ellos.”

“Este año también encontramos más de 500 ciudadanos amenazados por su labor como líderes sociales o defensores de los Derechos Humanos”, asegura Carlos Alfonso Negret, Defensor del Pueblo. “El Gobierno, la Fiscalía, todos estamos trabajando para que en Colombia no haya ni un solo líder social asesinado y que no queden sin investigar las causas de su muerte”, explica Negret a M de Migraciones. Es una situación que no ha mejorado tras la reciente elección del delfín de la derecha uribista, Iván Duque, convencido durante las elecciones de “reducir a cenizas los Acuerdos de Paz” porque considera que se da la impunidad a muchos miembros de la insurgenica, aunque tras tomar posesión del cargo matizó que habla de “corregirlos”. Un cambio que puede suponer un retroceso hacia la violencia de otras décadas, donde la Colombia de Álvaro Uribe se alió con Washington para intentar exterminar a las guerrillas por la vía militar, causando miles de muertes, sin escuchar los problemas políticos de fondo.

Fallos en los sistemas de protección de víctimas

Estas declaraciones chocan con la opinión de Madariaga tras la reciente carta de amenaza que recibió del grupo narcoparamilitar Bloque Águilas Negras: “A mí, cinco años después de las últimas amenazas, no me han podido decir qué investigaron y saben quienes son los autores, ni porqué. Y han estado la policía, la Fiscalía, la DGI, que supuestamente tienen los datos, las direcciones, los panfletos, la posibilidad de saber la ubicación de los ordenadores de los que son enviados... Y, sin embargo, no encuentran los suficientes resultados. Hay más que antes pero son esfuerzos tremendamente insuficientes”. En Colombia, la mayoría de asesinatos se concentra en zonas agrarias alejadas de núcleos urbanos, donde la vigilancia de las fuerzas de seguridad del estado es más difícil.

La forma de intimidar a líderes comunitarios ha cambiado a lo largo de estos años, desde la aparición del paramilitarismo a finales de los años 80. Ahora las amenazas proceden de grupos más reducidos, relacionados con el narcotráfico, la minería ilegal y la venta de armas.

Madariaga explica que en el pasado, la manera de intimidar a organizaciones del tejido social (sindicatos, fundaciones, partidos políticos) consistía en enviar hombres uniformados contra una determinada población para perpetrar una masacre de todo aquel que consideraran aliado de las guerrillas. Este líder social opina que sus “mejores corazas” son la visibilidad pública que le otorgan los medios -para poder denunciar la situación en la que se encuentra-, así como mantener buenas relaciones con las diferentes instituciones del Estado.

Desde mediados de los 80, pervive el recuerdo del exterminio de más de 3.000 personas del partido izquierdista Unión Patriotica, que nació bajo el calor del Acuerdo de Paz entre el presidente Belisario Betancur y las FARC. Precisamente Iván Márquez, una de las figuras clave del nuevo partido de las FARC, fue uno de los desmovilizados en la década de los 80, elegido diputado antes de tirarse al monte para salvar su vida y convertirse en comandante miliciano. Sin embargo, el experimento terminó con el exterminio físico y político del movimiento, unos asesinados, otros exiliados y amenazados, y dos décadas más de violencia en Colombia.

A estos grupos paramilitares procedentes de las AUC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) les interesaba ser reconocidos en sus actos y enviar un mensaje de terror a la población. Una muestra de uno de los episodios más brutales lo recoge la revista Semana, que relata cómo en 1997 en la región del Chocó caribeño los paramilitares jugaron al fútbol con las cabezas de campesinos acusados de simpatizar con las FARC, frente al resto de los habitantes atemorizados de Río Sucio. No es casual que esta región, donde vive el mayor número de afrodescendientes de Colombia, sea también la que registra mayor número de desplazados internos que huyen de la violencia.

Madariaga explica que desde la supuesta desmovilización de las AUC en 2006, hubo cambios drásticos en este tipo de violencia de una manera mucho más selectiva. “Hoy, el método es el de utilizar a dos hombres en una moto que asesinan a alguien a plena luz del día. Con todo tipo de formas para no ser identificados: con cascos que les cubren los rostros, con las placas de las motos tapadas...”. Desde numerosas organizaciones sociales identifican un móvil común en todos estos homicidios: las personas seleccionadas tienen alguna relación con la defensa de los Derechos Humanos, ya sea la búsqueda de la pacificación de territorios, en la tenencia de tierras, por el medio ambiente, contra la minería en espacios protegidos o de colectivos feministas. Esto obliga a miles de personas a alejarse de su hogar para proteger su vida junto a la de sus familias.

El uruguayo Raúl Zibechi, investigador en comunicación social, explicaba en la revista Brecha que esta violencia es sistemática: está dirigida expresamente contra los sectores sociales organizados y se da en varios países de la región, como México y Guatemala. Así mismo, estos ataques son mucho más difusos porque las organizaciones que los cometen no tienen mandos jerarquizados.

Con la desmovilización de las FARC y el actual proceso de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), se han intensificado los delitos y actividades de otros grupos armados en muchas de esas áreas, sobre todo allá donde hay actividades rentables de minería ilegal y narcotráfico. En este nuevo escenario hay territorios que antaño estuvieron bajo control de la guerrilla, en los que ahora las organizaciones criminales se disputan el vacío de poder al margen de la ley. Según datos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, el 90% de los asesinatos se produjeron en zonas vinculadas con actividades ilícitas y fueron cometidos por grupos armados más pequeños que controlan zonas antaño gobernadas por la insurgencia.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo no establece unas causas claras y comunes por las que se cometen estos homicidios. Este órgano encuentra motivos diferentes en cada situación y sostiene que deben ser investigados de manera individual por los fiscales, rechazando una persecución sistemática. Carlos Alfonso Negret Mosquera mide sus palabras: “Desde la órbita de la Defensoría del Pueblo lo que no podemos determinar es el móvil. La Fiscalía, a través de la doctora Martina Rivero, ha venido trabajando con un grupo de fiscales para determinar los móviles de estos homicidios y estas amenazas. Continuamente tenemos datos de este organismo sobre los capturados y el motivo de la amenaza o el asesinato de líderes”.

Pero sí que existen cifras elevadas de impunidad para quienes cometen estos crímenes. En 2016, Amnistía Internacional señalaba que en nueve de cada diez casos, la Justicia colombiana no encontraba a los autores del crimen. Este tipo de violencia hace que se disuelvan los lazos comunitarios y mermen los derechos fundamentales relacionados con las libertades de expresión, asociación, reunión y movilidad.

Una mayor respuesta de las autoridades

En los últimos meses, organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional o el Observatorio Mundial Contra la Tortura alertaron de una situación que afecta directamente a las bases sociales del proceso de paz con las FARC y el ELN. Reclaman mayores medidas de protección para todo aquel que, por su actividad social y de protección del medio ambiente, pueda ver amenazada su integridad física y psicológica. También exigen reforzar las investigaciones del Gobierno colombiano para determinar los autores de dichos asesinatos y aplicar sentencias judiciales. Que no haya lugar para la impunidad. Además, piden tribunales independientes y competentes para juzgar a los autores y grupos armados que ponen en riesgo la estabilidad del país.

“El principal valedor de Duque, Álvaro Uribe, ha sido el peor agresor de defensores de los Derechos Humanos, sociales y ambientales en nuestro país, por lo que tememos un incremento de las amenazas y la criminalización de las personas que luchan por mantener los Acuerdos de Paz, por la restitución de tierras y por el respeto a los derechos humanos”, señala Alberto Franco, director de la ONG Justicia y Paz.

En cuanto al proceso de paz, Madariaga considera que debe funcionar también en el nivel de los sectores comunitarios: “Nosotros creemos que tiene que haber un pacto para sacar la violencia de la vida política y social de Colombia. Si tu miras el Acuerdo de Paz en su conjunto (…) el 15% de las medidas versan sobre los combatientes, pero el otro 85% del acuerdo tiene que ver con cosas de las gente”. Como ejemplos, Madariaga cita las propuestas referidas a ley de reforma integral que afecta a los pequeños agricultores para que puedan trabajar en sus propios terrenos, la erradicación de cultivos ilícitos que afecta a la población rural y cómo la propuesta Integral de Reparación de las Víctimas incide sobre quienes han padecido décadas de conflicto.

Victor de Currea-Lugo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, explica en la entrevista que la paz tiene diferentes niveles: “Tenemos un primer nivel, muy cercano a la visión del Gobierno, que se refiere a la paz como la ausencia de la violencia política por parte de las insurgencias, la entrega de armas y la desmovilización. Las discusiones sobre la realidad social y económica o la apertura política del país se encuentran en un segundo plano de importancia porque esta negociación está más centrada en la reinserción en la vida social de uno de los actores armados”. Con la transformación del ideario de las FARC en partido político, Currea-Lugo identifica como tercer factor la agenda social que proviene desde diversos colectivos que buscan una estabilidad económica, política y social en el país: líderes de comunidades indígenas, sectores académicos, sindicatos y organizaciones no gubernamentales.

“Palabras más, palabras menos, uno podría cambiar cosas al preguntarle a un obrero de Cerrejón, a un campesino de Arauca, a un indígena del Cauca o a una recolectora de café del eje cafetero; que lo que van a pedir es lo mismo: salud, educación, transporte, vías, desarrollo, libertades, participación, no más paramilitarismo, no más explotación” resume Víctor, una agenda común que, a su parecer, deberían tener todos los partidos.

A los líderes sociales, que desde antes del proceso de paz lucharon por una salida política al conflicto, les está costando la vida. Narda Bachilón fue asesinada por unos encapuchados mientras cenaba con su familia. A Mauricio Fernando López Vélez lo torturaron hasta la muerte doce hombres armados. Asesinaron a Alberto Román Costa mientras veía un partido de fútbol de su hijo. Continúa el goteo constante de muertes, como la arena que cae lentamente dentro del cristal del reloj. Hasta que no cese el goteo, prevalecerá el ruido de las armas por encima del sonido de las palabras en pro de una solución.