Pocos debates existen dentro del movimiento feminista más controvertidos que el de la prostitución. Una disputa donde parece completamente imposible llegar a algún tipo de consenso y que ha enfrentado a dos posturas aparentemente irreconciliables, como son el abolicionismo y el reglamentarismo, que sólo tienen en común su diagnóstico: la causa que ha llevado a la mayoría de mujeres al "trabajo sexual" es la pobreza.

"Sé que hay muchas compañeras que, si hubieran tenido mejores condiciones laborales, no hubieran sido trabajadoras sexuales", explica Piikara Blood, prostituta y actriz porno. Durante una entrevista para Público, Blood asegura que se acercó a la industria del sexo "huyendo de trabajos precarios y buscando mejores condiciones de vida". El contexto cultural y las redes sociales contribuyen a que se piense la explotación sexual como "una actividad normalizada" y ello supone una "banalización del valor de las personas" y una "banalización del sexo", sostiene Charo Carracedo, portavoz de la Plataforma Estatal por la Abolición de la Prostitución.

En España, cuatro de cada diez personas están en riesgo de exclusión social severa. El desempleo asciende en los hombres hasta el 11,9% frente al 15,3% de las mujeres. Quienes también en la parcialidad de los contratos se llevan el gordo: el 24% de ellas están ocupadas con jornadas reducidas, frente al 7,3% de la tasa masculina. Unos datos que llevan a pensar que quizás no es sólo la falta de alternativas lo que perpetúa la prostitución sino la falta de alternativas por géneros. 

"Los hombres pueden no tener alternativas, pero no se les pasa por la cabeza. Se trata de una mezcla entre pobreza y desigualdad patriarcal", explica Beatriz Gimeno, feminista y exdirectora del Instituto de las Mujeres. Cuando se habla de prostitución se habla de prostitución femenina porque las personas que la ejercen son mayoritariamente mujeres. "Su exclusión social en sus múltiples variedades es el factor determinante de la prostitución", declara Carracedo. Aunque las cifras son difíciles de conocer, la OIT estima que el 90% de la trata de seres humanos son mujeres y niñas. 

El riesgo de caer en la criminalización de las prostitutas

Un elemento clave en cualquier conversación sobre prostitución es la trata. Ambos fenómenos resultan, por ahora, indisociables. "Nadie lo niega a estas alturas", afirma Gimeno. El tráfico de mujeres con fines de explotación sexual existe para satisfacer un determinado mercado. En este sentido, las posturas abolicionistas sostienen que, si dicho mercado se termina, también lo haría el tráfico y la trata destinados al mismo. 

"Aunque sólo fuera un 1%, la prioridad es acabar con la trata, pero también hay que garantizar las condiciones de aquellas que no son víctimas", declara Blood, que pone de relieve la importancia de distinguir entre prostitución forzada y voluntaria. En la misma línea habla la secretaria del sindicato OTRAS, Conxa Borrell: "Primero hace falta un buen plan de salidas para quien necesite salir. Pero, para quien no, es importante ofrecer también alternativas".

Ambas denuncian el estigma y el paternalismo con el que se trata a las prostitutas por parte de las instituciones. "No luchan por mejoras laborales o salariales, solo les importa que se extingan", explica Borrell. El desamparo es todavía mayor cuando hablamos de mujeres migrantes. El punitivismo de la llamada Ley Mordaza les enreda en multas infinitas e impagables por prostituirse en la calle que se les van acumulando hasta que terminan por arrastrar una enorme deuda imposible de afrontar que, además, les impide acceder a la nacionalidad española cuando logran reunir el resto de condiciones (demostrar tres años de permanencia en el Estado español y tener un contrato de trabajo de un año). Es un proceso absolutamente viciado que genera un cerco delictivo alrededor de la "trabajadora sexual" que acaba criminalizándola a ella. "Me siento más protegida por mis compañeras que por las instituciones", confiesa Blood.

Desde otra óptica, Carracedo asegura que lo que persigue el modelo abolicionista es generar un marco normativo que reconozca derechos a no estar ahí: "Lo que intentamos es construir sociedades que caminen y busquen un programa igualitario del que tú, cuando quieras, te puedas salir". La Plataforma Estatal por la Abolición pone de relieve la importancia de oír las voces de las supervivientes de la prostitución como modelos reales, como ejemplos de mujeres que han logrado encontrar otras oportunidades.

La Ley de Extranjería otro punto caliente en cualquier perspectiva. "Se está incumpliendo el Tratado de Palermo, que dice que hay que proteger a las victimas de trata. Eso no sucede", afirma Borrell. La normativa prevé eximir de responsabilidad administrativa a las mujeres víctimas de trata en situación irregular, es decir, no expulsarlas siempre y cuando cooperen y colaboren con las autoridades competentes testificando contra sus esclavistas y maltratadores. Una acción que supone una exposición directa de sí mismas y sus familias, quienes en muchas ocasiones dependen de sus ingresos para sobrevivir. 

Según el último informe de la asociación In Género, el 39,9% de las prostitutas tienen a una o dos personas dependientes de ellas. Además, establece que la Ley de Extranjería llevó a la prostitución al 76% de las trabajadoras sexuales. "Las personas no pueden ser ilegales ni se las puede tener en un limbo social que no les permita enfrentar la vida con la suficiente dignidad y seguridad. Las mujeres que no tienen absolutamente ninguna otra salida deben ser protegidas y no perseguidas", sentencia Gimeno.

Sobre el estigma y el abandono de las instituciones

Durante el confinamiento, el Gobierno amplió el Plan de Contingencia contra la violencia de género para proteger a "las mujeres en contexto de prostitución sin regularizar" y que pudieran acceder al Ingreso Mínimo Vital. Sin embargo, al subsidio sólo pudieron acceder quienes se declaraban víctimas de trata o tráfico con fines de explotación sexual. Aquellas que no quisieron exponerse o no se encontraban en esa situación siguieron desangeladas. "Declararte víctima de trata puede suponer que los servicios sociales te quiten a tus hijos", explica Borrell.​

Desde OTRAS cuentan que "muchas compañeras" se vieron obligadas a irse a casas de sus clientes durante el confinamiento porque los lugares donde ellas residían habitualmente (hoteles, clubes, prostíbulos) estaban cerrados y no se les ofrecieron alternativas habitacionales. "Esa situación pudo generar situaciones realmente violentas. Nadie ofrece nada a cambio de nada", continúa Borrell. Al no existir ningún marco laboral sobre el que operar, tampoco pudieron acceder a los ERTE ni a la prestación por desempleo. "Tampoco tendrán derecho a una pensión por jubilación en un futuro", dice Borrell.

A lo largo de los últimos tres años, la política institucional ha situado en el centro la necesidad de legislar sobre la prostitución en España para acabar con la vulnerabilidad y la violencia a la que se exponen las "trabajadoras sexuales". Pero todas las políticas públicas que se han sacado adelante han hecho caso omiso de los sujetos políticos a los que iban dirigidas.

"El problema es que no se soluciona ni la trata ni la voluntariedad. Y, en ningún caso, se nos da voz y voto", asegura Borrell. Algunas posturas feministas ponen en duda esta forma de actuar al considerar que, dado que las mujeres han sido históricamente sujetos invisibles y silenciados, deben tener al menos la posibilidad de estar presentes en aquellos debates que les interpelen. Se reivindica que se recupere el lado humano de las historias, que no se las trate como factores de negocio, como problemática social, sino como lo que son: mujeres y sujetos con capacidad de decisión.

Por su parte, Carracedo hace hincapié en desplazar la representación social y colectiva hacia otros dos elementos que son esenciales: el proxenetismo y los puteros: "Las prostitutas no son los únicos actores. Hay que actuar sobre la raíz del problema y eso consiste en entender por qué los hombres se creen con el derecho que disponer de las mujeres cuando se les antoja".

"Es exactamente lo mismo que ha ocurrido con la propuesta de ley abolicionista del PSOE", afirma Blood, que sostiene que, si finalmente se promulga, sólo empeorará sus condiciones. "Las cosas no terminan porque se prohíban. La mayoría se verá empujada aún más a la clandestinidad", continúa. En el mismo sentido, Gimeno advierte de que "para acabar con la prostitución hace falta una batería de medidas de muy diverso tipo y, sobre todo, hace falta dinero". La activista y teórica feminista cuestiona que se pueda acabar con las redes de prostitución sin medidas que vayan más allá del Código Penal. "Penalizar la demanda lo veo siempre que haya alternativas reales para las mujeres. Y más que como castigo como un mensaje, una manera de hacer pedagogía social", termina.